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Transferencias continuaron en administración Funes: Fiscalía

El fiscal general explicó que se reportaron algunas transferencias a cuentas vinculadas al caso Saca, desde las arcas del Gobierno, durante la administración de Funes. Ambos exmandatarios enfrentan procesos por enriquecimiento ilícito.
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El mecanismo de transferencias de dinero público del expresidente de la República Elías Antonio Saca, mediante el cual sustraía dinero desde la cuenta del Tesoro Nacional hacia cuentas privadas, también se replicó durante la administración del exmandatario Mauricio Funes Cartagena, según dijo ayer el fiscal general de la República, Douglas Meléndez.

“Por la información que fluye de las transferencias y de cuentas creadas y cerradas, pareciera ser que hubo una transición del gobierno del expresidente Saca hacia el gobierno del expresidente Funes. Hemos encontrado que posteriormente de algunas cuentas siguieron transfiriéndose fondos”, aseguró el fiscal.

Funes escribió en su cuenta de Twitter un corto descargo en el que afirmó que no realizó ningún procedimiento ilícito hacia cuentas privadas vinculadas a la red de corrupción del expresidente Saca.

“Mi gobierno no transfirió recursos a cuentas privadas del expresidente Saca. Lo único que hicimos fue contratar servicios de publicidad en radios”, afirmó el exfuncionario asilado en Nicaragua.

El jefe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República (FGR), Jorge Cortez, explicó que parte del monto total que se cuestiona en el caso fue a parar a las empresas radiales del expresidente Saca.

“Estos fondos salen de la cuenta subsidiaria y luego son colocados en América Publicidad, que es una intermediaria junto a otra empresa, y luego de estas empresas finalmente se transfiere a las seis empresas de Saca: Grupo Samix, 94.1, ABC, Radio Usuluteca y varias más”, afirmó el jefe fiscal.

La Fiscalía presentará hoy el requerimiento en contra de Saca y otros seis colaboradores. Según el fiscal general, será en la audiencia de dicho caso en donde ventilarán los detalles de las transferencias bancarias de fondos públicos realizadas por la presunta red de corrupción. El titular afirmó que de momento no podía adelantar la minucia sobre el destino completo de los fondos; además, afirmó que la investigación sigue abierta y que podría involucrar a otras personas.

Tanto Funes como Saca fueron enviados a juicio civil por parte del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por sospechas de enriquecimiento ilícito. En el caso de Saca, este tiene que justificar la procedencia de aproximadamente $4 millones, mientras Funes debe de mostrar el origen lícito de más de $700,000.

Partida secreta

El informe que la Sección de Probidad de la CSJ realizó al patrimonio familiar del ex secretario privado de Saca, Élmer Charlaix, demostró que se emitieron cheques por $15.8 millones a nombre del expresidente Saca, los cuales fueron sustraídos de la cuenta del Tesoro Nacional (como parte de la partida secreta) y colocados en las cuentas privadas del exfuncionario.

En el informe se muestra que Charlaix intentó argumentar como descargo que él era el designado presidencial para administrar dichos fondos, y que tal dinero no perdía su calidad de ser “público” por encontrarse en cuentas privadas a su nombre.

En agosto de 2010, los magistrados de la Sala de lo Constitucional declararon inconstitucionales dos artículos de la ley del presupuesto, que establecían la posibilidad de dirigir millones hacia la llamada “partida secreta” de la Presidencia de la República.

La sala anuló los artículos 2 y 6 de dicha normativa, en los que se permitía dotar de fondos a la partida secreta y que el Ministerio de Hacienda pudiera mover millonarias cifras de dinero entre distintas carteras.

Estos artículos fueron adheridos a la ley del presupuesto durante la administración presidencial de Francisco Flores, bajo el argumento de que el Ejecutivo debía contar con una manera ágil para disponer de fondos en casos de emergencia.

La sentencia de la Sala de lo Constitucional fue en respuesta a una demanda hecha por varios abogados, entre ellos el exvicepresidente de la República Enrique Borgo Bustamante. La resolución, emitida durante la administración del expresidente Funes, también anuló la posibilidad de que el Estado mantenga en reserva los detalles de cualquier rubro de gasto estatal. La partida secreta solía nutrirse de los fondos no utilizados por cualquier institución pública. Durante su vigencia fue utilizada, entre otras cosas, para el pago de sobresueldos a los titulares de las diferentes carteras de Gobierno.

El partido ARENA acusó a finales de 2009 al expresidente Saca de malversar $219 millones desde dicha partida.

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