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TEG dice por vacíos de ley no obligan a Bukele a quitar a hermano de alcaldía

Sin embargo, Roberto Burgos dice que la ley permite removerlo. Asegura que si un funcionario solo paga la multa, “estaría comprando el cargo al familiar”.
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Defensa.  El presidente del Tribunal de Ética, Marcelo Orestes Posada, dijo que la ley actual de ética no ordena remover de cargos a funcionarios.

Defensa. El presidente del Tribunal de Ética, Marcelo Orestes Posada, dijo que la ley actual de ética no ordena remover de cargos a funcionarios.

Críticas.  Organización DTJ dice que no es cierto que haya vacíos de ley, sino “complicidad con el poder”. Dice que es una interpretación equivocada y restrictiva del TEG y del alcalde de San Salvador.

Críticas. Organización DTJ dice que no es cierto que haya vacíos de ley, sino “complicidad con el poder”. Dice que es una interpretación equivocada y restrictiva del TEG y del alcalde de San Salvador.

TEG dice por vacíos de ley no obligan a Bukele a quitar a hermano de alcaldía

TEG dice por vacíos de ley no obligan a Bukele a quitar a hermano de alcaldía

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El presidente del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), Marcel Orestes Posada, justificó ayer que por “vacíos” en la Ley de Ética Gubernamental (LEG), la sanción económica que le impusieron al alcalde municipal de San Salvador, Nayib Bukele, no obliga a quitar a su hermano del cargo público en la comuna.

El mismo TEG condenó al alcalde a pagar una multa de $2,517 por nombrar a su hermano Yamil Alejandro Bukele Ortez como presidente del Instituto Municipal de Deportes (IMDER), al violar el artículo 6, literal h, de la LEG, que prohíbe la selección y contratación de sus parientes como servidores públicos remunerados y también para cargos ad honorem.

Bukele dijo que presentó un recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para intentar revertir la multa, y alegó que mantendrá en el cargo a su hermano porque, según él, la sanción no fue de removerlo, y sería un mal precedente aceptar la culpa.

“La sanción no fue de removerlo (quitar del cargo a su hermano), la sanción fue una multa económica, la cual yo estoy dispuesto a pagar; de hecho, es una multa muy pequeña, pero mis abogados me recomendaron que sería un mal precedente y que lo que deberíamos hacer es apelar a la Sala de lo Contencioso Administrativo, que fue lo que hicimos”, dijo el alcalde el jueves en una actividad pública.

“En cuanto a lo que él alega que no hemos ordenado la remoción de su pariente, es cierto, por una razón: la ley no nos permite hacer eso. Quisiéramos por lo menos recomendar al funcionario competente, que en este caso sería la Asamblea Legislativa, alguna medida en ese sentido, si se trata del propio funcionario. Y si se trata de subalternos, como es el caso, que la persona que es el jefe inmediato tome la decisión de destituirlo. En otras palabras, no podemos hacer eso porque la ley no lo permite. Lo único que podemos hacer es imponer multas”, argumentó Orestes Posada.

Sin embargo, el director ejecutivo de la fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), Roberto Burgos Viale, explicó que no existen vacíos legales y que la sanción obliga al alcalde a reconstruir la legalidad que violó, pues la normativa es muy clara en prohibir la contratación, el nombramiento o la designación de familiares en cargos públicos.

“No puede un funcionario decir: ‘bueno, incumplí la ley y esto no tiene consecuencias’. O decir: ‘voy a pagar la multa y las cosas se quedan así’. Entonces le está comprando el cargo al familiar. Esa es una interpretación equivocada, restrictiva del alcalde, y si los miembros del Tribunal de Ética piensan así, se convierten en cómplices de la misma conducta que están sancionando. Me parece que es una irresponsabilidad del alcalde y de la gente del Tribunal de Ética no asegurarse de que sus resoluciones sean cumplidas y tener una postura firme”, señaló Burgos.

Burgos criticó el actuar del presidente y de los miembros del TEG al seguir detectando vacíos de ley en vez de detectar las herramientas y los mecanismos de interpretación que le permitan asumir con responsabilidad los cargos.

“No es cierto que haya vacíos de ley, lo que hay es complicidad con el poder y temor a pronunciarse éticamente y de manera consecuente con la misión que se les ha asignado. El dinero que se ha invertido en ese Tribunal de Ética, para tener esas interpretaciones, ha sido un dinero desperdiciado y esperamos que el tribunal se renueve el próximo año”, agregó.

El caso viene desde junio de 2015, cuando las concejales de la Alcaldía de San Salvador Mélida Luz Fonseca y Gloria Angélica Figueroa de Rosa, ambas en representación del partido ARENA, interpusieron la denuncia contra Bukele ante el TEG y la Corte de Cuentas de la República (CCR) por nombrar a varios de sus familiares en cargos dentro de la comuna.

Fonseca aseguró que estudiará el caso con su abogado, pues dijo que tanto la normativa de ética como el Código Municipal son claros. No adelantó si contempla interponer otra denuncia. “Para mí, es un acto de rebeldía porque él tiene que acatar lo que el código le manda”, expresó a LA PRENSA GRÁFICA.

Orestes Posada reiteró que lo único que ellos pueden hacer es imponer multas en caso de que el funcionario continúe con la conducta. “Si él reitera esa conducta, se puede volver a denunciar, se puede volver a iniciar un procedimiento. Si de aquí a enero persiste la situación, estaremos en la capacidad de iniciar nueva multa, no para destituir, no para remover, porque es imposible para nosotros hacerlo, estaría actuando fuera de la ley”, insistió.

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