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Transportistas preparan más denuncias por SITRAMSS

AEAS y Rutas Unidas presentarán demandas contra funcionarios del MOP y VMT y contra la sociedad SIPAGO ante la Fiscalía, por supuestos delitos.
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Denuncias.  Dirigentes de AEAS y Rutas Unidas Salvadoreñas ya presentaron demandas contra el proyecto SITRAMSS en la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Cuentas de la República.

Denuncias. Dirigentes de AEAS y Rutas Unidas Salvadoreñas ya presentaron demandas contra el proyecto SITRAMSS en la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Cuentas de la República.

Transportistas preparan más denuncias por SITRAMSS

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Representantes de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS) y de Rutas Unidas Salvadoreñas anunciaron que la próxima semana presentarían ante la Fiscalía General de la República (FGR) más demandas en contra de funcionarios del Ministerio de Obras Públicas (MOP), el Viceministerio de Transporte (VMT) y la sociedad SIPAGO, por supuesto cometimiento de delitos con la ejecución del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS).

Los representantes de las gremiales, Genaro Ramírez y Juan Pablo Álvarez, ya han presentado demandas por ese mismo proyecto ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y ante la Corte de Cuentas de la República (CCR).

En esta oportunidad, buscarían procesos penales. “En el proceso se han irrespetado muchos derechos de los accionistas de SIPAGO. Para que una sociedad privada se atreva a decir que el proyecto fue asignado a ellos, obviamente que existe el acompañamiento de funcionarios que se han prestado a beneficiar a privados y eso es corrupción”, dijo Álvarez.

Los supuestos delitos por los que estarían acusando a Gerson Martínez, ministro de Obras Públicas; Nelson García, viceministro de Transporte; y los directivos de SIPAGO serían administración fraudulenta, asociaciones ilícitas y lavado de dinero.

Al respecto de la resolución de la Sala de lo Constitucional, en que dio 10 días hábiles a la Presidencia de la República para aclarar algunas dudas sobre la base legal de la construcción y operación del SITRAMSS, Álvarez está seguro de que se declarará la inconstitucionalidad: “Y esa conclusión es que estamos ante la presencia de infraestructura de uso público que ha sido otorgada a privados”.

Considera que el procedimiento que se debió seguir era una licitación por parte de la Asamblea Legislativa, como establece el artículo 120 de la Constitución. En caso de que la sala falle a su favor, explicó que la Asamblea Legislativa deberá hacer una ley de concesión del SITRAMSS y el Ejecutivo lanzar la licitación, de la que esperan participar.

Sobre el tema, el titular del VMT, Nelson García, explicó recientemente que el carril del SITRAMSS no es una infraestructura para explotación, que es propiedad del Estado y que SIPAGO tiene una designación del servicio de transporte público en esa ruta y no una concesión del carril.

Miguel Castañeda, presidente de SIPAGO, también asegura que no se les ha dado una concesión de la infraestructura y que la idea del carril es “darle privilegio a la sociedad, a los usuarios de transporte” al tener un servicio que les da mayor velocidad.

Agregó que otorgar los permisos de línea es competencia del VMT y que el carril “sigue siendo del Estado”. Además, indicó que aún falta completar la flota de 208 unidades para que el proyecto tenga óptima rentabilidad.

Amenazas

Genaro Ramírez dijo ayer que existe un riesgo contra su vida por las denuncias que han hecho y responsabiliza al Gobierno de lo que le pueda suceder.

Al preguntarle si considera que el Gobierno quiere asesinarlo, respondió: “No exactamente, como lo pudieron haber hecho en el pasado, como quemaron unidades, secuestraron, yo estuve secuestrado durante el conflicto armado; pero sí pueden simular un asalto, que por robar el celular, que por robar el vehículo”.

Afirmó que tiene intervenido su teléfono, que el VMT llegó a inspeccionar sus unidades en “represalia” a las denuncias, que “el peligro es inminente” y provendría del Organismo de Inteligencia del Estado o de la Policía.

Mientras que Álvarez considera que las amenazas provienen de los inversores de SIPAGO-SUBES, ligados a Alba Petróleos.

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