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Tribunal avala acuerdo entre Saca y Fiscalía

El juicio continuará el próximo lunes con el desfile de 33 testigos; entre ellos, cuatro con régimen de protección.
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En audiencia El expresidente Saca recoge sus pertenencias que portaba en una bolsa durante el juicio.

En audiencia El expresidente Saca recoge sus pertenencias que portaba en una bolsa durante el juicio.

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El cuarto día del juicio contra el expresidente Elías Antonio Saca y seis de sus exfuncionarios, acusados de cometer peculado (malversación de fondos) y lavado de dinero, inició ayer con la confesión de Jorge Herrera, extesorero de Casa Presidencial, quien dijo que entre 2004 y 2009, años en los que Saca gobernó el país bajo la bandera del partido ARENA, emitió 593 cheques de cuentas que fueron creadas con el propósito de desviar dinero del Estado para beneficio particular del expresidente, del exsecretario privado de la Presidencia, Élmer Charlaix; y del exjefe de la Unidad Financiera de Casa Presidencial, Francisco Arteaga.

"Realicé conductas contrarias a la ley, las cuales sabía que eran ilegales; y, aun sabiendo eso, decidí ejecutarlas. Giré cheques a nombre de Elías Antonio Saca, quien era el presidente de la república en ese entonces", dijo Herrera como parte de su confesión, que pactó con la Fiscalía para obtener una pena menor.

Herrera fue el sexto acusado, incluido el expresidente Saca, que admitió haber cometido corrupción.

"Lo escuchado reúne los requisitos y características de una confesión judicial, sumado a las formalidades del acuerdo. El tribunal autoriza implementar el procedimiento abreviado para los seis imputados que lo han solicitado", dijo el presidente del Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador.

Las palabras del juez dejaron en firme el acuerdo que logró el exmandatario con la Fiscalía General de la República (FGR), que acusa a Saca, Charlaix, Arteaga, Herrera, al exsecretario de Comunicaciones Julio Rank; al exsecretario de la Juventud, César Funes; y al ex asesor contable Pablo Gómez de asociarse para desviar $301 millones de fondos públicos. Gómez es el único imputado que no quiso confesar el delito, por lo que seguirá procesado bajo el procedimiento ordinario.


Después de que se conoció el pacto entre los acusados y la Fiscalía, el fiscal general, Douglas Meléndez, recibió críticas porque el beneficio favorece a Saca y porque, además, el monto que podría recuperar para el Estado del total desfalcado es mínimo. Ayer dijo que, aunque fueron desviados $301 millones, los exfuncionarios no se apropiaron de todo ese dinero. Saca, según han establecido, lavó $19 millones; Charlaix, $16.8 millones; y Funes, $886,000.

Meléndez justificó ayer su opción por el procedimiento abreviado: "No hay seguridad de que el sistema de justicia responda adecuadamente en casos delicados. En instancias superiores, ya se han visto cosas increíbles. Nos han tirado investigaciones de años de un plumazo", dijo, y refirió algunos casos (ver recuadro posterior).

Además, el fiscal agregó otra razón para justificar el pacto: "Había un riesgo concreto de que los imputados en caso Saca salieran en libertad, porque ya estaban por cumplir los dos años de detención provisional sin sentencia. Y ya tenemos experiencias".


El juicio continuará el próximo lunes con el desfile de 33 testigos; entre ellos, cuatro con régimen de protección, sobre todo empleados bancarios y de la Presidencia que explicarán la ilegalidad de las cuentas creadas por los imputados. Los primeros en comparecer son dos peritos financieros, con los que la Fiscalía intentará confirmar la acusación sobre la triangulación del dinero desde las cuentas de la Presidencia hacia las particulares.

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