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Un año sin saber nada de los privados de libertad

Organizaciones de derechos humanos consideran que la falta de comunicación entre los presos y sus familiares es una vulneración a sus derechos. Centros Penales ha negado el acceso a las cárceles, incluso al personal de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

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Comunicación. Es lo que solicitan los familiares de privados de libertad a la Dirección de Centros Penales.

Comunicación. Es lo que solicitan los familiares de privados de libertad a la Dirección de Centros Penales.

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Angustia, preocupación, tristeza, estrés y ansiedad, entre otros, son los sentimientos que tienen los familiares de privados de libertad, luego de un año sin tener comunicación directa con ellos.

La mayoría de personas a las que LA PRENSA GRÁFICA entrevistó dijeron tener un año sin comunicación con su familiar privado de libertad.

Las visitas en los centros penales de El Salvador fueron suspendidas oficialmente por el Gobierno el 1 de marzo de 2020, luego que el presidente, Nayib Bukele, decretara emergencia nacional en todos los recintos carcelarios.

Luego de los estados de emergencia, la situación para los privados de libertad y su familia se agudizó, ya que en abril de 2020 el Gobierno decidió mantener suspendidas las visitas, esta vez, por la situación de la pandemia por el covid-19.

Organizaciones de derechos humanos consideran que la Dirección General de Centros Penales (DGCP) debería tener un mecanismo para que las personas sepan cómo están sus familiares al interior de las cárceles.

"El Salvador quizás sea uno de los pocos países del mundo que no permite ningún tipo de comunicación. Los internos y sus familiares vivimos con la pena del ayer y el miedo del mañana y son los ladrones que nos roban el hoy. Porque no sabemos de nuestros padres, hermanos, hijos, esposas, abuelos. No sabemos si viven o si han muerto", es parte del relato de una madre de un privado de libertad que accedió a hablar con LA PRENSA GRÁFICA.

El director de FESPAD, Saúl Baños, reconoció que la suspensión a consecuencia del covid-19 no es solamente en El Salvador, sin embargo cree que "ha transcurrido un año de esa medida y podemos decir que la DGCP debería estar tomando algunas medidas para restituir la normalidad y lo ordinario del régimen penitenciario".

Representantes de organizaciones de derechos humanos coinciden en que el derecho que las autoridades de Gobierno están vulnerando a los reos y sus familias es el de mantener comunicación y relación con sus seres queridos.

"¿Cuál es el peligro de estas pérdidas de contacto? Que se limite la información ha sobrepasado aspectos propios de la pandemia y ha llegado a un hermetismo del sistema penitenciario al punto que lamentablemente albergamos la sospecha de que al interior de los centros penitenciarios se esté gestando una verdadera crisis humanitaria", cuestionó el abogado de Cristosal Luis Salazar.

La directora de Azul Originario, Wendy Morales, asegura que es alarmante y preocupante la falta de comunicación con los privados de libertad. "Hemos tratado de hacer incidencia con las familias para que esto se aperture porque hay una violación a los derechos fundamentales, las familias tienen que seguir ese contacto para que el proceso de reinserción se haga", dijo Morales.

El jefe de la Unidad de verificación penitenciaria de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH), Carlos Rodríguez, dijo a LA PRENSA GRÁFICA que el ingreso a los Centros Penales les ha sido negado. Eso a pesar que el artículo 40 de la Ley de la PDDH establece que el procurador o sus delegados tendrán libre e inmediato acceso a los centros penitenciarios o cárceles a fin de garantizar el respeto de sus derechos humanos.

"Cuando ellos (Centros Penales) notaron que PDDH estaba levantando un esfuerzo por hacer visibles las violaciones graves que se están cometiendo ahí adentro, se cerraron las puertas e impidieron el ingreso a personal de PDDH que se presentaba", enfatizó Rodríguez.

Luis Salazar cree que las posibilidad de verificación de la procuraduría es una garantía de que no ocurran torturas u otro tipo de violaciones al interior de los establecimientos penitenciarios.

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