Un infierno hecho para su hija Lucía, una historia de explotación infantil

Una estremecedora historia fue la que vivió Lucía (nombre cambiado, por su seguridad) cuando el sueño de vivir en el seno de una familia que le diera protección y amor se convirtió en una pesadilla, pues su madre biológica la obligó a prostituirse con apenas 10 años de edad.
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Sin entrar en muchos detalles, debido a la protección de la víctima, fiscales de la Unidad del Menor y la Mujer de Ahuachapán comentaron algunas partes del proceso judicial que culminó con una condena de 10 años de prisión en contra de Irma Idalia Arévalo Martínez por los delitos de determinación a la prostitución, además de abandono y desamparo de personas.Además de la mujer, de 43 años de edad, también fue condenado Emilio Marroquín, de 73 años, a quien el juzgado de Sentencia le impuso 14 años de prisión por el delito de violación en menor e incapaz.

La trágica historia de Lucía inicia a los pocos meses de nacida, cuando Arévalo Martínez, su madre biológica, decide abandonarla con una pareja vecina que automáticamente se convirtió en sus verdaderos padres, como lo reconoce la menor de edad.

Durante los primeros 10 años de vida Lucía desconoció el paradero de su progenitora, hasta que un día sin previo aviso la mujer exigió a una instancia gubernamental intervenir para que la niña estuviera bajo su cuido.

“La mujer prácticamente dejó tirada a la niña con la vecina y se fue, luego de varios años acude al CONNA para que se le regrese, y la institución, creyendo en las buenas intenciones de ella, decide que la niña conviva con ella, en el seno familiar”, relató una de las fiscales que llevó el caso.

El inesperado regreso trajo para Lucía una serie de agresiones físicas. “La niña era obligada a realizar todos los oficios domésticos que realizaba la madre y cuando no los realizaba como ella quería era golpeada. La niña pasó de vivir en un ambiente familiar cálido a uno de explotación, donde los golpes eran acompañados con insultos verbales”, comentó una fiscal mientras hojeaba el expediente judicial que contiene una serie de pruebas en contra de los imputados.

Añadió que después de algunos meses la mujer le dijo a Lucía que irían a una vivienda ubicada en las cercanías del “by-pass” de Ahuachapán. La niña obedeció la indicación de su madre, sin preguntar qué harían, y salió con ella al lugar mencionado. Cuando llegaron, en el interior de la casa se encontraba Emilio Marroquín, con quien la mujer había llegado a un arreglo económico a cambio de mantener relaciones sexuales con la menor de edad.

Pero en ese primer encuentro la menor no permitió que se cometiera el abuso, al mismo tiempo que cuestionó a su madre de por qué la había llevado al lugar. Como respuesta la mujer le propinó una brutal paliza.

“La niña no dejó que el hombre, que es Emilio Marroquín, la violara y logró escapar de la habitación. En el camino entre lágrimas le reclama a su mamá que por qué le hacía eso, por qué la había llevado a ese lugar, y al llegar a la casa la mujer toma un leño y la golpea porque no se dejó violar”, expuso la Fiscalía en los tribunales ahuachapanecos.

La encargada de la acusación dijo que semanas después se repitió el episodio. Lucía fue llevada al mismo lugar y esa vez sí fue abusada sexualmente. “Desde entonces la desnaturalizada madre la llevaba al lugar, a que la niña fuera abusada sexualmente, el hombre incluso alquilaba su casa para que el delito se cometiera por parte de otros sujetos. Existía la complicidad ente ambos. La mujer le decía a la niña que debía aportar económicamente a la casa, porque lo que su papá ganaba no alcanzaba”, explicó una de las fiscales.

Luego de varios meses Lucía escuchó en una charla que llegaron a dar unos policías a su escuela que las niñas no deberían permitir ser abusadas sexualmente, ni golpeadas, ni obligadas a realizar actividades que estuvieran contra su voluntad ni acordes a su edad. Entonces se armó de valor y contó a su madre adoptiva lo que sucedía, quien no dudó en interponer una denuncia.

En el proceso judicial Arévalo Martínez no solo perdió todos los derechos que tenía sobre su hija, sino que le fueron retirados los derechos sobre el resto de sus hijos. Durante la lectura del fallo en el tribunal de Sentencia no levantó los ojos. Se mantuvo quieta y hasta desentendida a cada palabra que el juez pronunciaba en la resolución, donde se ordenaba fuera trasladaba hacia cárcel de mujeres, en Ilopango, San Salvador, para que cumpliera la pena, mientras que al septuagenario lo llevaran al penal de Apanteos, Santa Ana.

Lucía volvió a convivir con sus padres adoptivos, que la recibieron con los brazos abiertos. “La pareja adoptiva de Lucía nunca pudo tener hijos y por eso se apegaron a la niña. Ella está en un intensivo tratamiento sicológico y ha regresado a la escuela. Dice que no entiende cómo su mamá biológica la pudo obligar a lo que le pasó. Ahora solo quiere comenzar una nueva vida con los que considera verdaderos papás. Gracias a Dios se pudo rescatar a la niña antes que algo peor sucediera”, concluyó una de las fiscales del caso tras colocar el caso de Lucía sobre una apiñada fila de expedientes, que aún están pendientes de resolverse.

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