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Temen que mina guatemalteca contamine ríos

Ambientalistas advierten que el Río Lempa podría contaminarse más si se continúa con el proyecto minero.
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Peligro. La Mesa pide que se llegue a un acuerdo con Honduras y Guatemala para prevenir contaminación en las zonas transfronterizas por las actividades mineras.

Peligro. La Mesa pide que se llegue a un acuerdo con Honduras y Guatemala para prevenir contaminación en las zonas transfronterizas por las actividades mineras.

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La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica (MNFM) advirtió que el proyecto minero guatemalteco Cerro Blanco podría contaminar afluentes salvadoreños, por lo que pidió a los Gobiernos del Triángulo Norte retomar las negociaciones de un tratado para proteger las aguas transfronterizas.

La mina guatemalteca está ubicada a 14 kilómetros de El Salvador, en el municipio de Asunción Mitia, en el departamento de Jutiapa. La MNFM dijo que, si este proyecto se retoma, la contaminación que podría afectar al río Ostúa, al lago Güija y el río Angue de Metapán, cuyos cuerpos de agua desembocan en el río Lempa.

"Si nuestro país está libre de minería, también queremos que nuestra zona transfronteriza, tanto de Guatemala, El Salvador, Honduras, queden libres de toda amenaza de explotación minera", dijo Videlina Morales, integrante dela Mesa.

Desde el 29 de marzo de 2017 está prohibida la explotación minera en El Salvador, pero las organizaciones ambientalistas advierten que, mientras los países vecinos continúen con esta práctica, las cuencas transfronterizas se verían perjudicadas.

"Estamos demandando que la ley contemple la protección de las aguas transfronterizas, que se registre el esfuerzo del Gobierno por llegar a un acuerdo con los Gobiernos vecinos", agregó Morales.

La Alianza Centroamericana frente a la Minería explica en su página web que la empresa minera Sociedad Entre Mares Guatemala, subsidiaria de Bluestone Resources, presentó en 2004 un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la exploración y explotación de oro al Ministerio de Energía y Minas de Guatemala (MEM). Sin embargo, en dos ocasiones le negaron la autorización debido a deficiencias técnicas.

Citando denuncias de organizaciones ambientalistas, la Alianza afirma que el MEM otorgó al proyecto, en 2007, un permiso de exploración por 25 años "de forma irregular, violentando así normas de derecho administrativo de la República de Guatemala y poniendo en riesgo la salud de comunidades en Guatemala y El Salvador debido a los posibles impactos ambientales generados por la mina".

Ante la situación, la Mesa solicitó al Gobierno que retome negociaciones con Honduras y Guatemala para el tratado de aguas transfronterizas, con el fin de evitar que la principal cuenca hidrográfica del país,el río Lempa, se continúe contaminando hasta llegar al punto de no retorno.

De acuerdo con las organizaciones, las primeras negociaciones para la aprobación de un tratado iniciaron con la administración anterior, y aunque hubo reuniones no llegaron a un acuerdo.

"Con este Gobierno, hemos tenido un par de reuniones con técnicos, pero no avanza, no va más allá y no da ninguna señal de tener interés en el tema", aseguró David Pereira, de la MNFM.

Además, hicieron un llamado para que la ley de la minería metálica se mantenga firme.

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