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Solicitan pesquisa penal por masacre de El Mozote

Es la primera solicitud amparada en la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía. Esperan que juez abra el caso, ocurrido hace 35 años.
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La Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote y la Oficina de Tutela Legal, junto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), pidieron ayer en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, Morazán, que se abra el proceso penal por el caso de la masacre ocurrida en El Mozote durante el conflicto armado.

Este es el primer caso planteado después de la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, el 13 de julio recién pasado, que abrió la puerta para juzgar los crímenes de guerra señalados en el Informe de la Verdad y otras graves violaciones a los derechos humanos.

Wilfredo Medrano, representante legal de los parientes de las víctimas de la masacre cometida por un batallón del Ejército salvadoreño el 10 de diciembre de 1982, dijo que después de 35 años de espera tienen la esperanza de que las autoridades correspondientes no tengan justificación para no continuar con el proceso. “Hay personas que están involucradas en este caso y están vivas, por lo tanto pueden perseguirse penalmente. Ahora le toca al señor juez reabrir este proceso, no tienen ninguna justificación para retardar la misma”, consideró.

Asimismo, agregó que luego que la Sala de lo Constitucional ordenó que en dicho caso la prescripción fuera abolida, es decir, que lo que se había suspendido en el pasado por la Ley de Amnistía vuelve a su estado original, el juez segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera está en la obligación de iniciar el proceso, reabrirlo y continuarlo.

Después de que los familiares y representantes del caso entregaron la solicitud, Carlos Amílcar Pineda, secretario interino del juzgado, aseguró que en aproximadamente 72 horas estarán informando la resolución a la petición.

El Mozote se encuentra en una zona al norte de Morazán, en el municipio de Arambala y cerca del río Sapo. La matanza solo dejó a una persona sobreviviente, Rufina Amaya, quien narró las circunstancias que sufrieron centenares de pobladores. Amaya estimó, en su testimonio a Tutela Legal rendido en 1990, que los militares masacraron a unas 1,000 personas, aproximadamente la mitad de ellos niños.

Los asesinatos también ocurrieron en localidades vecinas a El Mozote. Se incluyen en las investigaciones lo ocurrido en cantones y municipios aledaños como Cerro Pando, La Joya, Los Toriles y Arambala. Cientos más fueron desplazados.

“En 2012 la Corte Interamericana de los Derechos Humanos le ordenó al Estado salvadoreño investigar y dar justicia, verdad y reparación a todas las víctimas. No hay excusas y esperamos que los responsables del crimen respondan a la justicia”, dijo Vatentina Ballesta, representante de CEJIL.

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