Sube a 61 cifra de auditados por Probidad de CSJ

La tercera parte de los nombres agregados corresponde a exdiputados de la legislatura 2003 y 2006, así como exfuncionarios que finalizaron sus cargos en 2006.
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La Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) actualizó su lista de exfuncionarios y funcionarios públicos indagados bajo sospecha de enriquecimiento ilícito a un total de 61 personas, incluyendo los casos que ya fueron tramitados y para los que se aprobó el inicio de juicios civiles.

Al menos una treintena de los exfuncionarios indagados ya eran de conocimiento público desde meses atrás. Los nombres que se han agregado a la lista ahora tienen como característica común que son exfuncionarios que finalizaron su cargo en 2006.

La legislación salvadoreña establece un plazo máximo de 10 años para indagar delitos antes de que la posibilidad de juzgarlos se pierda (prescripción). Muchos de los nombres agregados están precisamente al filo de la prescripción.

Buena parte de los exfuncionarios agregados recientemente, además, empezaron a ser investigados desde el pasado 27 de abril. Dieciséis de ellos se desempeñaron como diputados de la Asamblea Legislativa. En 11 casos se trató de diputados propietarios y el resto suplentes.

Uno de los nombres más emblemáticos que ha sido añadido a la lista es el de William Rizziery Pichinte Chávez, diputado en la legislatura 2003-2006 y quien al finalizar su período se convirtió en diputado del Parlamento Centroamericano (PARLACEN).

Pichinte fue uno de los tres diputados del PARLACEN asesinados en febrero de 2007 en Guatemala, cuando viajaba a una reunión de trabajo, por un grupo de policías corruptos de ese país.

Giselle Rivera, exinvestigadora de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), indagó el caso, pero sus pesquisas no fueron tomadas en cuenta durante el juicio. Según la versión de Rivera, Pichinte transportaba en su vehículo $5 millones y el asesinato estaba relacionado con el robo de ese dinero. La investigación de Rivera señalaba además que otros testigos aseguraron que lo que Pichinte trasladaba no era dinero, sino droga.

El exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC) Rodrigo Ávila afirmó varias veces en entrevistas que otro de los investigadores del caso en Guatemala, Víctor Rivera, conocido como “Zacarías” (también asesinado meses después), aseguraba que Pichinte estaba relacionado con el narcotráfico.

Ávila, actual diputado por ARENA, dijo entonces que aunque investigó a Pichinte, nunca logró comprobar los supuestos nexos con las drogas.

Otros investigados

El exalcalde de San Salvador Carlos Rivas Zamora también forma parte de los exfuncionarios indagados por la Sección de Probidad, así como el expresidente de ANDA Manuel Arrieta Araujo.

Zamora fungió como alcalde entre 2003 y 2006, después de dos administraciones sucesivas de Héctor Silva Argüello, bajo la bandera del FMLN.

Mientras que Arrieta retomó la presidencia de ANDA entre 2002 y 2006, luego de que Carlos Augusto Perla fue removido de esa institución, por múltiples cuestionamientos de proyectos, bajo las gestiones presidenciales de Francisco Flores (ya fallecido) y Elías Antonio Saca.

Perla fue posteriormente procesado y condenado por delitos de corrupción.

Otro exalcalde investigado es Orlando Mena, quien estuvo al frente de la comuna de Santa Ana bajo las banderas del FMLN y el PDC. Según los datos de la CSJ, el período auditado por Probidad es el de 2003-2006.

Probidad también está auditando la gestión del expresidente del consejo directivo del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) el general Carlos Eduardo Cáceres, quien actualmente está en situación de retiro, entre 2005 y 2006.

Cáceres forma parte del movimiento de militares en situación de retiro denominado Causa Justa, quienes propugnan por una reforma a la Ley del IPSFA y que recientemente han denunciado atrasos en el pago de sus pensiones.

 

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