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Tres militares y un policía serán procesados en libertad tras demora de presentación de pruebas

La demora de la Fiscalía en la presentación de las pruebas de audio y escuchas telefónicas dio paso a que la jueza del caso exonerara a los militares y al policía de varios cargos, dejando únicamente la acusación de organizaciones ilícitas en su contra.

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Foto: Archivo LPG

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Los coroneles David Iglesias Montalvo y Héctor Solano Cáceres, así como el teniente Leonel Ascencio Sermeño y el policía Santos Agustín Esteban Rosales serán procesados en libertad por el delito de agrupaciones ilícitas, luego que la jueza del caso le exonerara de varios delitos debido a la impuntualidad de la Fiscalía General de la República (FGR) en la presentación de las pruebas.

La Jueza Especializada de Instrucción de San Salvador estableció que, debido a que la Fiscalía presentó con un día de retraso las escuchas telefónicas en las que aseguraba serían la prueba clave en contra de los implicados, llevó a que exonerara a los acusados de varios delitos como proposición de homicidio, pretensiones de soborno en el Órgano Judicial, entre otros.

Debido a esto, los cuatro acusados pasarán a fase de instrucción pero sin aplicación de medidas y siendo acusados únicamente del delito de organizaciones ilícitas. Inicialmente, los tres militares fueron acusados de intentar encubrir la tortura de dos jóvenes en Apaneca en 2016.

Anteriormente a esta resolución, la Fiscalía sostuvo que, tras una intervención de llamadas telefónicas durante seis meses, poseía pruebas que dejaban en evidencia la existencia de un escuadrón del área de inteligencia del ejército que se dedicó a la ejecución extrajudicial de pandilleros.

Fiscales escucharon y grabaron a los coroneles David Iglesias Montalvo, Héctor Solano Cáceres y al teniente Leonel Ascencio Sermeño cuando hablaban entre sí y cuando hablaban con civiles sobre las operaciones ilegales del grupo castrense.

La Fiscalía le pidió al Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador la autorización para intervenir los teléfonos de los militares el 20 de febrero de 2017 y terminó el 21 de agosto de ese mismo año.

Sin embargo, las pruebas de dichas escuchas telefónicas fueron presentadas con un día de retraso, por lo que la jueza del caso no las valoró en el juicio, exonerando a los acusados de dichos delitos y llevando el proceso a la siguiente etapa pero con los implicados en libertad.

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