Ya pasaron dos años desde que el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) presentó un pliego de 22 reformas a la Ley de Ética Gubernamental (LEG) para que los diputados las aprobaran. A la fecha, el análisis de lo presentado no se ha profundizado y esto hace que el Tribunal perciba resistencia de parte de los legisladores.

"Son de bastante energía (las reformas propuestas), bastante rigurosas, creemos que hay cierta resistencia en aprobarlas", aseveró el presidente del TEG, Néstor Castaneda. La institución que preside realizó ayer un conversatorio con organizaciones de la sociedad civil para explicarles a profundidas las reformas.

De acuerdo con Karina de Olivares, miembro del pleno del TEG, las reformas son necesarias para poder abordar casos de corrupción que actualmente no están agregados en la normativa que está vigente, el caso de los conflictos de interés entre un funcionario y un externo es un ejemplo de lo anterior.

"Estas reformas incorporan modificaciones esenciales a la Ley de Ética Gubernamental actual que no permiten muchos de los casos o situaciones de corrupción poder atenderlos, lo que lleva al Tribunal a una terminación anticipada de los casos sin poder definir la ocurrencia o responsabilidad en actos de corrupción", dijo de Olivares.