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Un impuesto por usar bolsas plásticas y prohibir uso de desechables: ¿Qué contiene la propuesta de ley presentada hoy por el FMLN?

La iniciativa contempla la prohibición de fabricar, importar, comercializar o utilizar pajillas, removedores, hisopos y envases desechables en El Salvador. El impuesto entraría en vigencia el 1 de agosto del 2020, si proyecto es aprobado.

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Foto de LA PRENSA/Archivo

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El FMLN presentó este miércoles en la Asamblea Legislativa un anteproyecto de “ley para la prohibición de plásticos de un solo uso y recipientes o envases descartables”.

La iniciativa surge “considerando” que los plásticos de un solo uso generan “una serie de consecuencias negativas” debido a su dificultad para descomponerse, por la dificultad para reutilizarse y por la cantidad en que se producen. “65 toneladas de plástico se generan solo en el área metropolitana de San Salvador del cual solo una tercera parte es reciclado de una manera formal, continuando lo demás en las calles”, expone el anteproyecto.

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La ley regularía el “plástico de un solo uso, otros plásticos no reutilizables y los recipientes o envases descartables de poliestireno expandido (tecnopor) para alimentos y bebidas de consumo humano” y se aplicaría en todo el país.

Se define como “plástico de un solo uso” a aquellos que son “de base polimérica” y que están diseñados para usarse una vez –como su nombre lo indica- y “con corto tiempo de vida útil” y cuya composición y características no permite o dificulta su biodegradabilidad o su valorización (reutilización). “También se le conoce como descartable”, indica.

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¿Qué prohibiría?

Lo primero que se legislaría, a partir de 120 días (4 meses) de entrada en vigencia de la ley, es la prohibición para adquirir, usar o comercializar en las áreas naturales protegidas, áreas declaradas patrimonio cultural o natural de la humanidad, museos parques, zonas verdes, plazas, centros comerciales y playas las “pajillas, removedores, hisopos, vajillas y recipientes o envases de poliestileno expandido para bebidas y alimentos”.

Además, se prohibiría entregar bolsas o envoltorios de base polimérica en publicidad, recibos de cobro de servicios y “toda información dirigida a los consumidores, usuarios o ciudadanos en general”.

 

Al año

Pasados los doce meses de entrada en vigencia de la ley, sería prohibido importar, distribuir, entregar, comercializar, consumir o fabricar para el consumo en El Salvador las pajillas y similares, bolsas de base polimérica no biodegradables con aditivos que catalicen la fragmentación del material en microfragmentos o microplástico y las “bolsas de base polimérica cuya dimensión tenga un área menor a 900 centímetros cuadrados y aquellas cuyo espesor sea menor a 50 micras”.

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Al año y medio

A los 18 meses de la ley deberán reemplazarse en forma progresiva la entrega de bolsas de base polimérica no reutilizables por bolsas reutilizables u otras cuya degradación no genere contaminación por microplástico en “todas las instituciones de gobierno, supermercados, autoservicios, almacenes, comercios en general u otros establecimientos similares, así como sus contratistas o prestadores de servicios”.

Para aplicar esta obligación, los establecimientos cobrarán a los usuarios por cada bolsa reutilizable o con degradación aceptable una cantidad de dinero que “como mínimo” equivalga al precio del mercado y se informará de forma explícita al consumidor.

Fábrica de plástico. Foto de LA PRENSA/Archivo

Tres años

A los 36 meses será prohibido importar, distribuir, entregar, consumir y fabricar para el consumo en El Salvador “bolsas plásticas de base polimérica, que no sean reutilizables y aquellas cuya degradación genere contaminación por microplástico o sustancias peligrosas y no aseguren su valorización (reutilización)”, así como las “vajillas de base polimérica” que no sean reciclables así como el uso de “recipientes o envases y vasos de poliestireno expandido (tecnopor) para alimentos y bebidas de consumo humano”.

La Ley asegura que establecera “progresividad y los mecanismos necesarios para no afectar las actividades de la micro y pequeña empresa”.

El impuesto

A partir del 1 de agosto del próximo año se cancelaría un impuesto por el consumo de bolsas de plástico, el cual tendría el objetivo de desincentivar su uso.

Foto de LA PRENSA/Archivo

Este impuesto lo pagarían todas las personas que adquieran bolsas plásticas para cargar o llevar bienes de los establecimientos comerciales o servicios que las distribuyan y se aplicaría por cada bolsa.

Se iniciaría pagando $0.02 en el 2020, $0.05 en 2021, $0.10 en 2022, $0.15 en 2023 y $0.25 desde el 2024 en adelante.
El impuesto será cobrado por la persona natural o jurídica que transfiera las bolsas al comprador y cada mes deberá declarar y pagar lo retenido al Ministerio de Hacienda. El dinero irá al Fondo General de la Nación y lo administrará este ministerio.

Sanciones, incentivos y educación ciudadana

La ley contempla además la obligación de fabricar botellas con al menos 15 % de material reciclado, un certificado de biodegradabilidad para los productores e importadores de productos plásticos, sanciones por el incumplimiento de la ley, incentivos por usar tecnologías o insumos protectores al medio ambiente, educación ciudadana para el compromiso ambiental impulsada por el Ministerio de Educación, MARN  y alcaldías, la implementación de un registro de fabricantes e importadores de bolsas de base polimérica, entre otros.

El FMLN presentó hoy la propuesta. Foto: Cortesía

Solamente quedarían excluidas de esta ley las bolsas para “contener y trasladar alimentos a granel o alimentos de origen animal, así como aquellas que por razones de asepsia o inocuidad son utilizadas para contener alimentos o insumos húmedos elaborados o preelaborados” -siempre y cuando cumplan con las normas- y las bolsas que se usan por razones de “limpieza, higiene o salud”, así como el instrumental plástico de necesidad médica en los establecimientos de servicios médicos.

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