Tribunal ordena dinero de “call center” pase a manos del Estado

El tribunal consideró que la fiscalía presentó las pruebas suficientes para evidenciar que cuatro exempleados y la empresa lavaron dinero.
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El Juzgado de Extinción de Dominio decidió que los $221,536, divididos entre el “call center” Benson Communication y cuatro exempleados de esa compañía, pasen a manos del Estado. La jueza dijo ayer durante la resolución de la audiencia de sentencia que los imputados no pudieron desvirtuar las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Estos elementos probatorios han conllevado la convicción en esta juzgadora que efectivamente las cantidades de dinero que ahora se ven afectadas por extinción en dominio tienen un origen en actividades indirectas propias del lavado de dinero”, dijo la jueza. Durante la audiencia de sentencia, la fiscalía presentó como testigo a un perito financiero que señaló que Kevin Bryan Cox, un estadounidense socio de la empresa, depositó cantidades de dinero, pero a las cuentas personales de cuatros exempleados.

Kevin Cox fue acusado en EUA de alterar la cifra de clientes de un programa de subsidio de ese país. Sin embargo, los abogados de Benson aseguraron que fue sobreseído definitivamente de todos los cargos que se le imputaban por un tribunal de Tampa, Florida, Estados Unidos, en enero de 2016.

De hecho, la embajada de EUA le informó a la FGR que Cox es socio del “call center” para que pudieran iniciar una investigación en el país.

El perito reveló que, por ejemplo, el exempleado Philliph Howelll Baires Boyle, en 2008, ingresó a Benson Communication con un salario de $171 y finalizó sus labores ganando alrededor de $3,100. Pero durante este tiempo recibió depósitos de los que no pudo justificar la procedencia lícita.

“En las conclusiones de las pericias se han establecido incrementos patrimoniales no justificados. Según la prueba que incorporó la FGR, existieron transferencias que Cox le hizo a Baires a su cuenta personal”, explicó la juzgadora.

Otra de las irregularidades que dio a conocer el perito en su momento fue que la exempleada Fátima Hidalgo hizo depósitos de hasta $39,000, pero su salario dentro de la empresa rondaba los $1,000. Sin embargo, los abogados señalaron que el dinero que tiene en la cuenta es porque trabaja con la empresa Ingenieros y Asociados, S. A. de C. V. Pero eso no lo lograron comprobar, según FGR.

Asimismo, el perito dijo que Cox, Hildalgo y Baires viajaron a las Bahamas y Majuro, “considerados como paraísos fiscales”, explicó el perito en su momento.

La otra persona que, según la FGR, recibió transferencias de parte de Cox fue Maribel Monge y Álex Fabricio Cañas.

A criterio del tribunal, los abogados defensores no presentaron la documentación suficiente para poder asegurar que el socio del “call center” realizó depósitos a las cuentas personales, además de la procedencia lícita del dinero.

Este periódico contactó a los abogados defensores del “call center”, pero no hubo respuesta.

Los $221,536 pasarán a manos del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB), encargado de distribuir el dinero para diferentes actividades e instituciones del Estado.

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