TEG da 10 días a Reyes para informar sobre negocios TERREIN

Institución advierte que el caso de la compra de tierras al IPSFA podría implicar una transgresión al deber ético así como también prohibiciones a la ética, reguladas en la normativa que controla el actuar del funcionario público.
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El Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) resolvió ayer dar un plazo, a partir de hoy, de 10 días hábiles al presidente de la Asamblea Legislativa y diputado efemelenista, Sigfrido Reyes, para que presente informes de sus negocios inmobiliarios y de su relación laboral con su exasesor y socio empresarial Byron Enrique Larrazábal Arévalo.

El TEG, en su resolución firmada ayer por unanimidad de sus miembros, requiere a Reyes “informe con precisión” sobre su relación con la empresa TERREIN, S. A. de C. V., y la relación laboral de Larrazábal Arévalo en la Asamblea Legislativa.

Reyes deberá de informar al TEG si es accionista de TERREIN, S. A. de C. V., a partir de qué fecha y cuál es el giro o finalidad de esta.

Asimismo, el TEG quiere saber si Larrazábal Arévalo trabaja o trabajó para el congreso, la fecha de su ingreso, el cargo desempeñado, sus funciones, el nombre y cargo de su jefe inmediato y quién autorizó su contratación en el parlamento.

El TEG también le requiere a Reyes que informe si Larrazábal Arévalo es su socio en la empresa TERREIN, S. A. de C. V., y desde cuándo.

Lupa por compra al IPSFA

La institución quiere además escudriñar la adquisición de los inmuebles al IPSFA. Así, Reyes debe decir si la empresa hizo negocio en tal sentido con la institución previsora de la Fuerza Armada.

El TEG, para ello, ha requerido a Reyes fecha de compra, nombre y ubicación del proyecto, monto total de la compraventa, costo de cada lote comprado, precio por vara cuadrada y el precio oficial de terreno al momento de la compra.

La institución además ha pedido a Reyes que le informe si en algún momento utilizó su cargo para gestionar con el IPSFA la mejora del precio de los lotes.

“Para tal efecto, deberá adjuntar la documentación de respaldo que sustente dicho informe”, advierte a Reyes el TEG en su resolución, de la cual LA PRENSA GRÁFICA posee copia.

La sociedad con exasesor

Reyes y Larrazábal Arévalo constituyeron el 2 de septiembre de 2011 la empresa TERREIN, S. A. de C. V., bajo la finalidad de “la construcción y explotación de toda clase de inmuebles, así como la urbanización, lotificación o parcelación de toda clase”, entre otras razones comerciales.

Cuando Larrazábal Arévalo conformó la empresa constructora con Reyes ya ejercía el cargo de asesor legislativo en el parlamento, donde llegó a laborar desde el 1.º de abril de 2011.

Larrazábal Arévalo fue también delegado administrador del contrato de la construcción de la Villa Dueñas, un inmueble ubicado en el centro de San Salvador que la Asamblea Legislativa compró al IPSFA por $4.8 millones.

El socio y exasesor de Reyes –que renunció a mediados de diciembre pasado– tenía así la vigilancia y observación del contrato que rige al proyecto del inmueble actualmente en remodelación.

El TEG había abierto en diciembre pasado una investigación preliminar contra Reyes, por “posible violación de un deber o prohibición ética” en la compra de tierras que la empresa TERREIN, S. A. de C. V., hizo al IPSFA.

La institución, en aquel entonces, también decidió abrir una investigación preliminar de oficio contra Larrazábal Arévalo y “los personeros” del IPSFA que “tuvieron algo que ver” en la comercialización de las tierras.

El negocio

La sociedad TERREIN, S. A. de C. V., adquirió al contado en febrero pasado cinco lotes del IPSFA en una zona exclusiva de Nuevo Cuscatlán por $440,501.01, cuando el precio oficial ascendía a $631,070.55, por lo que la empresa se vio favorecida con $190,569.14 menos.

El gerente general del IPSFA, René Antonio Díaz Argueta, reveló en diciembre del año pasado que el valor económico de los lotes vendidos a la empresa TERREIN, S. A. de C. V., derivó de una banda de precios establecida en 2010 por el consejo directivo de la entidad.

Díaz explicó en ese entonces que esa banda de precios avalada tenía un límite inferior de $118.85 la vara cuadrada (v²), sin límite en la frontera, tomando de base un precio ideal de $165 por v².

Transgresión a la ética

El TEG advierte en su resolución que las situaciones descritas en este caso “podrían implicar una transgresión al deber ético” de “excusarse de intervenir o participar en asuntos en los cuales él, su cónyuge, conviviente, parientes... o socio tengan algún conflicto de interés”.

Asimismo, la resolución del TEG recuerda las prohibiciones éticas de “aceptar o mantener un empleo, relaciones contractuales o responsabilidades en el sector privado, que menoscaben la imparcialidad o provoquen un conflicto de interés en el desempeño de su función pública”.

El TEG también habla, en resolución adoptada por sus cinco miembros, de las prohibiciones éticas de “nombrar, contratar, promover o ascender en la entidad pública que preside o donde ejerce su autoridad, a su cónyuge, convivientes, parientes (...) o socio”.

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