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Tres militares involucrados en caso jesuitas quedan libres

Abogados denunciaron que Corte Suprema de Justicia dilató el proceso para poner en libertad a los militares. Aseguraron que tomarán acciones contra magistrados.
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El sargento Tomás Zárpate Castillo, el sargento Ramiro Ávalos y el cabo Ángel Pérez, quienes fueron acusados de participar en la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras en 1989, recuperaron su libertad ayer por la noche, por orden de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a través de una resolución en la que negaron a España la extradición de los tres militares.

Los abogados y familiares de los militares, sin embargo, denunciaron públicamente que la Corte cayó en ilegalidad al no hacer efectiva la libertad el 16 de agosto, cuando los magistrados informaron que habían concluido, después de siete meses de discusión, que no iban a conceder la extradición.

“La Corte Suprema de Justicia ha caído en ilegalidad al no ordenar de inmediato la libertad para los militares. La resolución estaba lista desde la semana pasada, desde el 16 de este mes. Lo que pasaba es que por razones que no entendemos no había sido firmada la resolución, y eso era todo por lo que no ordenaban la libertad”, dijo el abogado Carlos Guzmán Segovia, y agregó que no descarta que los familiares y demás abogados tomen acciones en contra de la CSJ por dilatar el proceso.

“En este momento no podemos detallar cuáles serán las acciones que tomaremos, pero no descartamos tomar acciones contra los magistrados por retrasar la orden de libertad de los militares”, dijo el abogado Guzmán.

Juan Zepeda, hijo del general Orlando Zepeda, otro de los requeridos en España, dijo por su parte que los demás militares vinculados con la masacre y que tienen orden de captura no se entregarán. “Consideramos que ellos no son prófugos de la justicia, por lo tanto no están huyendo y no se entregarán. Ya hubo un juicio en este país y la justicia decidió en su momento qué pasaría con ellos”, dijo Juan Zepeda.

Sobre el caso del coronel Guillermo Benavides, quien es el único de los militares que quedará detenido, los abogados dijeron que en los próximos días solicitarán un indulto, para evitar que continúe pagando la pena de 30 años que quedó interrumpida en 1993 con la aprobación de La ley de amnistía, que fue derogada este año por la Sala de lo Constitucional de la CSJ.

“Vamos a pedir un indulto, porque creemos que es lo justo”, adelantó Zepeda.

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