UCA espera que la Corte actúe apegada a derecho

Los cuatro militares detenidos por la masacre de los sacerdotes jesuitas fueron puestos a la orden del Juzgado Primero de Paz de San Salvador.
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Proceso.  El rector de la UCA, Andreu Oliva, espera que se continúe el proceso judicial por el asesinato de los sacerdotes jesuitas en 1989.

Proceso. El rector de la UCA, Andreu Oliva, espera que se continúe el proceso judicial por el asesinato de los sacerdotes jesuitas en 1989.

UCA espera que la Corte actúe apegada a derecho

UCA espera que la Corte actúe apegada a derecho

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Luego de la captura de cuatro de los 17 militares acusados de haber participado en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras, el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), el rector de dicha casa de estudios, Andreu Oliva, dijo que espera que se siga el proceso y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) “actúe apegada al derecho”.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que a las 2:45 de la tarde, el sábado pasado, puso a la disposición del Juzgado Primero de Paz de San Salvador a los detenidos: Guillermo Alfredo Benavides Moreno, Ángel Pérez Vásquez, Tomás Zarpate Castillo y Antonio Ramiro Ávalos Vargas, producto de la notificación roja girada por INTERPOL al ser reclamados por la Audiencia Nacional Española.

Los detenidos se encuentran en la Subdirección de Tránsito Terrestre, informó la Policía en un comunicado en su cuenta de Twitter.

El rector de la UCA indica que les preocupa que hayan sido detenidos solo ellos y que tiene que investigarse a los que ordenaron el crimen.

“Y ello nos hace pensar que hay una diferenciación, porque son los militares de menor rango los que han sido detenidos y los militares que son los que, según pensamos y según las investigaciones que se tienen, ordenaron ese crimen, pues siguen libres”, dijo.

El tema de la extradición a España está a cargo de la CSJ. “Entonces yo creo que la CSJ lo que tiene que hacer es basarse en las leyes salvadoreñas y también en todos aquellos convenios que el Estado de El Salvador ha firmado en materia de derechos humanos y de persecución”, manifestó Andreu.

Los cuatro militares capturados por la policía pertenecieron al Batallón Atlacatl de la Fuerza Armada y estuvieron entre los 10 militares que enfrentaron un proceso judicial entre 1991 y 1992 ante las autoridades salvadoreñas en el que fueron absueltos por el jurado, excepto el coronel Benavides, quien fue enviado a prisión con una condena de 30 años pero fue liberado en 1993 gracias a la Ley de Amnistía.

Sobre el argumento que no se puede hacer doble juzgamiento de un mismo hecho, el rector comentó que la Audiencia Nacional Española consideró el proceso “lleno de vicios” y que “el juez de la Audiencia Nacional Española es el que ha considerado que ese proceso no es válido porque no responde a las garantías que debe tener un juicio de esta naturaleza”.

Tampoco considera que puede aplicarse la Ley de Amnistía. “La Constitución salvadoreña dice que ningún gobierno puede amnistiarse a sí mismo y eso es también algo que está acordado a nivel internacional. Entonces, la Ley de Amnistía se aprueba en el gobierno de (Alfredo) Cristiani y el crimen también se comete en el gobierno de Cristiani; por tanto, esta ley no puede aplicarse en este caso”, agregó.

No concuerda con las declaraciones que dio el abogado defensor de 13 de los militares acusados, Lizandro Quintanilla, el pasado viernes por la noche, cuando la PNC realizó el operativo de captura, de que se trate de “simples homicidios” y no un crimen de lesa humanidad.

“No es lo mismo que sea un crimen cometido por un civil que un crimen cometido por un militar, y más en este caso en que parece que hubo toda una maquinación, toda una organización de parte del Ejército y de sus principales autoridades para cometer este crimen. Esto de ninguna manera puede ser considerado un crimen común, ni aquí ni en ninguna parte del mundo”, afirmó.

Los partidos ARENA, PDC y PCN, en cambio, emitieron ayer un comunicado en el cual se pronunciaron contra las capturas de los militares. Los allanamientos realizados en las viviendas de los acusados, a juicio de estos tres partidos, “se enmarcan en actuaciones que agravan la polarización, reabren heridas en la sociedad salvadoreña y atentan a la letra y espíritu de los Acuerdos de Paz firmados en 1992.”

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