TSE oculta contratos para divulgar resultados

Magistrados decretaron reserva total a los documentos que comprueban quiénes eran los responsables de divulgar los resultados del escrutinio preliminar. Clasificación de archivos se decidió un día antes de que se solicitara la información.
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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) decidió ocultar los contratos con las empresas encargadas de procesar, transmitir y divulgar los resultados preliminares de las elecciones municipales y legislativas de este año, al imponer la reserva total a dicha información. La imposibilidad de conocer esos contratos durará cinco años “o hasta que haya finalizado la investigación o las acciones administrativas y judiciales correspondientes”.

Este periódico pidió, a través de una solicitud de acceso a la información pública, que fue admitida el pasado 5 de marzo, los contratos para corroborar la información que Julio Olivo, presidente del TSE, ha dado sobre las empresas contratadas.

La Oficina de Información y Respuesta (OIR) del TSE notificó a LA PRENSA GRÁFICA que el organismo colegiado acordó, en su sesión del pasado 4 de marzo (un día antes de la petición), poner velo sobre toda la “información acerca de las empresas contratadas para el procesamiento, la transmisión y divulgación de los resultados preliminares de las elecciones (...) incluyendo los documentos y expedientes de los procesos de contratación”.

La razón que el TSE argumentó para negar los contratos es “que la divulgación de la información relacionada pudiese obstaculizar las investigaciones que realiza internamente el tribunal, así como las acciones legales que se ejercerán a fin de determinar las responsabilidades correspondientes en la ejecución y el cumplimiento de los contratos relacionados con el proceso de procesamiento, transmisión y divulgación de los resultados preliminares”.

La información debería ser pública: incluso hay una página gubernamental, Comprasal, donde se publican los contratos y las adjudicaciones de contratos de todas las dependencias del Órgano Ejecutivo.

La investigación interna empezó, de acuerdo con la versión del TSE, el mismo día en que decidieron ocultar los contratos. “Ante las circunstancias que impidieron la publicación de los resultados preliminares de las elecciones (...), en sesión celebrada el 4 de marzo de 2015, este organismo colegiado acordó iniciar las investigaciones internas e iniciar las acciones legales pertinentes”, según un memorándum que la Secretaría General del TSE envió a su director ejecutivo, Luis Peralta; oficial de información, Duque Deras; jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones (UACI), Gema Padilla; y director financiero institucional, José Argueta.

No se detalla a qué hora fue esa sesión del organismo colegiado. Uno de los magistrados suplentes del TSE dijo que los magistrados propietarios son quienes participaron ese día. Se intentó contactar a los funcionarios a través de sus celulares, pero no contestaron ninguna de las llamadas.

El magistrado presidente del TSE, Julio Olivo, ya había hecho su primer señalamiento del supuesto sabotaje el 4 de marzo antes de las 9:30 de la mañana, como se consignó en notas periodísticas.

“Quiero confesar ahora a la nación que hubo sabotaje (…) en el proceso de transmisión y lo vamos a demostrar en los tribunales. Que caigan las cabezas que tengan que caer de los verdaderos responsables, porque este es un daño irreparable que se ha ocasionado al país”, dijo el magistrado presidente.

Casi 12 horas después, el fiscal general de la República, Luis Martínez, colgó en su cuenta de Twitter este mensaje: “Fiscales reunidos con TSE para investigación penal por ilícitos señalados por presidente TSE”. Acompañó el mensaje con una foto en uno de los salones de CIFCO, la sede donde el TSE realiza el escrutinio final de las elecciones.

Un día después, el 5 de marzo, Olivo llegó a la Fiscalía a continuar con su declaración. Entró poco después de las 8:20 de la mañana y salió cinco horas después. “Se ha denunciado a la empresa Soluciones Aplicativas porque no logró preparar la base de datos que nos permitiría divulgar a la sociedad toda la información acerca de los resultados”, dijo Olivo a periodistas. No obstante, los fiscales que lo entrevistaron lo desmintieron y aseguraron que no había presentado ni una sola prueba del supuesto sabotaje.

Olivo reiteró su posición ayer en una entrevista televisiva en Canal 12. “Yo señalé sabotaje, al menos creo que ellos (fiscales) tienen la obligación, porque tienen el monopolio de la investigación, de acuerdo con el Código Penal, de realizarlo, y a mí no me cabe la menor duda, conociendo lo aguerrido que es el señor fiscal, de que nos demuestre al menos quiénes son los inocentes y quiénes son los culpables en este caso”, señaló el presidente del TSE.

Ninguno de los otros magistrados del TSE se plegó a las denuncias de Olivo. Fernando Argüello Téllez, uno de los magistrados que más ha ventilado su oposición a Olivo en ciertos temas, dijo también el pasado 5 de marzo: “Hablar de sabotaje es una cuestión muy delicada que no podemos hacerla si no se tienen las pruebas concernientes”.

La versión del sabotaje no fue la primera que Olivo ofreció para explicar el fracaso del escrutinio preliminar, que impidió a los salvadoreños conocer los resultados electorales. El día de la elección a las 11 de la noche, el TSE descubrió que el programa para la divulgación no funcionaba, según lo que los magistrados le dijeron a representantes de los partidos políticos en una reunión de emergencia.

Érik Altamirano, propietario de Data & Graphics, una de las empresas contratadas para el proceso, dijo que el módulo de divulgación que la empresa Soluciones Aplicativas diseñó tenía errores en su código fuente y producía bases de datos inconsistentes.

Sin embargo, Benjamín Zepeda, representante de Soluciones Aplicativas, se desligó el mismo 4 de marzo de esa responsabilidad. “Nuestra postura llega hasta procesar los datos y guardarlos, de ahí para dentro no sabemos quién (falló), porque no es algo que se nos comunicó y desconozco”, dijo Zepeda en una conferencia de prensa ese día a las 5 de la tarde. Pero una ingeniera informática del TSE le dijo a la Fiscalía que Soluciones Aplicativas asumió ese rol, tras la renuncia de la empresa que originalmente lo iba a hacer: Ninja Web. Las certezas solo están en los contratos a los que el TSE puso candado.

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