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TEG pide multas hasta de $90,000 para quienes violen la Ley de Ética

Tribunal dio a conocer el borrador de las reformas que presentará a los diputados, pero en estas no se incluye que los funcionarios sean separados del cargo por violar la ley. También se propone que los fondos de las multas lleguen al TEG y no a Hacienda.
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TEG pide multas hasta de $90,000 para quienes violen la Ley de Ética

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El Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) ha dado a conocer el proyecto de reforma a la Ley de Ética Gubernamental (LEG) con el que busca aumentar el costo de la sanción para los funcionarios que infringen la normativa, que estipula realicen su función en la gestión pública apegados a la ética.

En ese sentido, uno de los cambios más trascendentales que el tribunal está proponiendo es la sustitución del capítulo número 7 de la LEG e incluir que la multa será entre un salario mínimo del sector comercio, que equivale a $300, hasta un máximo de 300 salarios mínimos.

Es decir, que de aprobarse esta iniciativa tal como la ha planteado el TEG, el funcionario que viole la Ley de Ética puede exponerse, dependiendo de la gravedad de la falta a que se le sancione hasta con $90 mil.

Así se lee en el artículo número 43, literal C, que se plantea en el proyecto de reforma que se ha presentado. “El tribunal con base en la prueba a la que hubiera tenido conocimiento emitirá su resolución, desestimando o estimando la infracción a esta ley e impondrá una sanción, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal u otra que hubiere lugar. Si se comprobara la violación a esta ley, el tribunal emitirá una resolución en los siguientes términos: c) Impondrá la sanción de multa, cuya cuantía no será inferior a un salario mínimo mensual, hasta un máximo de 300 salarios mínimos mensuales para el sector comercio y servicios, en ambos casos”.

Actualmente, la Ley de Ética establece en el artículo número 42 como multa máxima, para quienes infrinjan la normativa, un monto de $12,000. En ese sentido, el aumento sería de $78,000. Los fondos obtenidos por las multas, con la reforma, irían a un fondo que administraría el TEG.

Miembros del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) así como de la Fundación Nacional para el Desarrollo Económico (FUNDE) consideraron que es positivo que se busque elevar el monto de la multa a los funcionarios que violan la Ley de Ética. (Leer nota secundaria).

Para llegar a establecer cualquier multa, el TEG ha designado algunos parámetros que deben cumplirse para definir el valor. Estos son: la gravedad de la infracción, las circunstancias del hecho, la declaratoria de culpabilidad, el beneficio o ganancias obtenidas por el infractor, su cónyuge, conviviente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o socio, como consecuencia de los actos u omisiones constitutivos de la infracción, el daño ocasionado a la administración pública o a terceros perjudicados, y la capacidad de pago del sancionado al momento de la infracción.

Luego de haberse impuesto una sanción, el funcionario deberá cancelarla dentro de los 70 días siguientes a la notificación de la resolución que pone fin al procedimiento.

Otra parte que se modificaría en la normativa es que el TEG incluya como violación ética cuando se actúe con conflicto de intereses.

En ese sentido, el TEG considera en su propuesta el conflicto de interés: “Es la existencia de situaciones de riesgo provocadas por decisiones que el servidor público adopta en su institución para beneficio propio o de terceros, en las que deja de velar por el interés público o general y favorece el interés particular, así se lee en la página número uno del proyecto de reforma que se ha elaborado”.

No plantea separar a funcionarios que violen LEG

Pese a todos los cambios que presentan los miembros del Tribunal de Ética como reformas a la Ley de Ética Gubernamental, a criterios de algunos analistas la deuda que deja en primer momento es que en esta no se plantea la remoción de los funcionarios que han infringido la normativa.

Cabe señalar que algunos funcionarios que han sido sancionados, al cumplir con el pago de la multa por violar la LEG, siguen en los cargos o incluso, en el caso de diputados actuales, buscan la reelección para un nuevo período.

Otro caso es el del alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, que pese a haber sido multado por la contratación de su hermano en el Instituto Municipal de los Deportes, no ha querido cancelar la multa y ha recurrido a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia para no pagarla.

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