UCA : vamos a estar vigilantes de que no se politice el caso jesuitas

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Monumento. En la UCA hay monumentos que rinden homenaje a los jesuitas.

Monumento. En la UCA hay monumentos que rinden homenaje a los jesuitas.

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Los defensores de derechos humanos consideran que la resolución de la Sala no les genera confianza.

EL vicerrector de Proyección Social de la UCA, Omar Serrano, aseguró que la Universidad estará atenta a todo lo que ocurra sobre la reciente resolución de la Sala de lo Constitucional impuesta de reabrir el caso de la masacre de los sacerdotes jesuitas, en noviembre de 1989.

"No podemos permitir que este caso se politice para fines políticos partidarios, si se va a hacer justicia exigimos que se respete el debido proceso, que se cumpla la ley, que los procesos legales se agoten como deben ser, y que no funcionen por órdenes o cuestiones ideológicas", aseveró.

Serrano lamenta que aunque la UCA tiene la experiencia acumulada y tiene especialización técnica, dicho proceso se haya librado sin la participación de las víctimas, ni se les haya tomado en cuenta.

"A pesar de ello, vamos a participar en todo el proceso, vamos a procurar estar presentes de manera que se lleve a cabo con el respeto a la ley. Vamos a estar vigilantes a que no se politice este caso, porque eso sería seguir jugado con las víctimas como se ha hecho tantas veces en el país", señaló.

El representante de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, (UCA), también aclaró que el fallo de la Sala le da la razón a la UCA y que ratifica lo que la universidad ha venido luchando durante más de 30 años y que dicha decisión es un logro para las víctimas.

Arnau Baulenas, coordinador jurídico del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), también consideró que la resolución de la Sala es un logro de las víctimas y que no permitirá que se politice el caso y que es necesario un proceso judicial con todas las garantías.

Por su parte, Saúl Baños director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Debida Aplicación del Derecho (FESPAD), dijo que será obligación de los funcionarios procurar un debido proceso que permita "castigar a los culpables y resarcir los daños morales y materiales a las víctimas y a sus familiares. Ojalá que el gobierno, y sus funcionarios, no caigan en la instrumentalización política de este caso", señaló.

desconfianza de la sala

David Morales, defensor de derechos humanos aclaró que no confía en el trabajo de la Sala de lo Constitucional ilegítima, como el llama, ni en la Fiscalía General de la República (FGR).

"El trabajo de la Sala de lo Constitucional y la Fiscalía no son confiables porque son autoridades ilegítimas y carecen de independencia", señaló.

Además, dijo que esto es un claro ejemplo de la instrumentalización y uso propagandístico con fines de imagen política que ha realizado el presidente de la república, Nayib Bukele, tal como sucedió con el caso de la masacre de El Mozote. Y que aunado a esto, la gestión actual se ha caracterizado por abandonar o disminuir los pocos procesos de reparación para víctimas del conflicto.

Uno de los puntos que hace desconfiar de la decisión de la Sala, es la incoherencia del discurso que utiliza el presidente Bukele y el fiscal general, Rodolfo Delgado, a lo que realizan en la práctica de justicia transicional.

"Esta resolución y discurso se dan en el marco de ataques políticos y de desprestigio personal contra las autoridades de la UCA, el padre Andreu Oliva y el padre José María Tojeira", aseveró.

Por su parte, Alejandro Díaz, representante de Tutela Legal, no tiene esperanza ni confía en que el proceso avance, precisamente por los discursos públicos que ha realizado Bukele, principalmente por no facilitar el acceso a los archivos militares que contienen información que podrían ayudar a avanzar en casos de lesa humanidad ocurridos en el conflicto armado, entre ellos la masacre de los jesuitas, El Mozote, río Sumpul, entre otras.

"Nos da desconfianza porque ya se dijo que en estos casos (masacres en la guerra), no hay documentos militares o no se quieren entregar. Tiene que ser una investigación completa, sino, va a ser difícil que imparcialmente se trate el caso o por líneas políticas", aseguró.

Celia Medrano, defensora de derechos humanos también manifestó que no se podía confiar en autoridades que tienen cuestionada su imparcialidad.

"Difícilmente puede dar confianza una resolución emitida por autoridades que arrastran señalamientos de vicios de inconstitucionalidad en su nombramientos y que pese a ello han aceptado sus cargos, lo que cuestionaría su imparcialidad e independencia", destacó.

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