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Tribunal atado para multar por daños al medio ambiente

Sala de lo Constitucional declaró inconstitucionales las multas, lo que también impide que el Ministerio de Medio Ambiente pueda imponer sanciones económicas a infractores.
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Contaminación.  Ni el Tribunal  Ambiental ni el MARN pueden imponer multas por contaminación ambiental.

Contaminación. Ni el Tribunal Ambiental ni el MARN pueden imponer multas por contaminación ambiental.

Tribunal atado para multar por daños al medio ambiente

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El único Tribunal Ambiental del país y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) no pueden imponer multas o sanciones económicas a las personas o empresas que cometan algún delito contemplado en la Ley de Medio Ambiente, ya que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró, en agosto pasado, inconstitucional el artículo 89 de esa ley que se refería a las multas.

El artículo fue declarado inconstitucional porque, según la resolución, sancionaba con el pago de “salarios mínimos diarios urbanos vigentes para la ciudad de San Salvador”, que es una categoría que no existe en el decreto de salarios mínimos.

“En este momento el Ministerio de Medio Ambiente se encuentra imposibilitado de imponer sanciones a las infractores de la Ley, consecuentemente nosotros (en el Juzgado Ambiental) también. Lo que se debe hacer es propiciar un nuevo mecanismo de sanciones y presentar (ante la Asamblea Legislativa) una reforma a ese artículo”, explicó el juez ambiental, Samuel Lizama.

El juez agregó que la inconstitucionalidad del artículo ató al MARN para sancionar todos los daños causados por personas o empresas al medio ambiente, a los recursos naturales o a la salud humana.

El artículo, mientras estuvo vigente, multaba con la cantidad de dos o hasta 100 salarios mínimos las infracciones menos graves; y con 100 hasta 5,000 salarios mínimos las infracciones graves.

“Las infracciones siguen vigentes, pero no sus multas, es decir que se puede concluir, a través de un estudio o proceso judicial, que alguien comete infracciones, pero no se puede imponer una multa”, detalló el juez Lizama.

Entre las infracciones menos graves está la emisión de contaminantes que violan los niveles permitidos. El MARN, por ejemplo, tenía la potestad de multar a un empresario de bus que contaminaba el aire del centro de San Salvador con dos o hasta 100 salarios mínimos, explicó Lizama.

Iniciar actividades, obras o proyectos sin haber obtenido los permisos ambientales correspondientes es considerado una infracción grave. Significa que, según el juez, si una persona o empresa talaba árboles sin el permiso correspondiente hasta antes de agosto podía ser multado con 100 o hasta 5,000 salarios mínimos.

El recurso de inconstitucionalidad fue promovido por ocho ciudadanos: Jimmy Francisco Ortiz Rodríguez, Ricardo Alberto Miranda Miranda, Karen Natalia Morales García, Yancy Elizabeth Ramos Valencia, Arely Argentina Alfaro López, José Luis Melara Carrillo, Luis Eduardo Ticas Hernández y Romeo Alejandro Pineda López, quienes alegaron ante la Sala de Constitucional que el artículo 89 de la Ley de Medio Ambiente vulneraba el artículo 15 de la Constitución de la República.

Señalaron que transgredía el principio de legalidad de la pena, ya que las sanciones eran indeterminadas porque en el país no existe el “salario mínimo urbano”, sino que está clasificado en sectores productivos: comercio y servicios, industria, maquila textil y confección y agropecuario.

“Lo que expusieron los que solicitaron la inconstitucionalidad es que al momento de aplicar la sanción, la tarifa quedaría al criterio arbitrario por no especificar el monto, y el aplicante de la sanción tendría que elegir entre los salarios de varios sectores y rubros”, detalló el juez Lizama.

El análisis que hizo la sala concluyó en que los ciudadanos que promovieron la inconstitucionalidad tenían razón, y por lo tanto el artículo fue declarado inconstitucional.

La Fiscalía General de la República (FGR), cuando la sala le consultó su opinión por el caso, dijo que el recurso de inconstitucionalidad no tenía lugar.

La sala también aclaró que la inconstitucionalidad de las multas no incluye exonerar las infracciones penales que una persona o empresa cometan cuando al infringir la Ley de Medio Ambiente también cometan infracciones penales contempladas en el Código Penal.

Según el juez Lizama, todavía no hay fecha para solicitar a la Asamblea Legislativa que reforme el artículo. Sin embargo, dijo que trabajan en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente para presentar, lo más pronto posible, una propuesta de reforma del artículo.

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