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UTE abrió espacios para cuatro familias desplazadas: Cristosal

Lo hizo por orden de la Sala de lo Constitucional, que admitió dos amparos para familias desplazadas por violencia. Cristosal ha pedido medidas en un quinto caso.
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Foto de LA PRENSA/Archivo Amparos.  La Sala de lo Constitucional ha admitido, hasta la fecha, cuatro amparos para familias desplazadas.

Foto de LA PRENSA/Archivo Amparos. La Sala de lo Constitucional ha admitido, hasta la fecha, cuatro amparos para familias desplazadas.

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Miembros de cuatro familias, quienes abandonaron sus viviendas por temor a pandilleros, fueron colocados en el programa de atención a víctimas que coordina la Unidad Técnica Ejecutiva (UTE) del sector justicia. Los cupos fueron habilitados el año pasado, cuando la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo ordenó, tras admitir amparos para esas cuatro familias que habían sido ignoradas por las instituciones del Estado, según lo aseguró a LA PRENSA GRÁFICA el coordinador de litigios de Cristosal, Abraham Ábrego.

“Lo que ha pasado, después de la orden de la sala, es que la UTE ha empezado a habilitar espacios para las víctimas. Pero eso es hasta ahora, porque ya se había solicitado y no se había hecho nada. En la UTE dijeron que no tenían espacio en los albergues. Entonces, digamos que la orden de la sala tiene que ver más que todo con la UTE”, dijo Ábrego.

“Las víctimas no están acostumbradas al régimen del  programa de atención a víctimas (...) Tampoco hay una atención integral en ese programa”.
Abraham Ábrego,  de Cristosal

El coordinador de litigios agregó que aunque ha sido un logro colocar a las víctimas en el programa, las condiciones en las que han sido atendidas no están cumpliendo las expectativas para resolver sus necesidades.

Las razones por las que el programa no ha sido efectivo, según Ábrego, es porque no todas las víctimas de un mismo caso son atendidas, sino solamente aquellas que pueden colaborar con un proceso judicial en contra de los pandilleros u otras personas que provocaron los desplazamientos. También porque la mayoría de las víctimas que son colocadas en el programa no están acostumbradas al régimen de encierro al que son sometidas.

“El programa de atención a víctimas fue diseñado, en general, para los que colaboran con el sistema judicial. Es decir que el programa tiene una duración de máximo dos años o hasta que el proceso judicial termine. Durante ese tiempo, algunas de las víctimas están en albergues en condición de encierro”, dijo el coordinador de litigios, “este programa no tiene un componente de atención psicológica o de salud mental para las víctimas. Hace falta mejorar el programa”.

Cristosal presentó una quinta solicitud de amparo el pasado viernes para que la sala ordene medidas de protección para otra familia desplazada. En los cuatro casos anteriores, según la organización, las instituciones del Estado ya empezaron a cumplir las medidas ordenadas por la Sala de lo Constitucional.

146
  casos de desplazamiento forzado fueron registrados por Cristosal en 2017.

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