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Trabajos públicos a policías por cometer privación de libertad

Jueza condena a cuatro investigadores policiales por privar de libertad a cobrador de bus internacional. Ninguno irá a prisión porque tribunal sustituye pena por trabajos públicos.

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Nervios.  Estuvieron nerviosos antes de escuchar el fallo en su contra, pero los cuatro policías celebraron recuperar su libertad.

Nervios. Estuvieron nerviosos antes de escuchar el fallo en su contra, pero los cuatro policías celebraron recuperar su libertad.

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Cuatro investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron declarados culpables ayer de privar de libertad de manera ilegal a un cobrador de una empresa de transporte internacional en 2019. El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador les impuso la pena mínima: tres años de cárcel, sustituidos por 144 jornadas de trabajos públicos fuera de prisión.

Los condenados son el sargento César Antonio Martínez, el cabo Élmer Amílcar Marroquín Larín, y los agentes Pedro Arnoldo Díaz Palacios y Rigoberto Flores Cruz. La Fiscalía General de la República (FGR) comprobó al tribunal que el 16 de enero de 2019 los policías quitaron la libertad ilegalmente a una víctima identificada en el proceso como Cuba Uno.

La jueza concluyó que los policías, vestidos con su uniforme oficial, establecieron un retén de tránsito en el municipio Atiquizaya, del departamento Ahuachapán. Le hicieron la señal de alto al autobús, que hacía su habitual recorrido desde Guatemala hasta San Salvador, porque supuestamente tenían informes de que allí transportaban mercadería ilegal.

Según la Fiscalía, los procesados no encontraron nada ilegal en el autobús y dejaron que el conductor continuara su marcha. Pero al ayudante del motorista lo subieron a la patrulla para trasladarlo a San Salvador. Y, durante el camino, los agentes llamaron a familiares del hombre para exigir $25,000 a cambio de liberarlo.

El tribunal los sentenció a tres años de cárcel por el delito privación de libertad por funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública, castigado con penas entre tres y seis años de cárcel, según el artículo 290 del Código Penal. La ley deja claro que la condena incluye la inhabilitación para el desempeño del cargo en el periodo que dure la pena. La jueza argumentó que impuso el castigo mínimo porque la privación de libertad no excedió las 48 horas, situación que agravaría el delito y elevaría la condena hasta ocho años de prisión.

Los agentes ya cumplieron parte de la pena detenidos, desde el 17 de enero de 2019, y tendrán que hacer menos de los tres años de trabajos públicos. "Se les da la oportunidad a ustedes de que puedan reflexionar", dijo la jueza.

La víctima narró en el juicio, que inició el martes pasado, que los policías la liberaron al llegar a la calle Los Sisimiles en San Salvador, sin cobrar los $25,000 que supuestamente exigieron a la familia. Rolando Aparicio, defensor de los imputados, dijo que Cuba Uno se subió voluntariamente a la patrulla y fue a San Salvador para enseñar el lugar donde descargaban la supuesta mercadería ilegal.

Aparicio recordó también que la víctima y el motorista tienen antecedentes de transportar mercadería ilegal a El Salvador, incluso uno de ellos ya ha estado detenido por ese delito. El abogado defendió que el 16 de enero de 2019 los agentes estaban en un operativo porque sospechaban que en ese viaje encontrarían mercancías ilícitas. La jueza dio la posibilidad a la víctima para desarrollar otro proceso legal que establezca la indemnización que deben darle.

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  • Atiquizaya
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