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Un Tribunal Constitucional no puede estar solo ante presiones”

A juicio del juez español, es necesario que prime la “lealtad” hacia el Estado para acompañar las decisiones de todo Tribunal Constitucional.
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Juan Duque

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Juan Carlos Duque Villanueva es el secretario general adjunto del Tribunal Constitucional de España. Fue nombrado por el pleno del tribunal para la coordinación del trabajo de los procesos de admisión. Se encarga de organizar los casos que ingresan. Duque Villanueva estuvo en El Salvador para participar en conversatorio de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) sobre el próximo proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“Una de las labores del Tribunal Constitucional es controlar la labor del Legislativo. Expulsar la ley que es contraria al ordenamiento constitucional, ahí siempre ha habido fricciones, y lo que tiene que haber es una especie de ‘self restrict’ por parte del propio tribunal, es decir, limitarte a tu jurisdicción y actuar dentro de esta”.

Deja entrever su interés primordial en que no se trastoque lo que él llama “la esencia de la justicia Constitucional”. Apela a la “lealtad hacia el Estado” de la sociedad para resolver las fricciones que provoca una justicia constitucional “de riesgo”. Sabe que estos son calificativos discrecionales, y explica las consecuencias de esta discrecionalidad. El juez concluye que el verdadero problema no son los métodos de elección de magistrados de altas cortes que existen, sino la instrumentalización interesada de las personas que no son leales al Estado y participan del proceso. Un Tribunal Constitucional, agrega, debe contar con la unidad de todas las fuerzas del Estado para enfrentar las presiones que derivan de su jurisdicción.

¿Qué elementos no deben faltar en un juez constitucional?

No tiene que ser un jurista en derecho público, sino en otra rama del derecho, el derecho constitucional no solo es derecho público. Tiene que ser un profesional con experiencia y con reconocido prestigio. Es un concepto abstracto que ofrece cierta discrecionalidad, pero no necesariamente en los procesos de elección tienen que ser elegidos los mejores porque es difícil establecer quién es el mejor, porque es difícil saber quién lo es, pero al menos es necesario tener un mínimo de prestigio profesional.

¿Qué tipos de controles se pueden ejercer sobre esa “discrecionalidad”?

A nadie se le llama jurista de reconocido prestigio si no tiene un currículum diferente a lo que puede entenderse por un ciudadano medio, quien no tiene publicaciones, quien nunca ha escrito un libro, quien nunca ha ejercido la magistratura, será un jurista, pero no de reconocido prestigio. Y ahí hay un control social, un control de los medios de comunicación.

Después para mantener la independencia de la sala son necesarias dos cosas: una independencia orgánica, es decir, que tenga una autonomía para organizarse o presupuestaria, que nadie pueda incidir en ella; y para los demás magistrados es necesario que se establezcan mecanismos para que se garantice su independencia frente a quien los ha nombrado. Esos mecanismos son distintos, uno es la inamovilidad, es decir, si hablamos de jurisdicción hablamos de independencia, si no hay independencia no hay poder judicial, es otra cosa la que hay.

Este interés por la independencia es consecuencia de una iniciativa por controlar a los jueces. Acá uno de los argumentos contra la Sala de lo Constitucional es que se les acusa de extralimitarse y legislar...

Eso está en la esencia de la jurisdicción constitucional, el límite entre el Poder Legislativo y la jurisdicción constitucional, porque una de las labores del Tribunal Constitucional es controlar la labor del Legislativo. Expulsar la ley que es contraria al ordenamiento constitucional, ahí siempre ha habido fricciones, y lo que tiene que haber es una especie de “self restrict” por parte del propio tribunal, es decir, limitarte a tu jurisdicción y actuar dentro de esta.

En El Salvador los magistrados han denunciado acoso político por sus resoluciones. ¿Cuál es el lugar de la crítica?

La justicia constitucional a veces es una justicia de riesgo. Habitualmente es muy pacífica porque solo se critican resoluciones que tienen trascendencia política, cuando una decisión judicial es una decisión que tiene consecuencias políticas entonces se abre el plano, y ahí la crítica es inevitable. Entonces como un poder público el tribunal tiene que ser sometido a la crítica pública, lo que no puede aceptar son presiones, pero la crítica es buena a las resoluciones de los tribunales, una crítica serena, una crítica pensada.

La única forma de evitar las presiones son las denuncias ante la opinión pública. Entonces están los otros poderes del Estado para garantizar el funcionamiento institucional. Todos los poderes públicos tienen el deber de lealtad al Estado, al poder y al equilibrio político.

Un tribunal no puede encontrarse solo ante presiones de grupos que no forman parte del poder público. El poder público tiene que defenderse.

Un control interno tendrá que tener con efectos sociales, pero no con efectos jurídicos. Una crítica para que la sala pueda repensárselo, porque la sala puede repensárselo, pero nunca un control efectivo, es decir, que revoque lo decidido.

¿Existe alguna receta para que estos intereses sectoriales no invadan al tribunal?

La única receta válida para esta receta es que los poderes se comporten con lealtad institucional, con el respeto a la Constitución, porque cualquier ruptura institucional es una ruptura que va a pagar el Estado. Los sistemas de elección de magistrados pueden ser malos o buenos, todos tiene sus aciertos y sus fallos, el sistema que está vigente ha permitido elegir, por lo que he visto, a magistrados que nadie duda sino que alaban su independencia, entonces no falla el sistema de elección, lo que falla es cómo se utiliza el sistema de elección, por parte de quien puede utilizarlo. La forma de evitar esta instrumentalización de los mecanismos de elección es un comportamiento leal por parte de todos los que intervienen en la designación.

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