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Tribunal de Ética abre proceso contra CEPA en medio de críticas

FUSADES, FUNDE y DTJ creen que tribunal ha tenido una actuación que no garantiza el pleno cumplimiento de ley, principalmente en casos como el del expresidente de la Asamblea Sigfrido Reyes y las demandas contra Nayib Bukele.
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El presidente del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), Marcel Orestes Posada, informó ayer que se abrió una investigación de oficio por la reciente investigación de LA PRENSA GRÁFICA en la que se revelan gastos en la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) por más de $234,000 en alimentos y bebidas, compras que incluyeron $5,000 en bebidas embriagantes, entre junio de 2014 y marzo de 2016.

Sin embargo, el anuncio de Orestes Posada se da en momentos en que el TEG ha recibido una serie de críticas de diferentes sectores de la sociedad civil ante lo que califican como actuaciones “pasivas” de casos en los que pudo haber violaciones a la Ley de Ética.

Incluso representantes de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) y la Fundación Transparencia, Democracia y Justicia (DTJ) expresaron ayer que hay desconfianza en la actuación del TEG.

Algunos creen que dicho tribunal “no sirve para nada”, principalmente por antecedentes en los que el TEG ha absuelto a funcionarios como el expresidente de la Asamblea Legislativa Sigfrido Reyes por el caso de los terrenos comprados a bajo precio al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), o el retraso en emitir las resolución de las demandas por posible nepotismo del alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, al contratar a cinco familiares.

“No confío para nada (en el TEG) porque yo creo que no sirve para nada. Aquí en el país pareciera casi como que todos son la Virgen Purísima, que está lleno de funcionarios devotos de la Virgen Purísima porque nadie hace nada. Estamos gastando dinero en un tribunal que es inútil”, dijo Roberto Rubio Fabián, director ejecutivo de FUNDE.

Mientras tanto, Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de FUSADES, fue categórico en decir que no hay ninguna garantía de una buena aplicación de la Ley de Ética Gubernamental por parte del TEG.

“El Tribunal de Ética ha demostrado ser totalmente inefectivo, es una institución que no ha dado los resultados esperados, y me atrevería a decir que podemos eliminar el Tribunal de Ética y ni cuenta nos damos”, indicó.

Castro recordó que en 2011 se aprobaron varias reformas a esa ley, “supuestamente para darle dientes” con el fin de que tuviera un rol más activo; sin embargo, no se ha visto “la voluntad para hacer las cosas como deben ser”.

Explicó que el año pasado el TEG dijo que entre 2007 y 2015 se sancionaron 117 casos, que implican 14 sanciones por año. Esto, según Castro, representa que “es mínimo o nulo lo que se hace”.

“Vemos que realmente no está funcionando y debe haber una revisión integral del funcionamiento del Tribunal de Ética Gubernamental, empezando por su composición, porque claramente se ve que bajo el esquema como se integra el pleno, no funciona y tenemos que plantearnos como país qué hacer al respecto”, enfatizó Castro.

Esa postura es compartida por el director ejecutivo de la Fundación DTJ, Roberto Burgos Viale, quien agregó: “En la Fundación DTJ hemos visto con preocupación la forma omisiva en la cual el actual Tribunal de Ética desempeña las atribuciones que le da su ley. No hay confianza porque no hemos visto muestras claras de que el TEG esté desempeñando un papel activo”.

TEG se defiende

El presidente del TEG, Orestes Posada, aseguró: “No es verdad que nos hayamos mantenido pasivos sin hacer nada. Sí actuamos inmediatamente”.

La investigación está en su fase preliminar, según la Ley de Ética Gubernamental, explicó el presidente del TEG. “Es una etapa que no tiene término, sino que se maneja con la racionalidad y razonabilidad que el caso requiere. En esta etapa nos encontramos entonces”, acotó el funcionario.

El siguiente paso es pedir un informe a la autoridad correspondiente, en este caso a la junta directiva de CEPA, que tendrá un plazo de 10 días para responder. Esta etapa sirve al TEG para recabar más información. “Conteste o no conteste, una vez transcurren los 10 días continuamos el procedimiento, y ya entonces pasamos a la etapa de apertura”, anotó el presidente del TEG. Si el tribunal establece que hay suficiente información y probabilidad alta de que los funcionarios investigados sean responsables, se pasa a la siguiente etapa.

Luego se programa una audiencia a la que se convoca a la parte contra la que se ha iniciado el procedimiento. Después se abre un plazo de 20 días para la presentación de pruebas, que se puede prolongar hasta por 35 días hábiles. Finalmente se emite una sentencia del caso.

El artículo 6 de La Ley de Ética Gubernamental establece como prohibición para funcionarios “utilizar en forma indebida los bienes y el patrimonio del Estado.

El presidente de CEPA, Nelson Vanegas, aseguró el miércoles pasado que el 67 % de los fondos se utilizaron para dar alimentos al personal durante capacitaciones. Sin embargo, en los documentos que proporcionó la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de CEPA solo aparecen recibos y cuadros que detallan compras de $2,959.10 en concepto de refrigerios para capacitaciones.

El funcionario dijo además que ni la Corte de Cuentas de la República ni las auditorías a las que se somete CEPA han reportado incumplimientos. La última revisión de la Corte de Cuentas fue para 2014, pero una parte de los alimentos y las bebidas se adquirieron en 2015 y el primer trimestre de 2016.

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