Tercera suspensión de juicio por difamación contra comunicadores

Los denunciantes son el alcalde de Metapán y su hijo, ambos de la empresa Gumarsal.
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El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador suspendió ayer, por tercera ocasión consecutiva, el inicio del juicio por calumnia contra los comunicadores Laffitte Fernández y Heidy Vargas; y el empresario Adolfo Salume, por el delito de calumnia.

Los tres fueron denunciados en 2014 por el alcalde de Metapán, Juan Umaña Samayoa, y su hijo Wilfredo Guerra Umaña, quien a su vez es presidente de la empresa Agroindustrias Gumarsal.

Desde inicios de febrero pasado, cuando fue programado el juicio, la diligencia judicial se ha suspendido reiteradamente, debido a que no han sido agregadas todas las pruebas del caso.

Los denunciantes acusan a Fernández, Vargas y Salume de haber contratado campos pagados en distintos periódicos, a través de terceras personas.

En tales publicaciones, Guerra y Umaña son identificados como miembros del cartel de Texis, grupo de empresarios del occidente del país supuestamente dedicados a delitos de tráfico de drogas y armas, entre otros.

Los denunciantes, de hecho, fueron procesados judicialmente por evasión de impuestos, el año pasado. Al mismo tiempo que ellos, otro reconocido empresario del occidente del país, José Adán Salazar Umaña, también fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) por el mismo delito, en abril de 2014.

Durante la audiencia inicial, Guerra y Umaña presentaron recibos ante el Juzgado Noveno de Paz de San Salvador que habían pagado a Hacienda, ese mismo día, $912,299.01 en concepto de renta no pagada del ejercicio fiscal correspondiente a 2010.

El pasado 8 de enero, ambos recibieron la exoneración definitiva por sus casos judiciales, al cancelar otros montos de renta no pagada, pero de 2011.

Entre los dos pagaron $1,393,098.02, que implica la renta no cancelada e intereses. En el caso del alcalde Umaña este dejó de pagar al fisco $38,758.81. Su hijo, también representante legal de Gumarsal, $1,046,752.23.

Los señalamientos de su supuesta pertenencia al cartel de Texis trascendieron inicialmente a través de informes de inteligencia policial, que los vinculaban con otros empresarios de la zona occidental del país.

Guerra y Umaña responsabilizan a los denunciados, incluso, de realizar una publicación impresa que, según su versión, habría sido paginada en otro país. No obstante, fuentes del tribunal señalaron que nunca se pudo ubicar la supuesta factura de tal publicación, para presentarla como una de las evidencias en el juicio.

Cuando los empresarios fueron formalmente acusados, la FGR aseguró que también serían investigados por lavado de dinero. Salazar Umaña, además, está sancionado económicamente por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como capo del narcotráfico. En El Salvador, no obstante, ninguna otra investigación ha prosperado judicialmente.

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