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“Solo quienes no quisieron participar no lo hicieron”: equipo ad hoc

El Gobierno justifica que las propuestas de reformas son para "actualizar" el contenido de la Constitución y "corregir errores" del pasado.

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Actualizar y corregir son dos de los objetivos que el Gobierno de El Salvador (GOES) dice querer lograr con la reformas a la Constitución de la República.

Cambios para más del 75 % del contenido constitucional propone el GOES, esto como producto de un proceso que desde su inicio fue tachado como viciado e ilegal.

El 24 de agosto del 2020, en el acuerdo Nº 295 de la Presidencia de la República, el presidente Nayib Bukele delegó al vicepresidente Félix Ulloa la coordinación de un equipo que trabajara las reformas a la Constitución. Esta decisión no tuvo más motivación que la del presidente, no hubo una petición ciudadana por en medio.

Un año después, el 15 de septiembre del 2021 y teniendo como testigo la noche, Ulloa dio a Bukele un documento con los cambios que propone hacer a la Carta Magna. No hubo acto ni mayor divulgación, en contrariedad a lo que un año atrás ambos prometieron.

Alargar el período presidencial a seis años, modificar el procedimiento para reformar la Constitución quitándole la intervención a la Asamblea Legislativa, separar las funciones jurisdiccionales y administrativas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Tribunal Supremo Electoral (TSE), suprimir la existencia de la Corte de Cuentas de la República (CCR) y crear una Contraloría Pública y Social y el limitar el número de períodos a los que un alcalde o diputado pueda acceder son algunos de los cambios propuestos por el equipo ad hoc.

"Este trabajo se desarrolló bajo los principios democráticos de participación inclusiva de todos los sectores de la vida nacional, sin exclusión de ninguna naturaleza y la más absoluta transparencia. Solo quienes no quisieron participar no lo hicieron", reseña el equipo ad hoc en el documento final de las propuestas de reforma.

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