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Ultimátum para la Asamblea por incumplir fallo amnistía

La FGR dice que tiene en investigación 171 casos de crímenes cometidos durante el conflicto armado, la mayoría son por asesinatos.
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Incumplida. La Sala de lo Constitucional declaró incumplida la derogatoria de la Ley de Amnistía.

Incumplida. La Sala de lo Constitucional declaró incumplida la derogatoria de la Ley de Amnistía.

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Plazo de un año. La Asamblea Legislativa tiene hasta el 13 de julio de 2019 para crear una ley de reconciliación nacional y asistencia a las víctimas del pasado conflicto armado. Así se lo ordenó ayer la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en su resolución por incumplimiento a la derogatoria de la Ley de Amnistía.

La sala le pidió a la Asamblea consultar “con las víctimas del conflicto armado, las asociaciones que las representan y otros sectores de la sociedad” para crear la normativa. Además, le dijo que la ley debe contar con una partida dentro del Presupuesto General de la Nación para la “reparación material y simbólica” de las víctimas.

En su resolución, la sala también le ordenó al Ministerio de Defensa crear una normativa para “proteger la documentación e información” y abrir los archivos militares para que las víctimas y la asociaciones que las representan puedan tener acceso a la verdad.

El documento también destaca que la Presidencia de la República no ha realizado ninguna acción encaminada al reconocimiento y reparación de las víctimas. Lo que el Órgano Ejecutivo ha realizado hasta hoy, de acuerdo con la sala, son actividades enmarcadas en “obligaciones genéricas del Estado en materia de protección de los derechos humanos de sus ciudadanos”.

La resolución, firmada por cuatro magistrados excepto Belarmino Jaime, ocurre dos años después de haber declarado inconstitucional la Ley de Amnistía porque, a criterio de la sala, los crímenes de guerra señalados en el informe de la Comisión de la Verdad, así como otras graves violaciones a los derechos humanos, cometidas tanto por la guerrilla como por el Ejército durante la guerra, no han prescrito y podrán ser investigados y juzgados.

La sala realizó dos audiencias de seguimiento al cumplimiento de esa sentencia: una en julio de 2017 y la segunda este año en tres jornadas: 20, 22 y 25 de junio pasado. En esas audiencias, los representantes de los Órganos Ejecutivo y Legislativo y de la Fiscalía General de la República reportaron mínimos avances para cumplir con la sentencia. Lo más destacado fue el anuncio del fiscal general, Douglas Meléndez, sobre la apertura de algunos casos como la masacre de El Mozote y la creación de un grupo de tres fiscales dedicados a investigar más de 160 casos; sin embargo, Meléndez se quejó del poco apoyo de la Policía.

La Comisión de la Verdad registró más de 22,000 denuncias de graves hechos de violencia ocurridos en El Salvador durante enero de 1980 a julio de 1991. Más del 60 % corresponde a ejecuciones extrajudiciales; 25 % a desapariciones forzadas; y más de 20 % a denuncias de tortura. El 85 % de los testimonios adjudica la responsabilidad a agentes del Estado, grupos paramilitares y escuadrones de la muerte. El 5 % de los casos, al FMLN.

Un informe de la Oficina de Información de la Fiscalía General de la República da cuenta de un total de 171 casos que tienen una investigación abierta. Once más de lo declarado por el fiscal general en la audiencia ante la sala.

En primer lugar están los asesinatos con 96 casos, en segundo lugar la desaparición forzada con 34, luego aparecen las masacres con 16 casos y el resto se trata de torturas, privación de libertad, homicidio agravado y secuestro.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), una de las organizaciones que ha apoyado a las víctimas del conflicto, le pidió al Estado “evitar que se presenten retrocesos frente a los pocos avances logrados”.

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