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Piezas arqueológicas que se venden en el Marketplace de Facebook y otras deudas con el patrimonio cultural

Mientras el Ministerio de Cultura registra 35 hurtos o robos de bienes culturales en los últimos 20 años, la Fiscalía da cuenta de 60. Más allá de la diferencia, del total reportado por la primera institución, las autoridades solo lograron la recuperación de una pieza. Las cifras retratan un país con escaso control sobre su patrimonio cultural y poco interés en el mismo, así como un deficiente trabajo para combatir el tráfico ilícito de ese tipo de bienes. Los especialistas insisten en que la ley está desfasada y presenta vacíos importantes.

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Venta. El tráfico ilícito de bienes culturales se ha adaptado a las nuevas tecnologías. En plataformas como Facebook o páginas como Encuentra 24 es fácil encontrar piezas a la venta.

Venta. El tráfico ilícito de bienes culturales se ha adaptado a las nuevas tecnologías. En plataformas como Facebook o páginas como Encuentra 24 es fácil encontrar piezas a la venta.

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El 22 de agosto pasado, en el Marketplace de Facebook se publicó a la venta varias piezas arqueológicas que datan de los años 400 a.C., al 200 d.C. y del 600 al 900 d.C., las cuales, aunque atractivas, no deberían de ser comercializadas, puesto que el Código Penal de El Salvador sanciona dichas transacciones con prisión de uno a dos años.

A pesar de eso, casos de ese tipo se han repetido con regularidad en las últimas dos décadas, en las que el país registró al menos 35 hurtos o robos de patrimonio cultural, de los cuales la Fiscalía General de la República (FGR) y el Ministerio de Cultura (MICULTURA) lograron recuperar solamente una pieza: una escultura religiosa de San Antonio de Padua que había sido hurtada en Metapán, en 2019.

No obstante que El Salvador cuenta con una Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural y que su Código Penal tipifica delitos específicos para estos hechos, los especialistas coinciden en que dichos marcos legales contienen vacíos importantes y están desfasados.

El arqueólogo Paul Amaroli, de la Fundación Nacional de Arqueología de El Salvador (FUNDAR), fue parte del equipo asesor de la referida ley. El especialista lamenta que, en el proceso de creación de la misma, en los años 90, sus opiniones no fueran tomadas en cuenta. Hoy, Amaroli considera que la citada legislación tiene un enfoque que no se corresponde con los tiempos actuales.

"Desafortunadamente la ley con la que cuenta el patrimonio arqueológico en la actualidad mantiene una visión de mundo como de los años cincuenta, lo cual actúa como un retroceso a la protección de los bienes culturales", asegura.

"Para mí la ley es una ley sin dientes y con muchos vacíos. Necesita una renovación para que se puedan castigar los delitos como la destrucción del patrimonio", complementa el también arqueólogo Marlon Escamilla, quien fue director nacional de Patrimonio Cultural y Natural, entre 2015 y 2017 en la entonces Secretaría de Cultura de la Presidencia (Secultura).

La problemática de la escasa protección del patrimonio cultural por parte del Estado es tal que, en 2016, uno de los espacios donde en teoría los bienes culturales deberían de estar seguros fue el escenario de un hurto de piezas. Estas se encontraban en la sala introductoria del Museo Nacional de Antropología Dr. David J, Guzmán (MUNA) que, por ese tiempo, permanecía cerrada por remodelaciones. Hasta la fecha, dichas piezas no han sido recuperadas.

Heriberto Erquicia, el arqueólogo que fungía entonces como director del museo, resume así lo sucedido: "Fue un robo directo al Estado. Se llamó a la FGR, llegaron los peritos, se tomaron huellas, pero hasta el día de hoy no ha habido una resolución", lamenta.

De hecho, Erquicia comenta que con el tiempo, el caso ya no tuvo la misma relevancia para las autoridades. "Yo creo que el abordaje fue bueno en un inicio porque hubo presión de los medios, pero luego se desvaneció. Nosotros cada cierto tiempo estábamos pendientes de cómo iba el caso, pero llegó un momento en el que ya no obtuvimos respuesta", rememora.

Lo que al día de hoy sigue siendo un misterio —al igual que la forma en la que se cometió el delito— es el número oficial de piezas sustraídas. Incluso, al verificar el registro de bienes culturales hurtados a nivel nacional que posee MICULTURA no se precisa una cantidad específica o si las piezas que se reportan para 2016 corresponden a las del caso MUNA.

Esa falta de un registro real de las denuncias sugiere que el trabajo para resolver temas como el hurto y el tráfico ilícito de bienes culturales tampoco es el más idóneo.

"Trabajamos de la mano con MICULTURA al encontrar uno de estos casos, les informamos para que ellos den fe si es un objeto de naturaleza cultural o no", comenta Yanira Alvarado, fiscal de la Unidad Penal del Estado de la FGR, al referirse al protocolo que se sigue entre instituciones para abordar estos casos.

Pero la retroalimentación entre instituciones queda en tela de juicio ya que al contrastar la información que poseen las entidades se encuentra una diferencia en la cantidad de casos que estas manejan. Así, mientras MICULTURA ha reportado 35 casos relativos al patrimonio cultural en 20 años, el registro de la Unidad de Estadística de la Fiscalía da cuenta de 60.

Blanqueo de bienes

Esos vacíos legales y la falta de un control por parte del Estado generan, en definitiva, un importante tráfico ilícito de bienes culturales que representa un grave riesgo para el patrimonio histórico nacional.

Se estima que en Centroamérica dicho fenómeno arroja cifras alarmantes. Según datos de Naciones Unidas, cada mes se extraen 1,000 piezas de cerámica maya por un valor de $10 millones, lo que implica un mercado rentable para los traficantes.

"El tráfico ilícito de bienes culturales es uno de los delitos más graves a nivel mundial y se ubica sólo por detrás de las armas y las drogas", afirma el Comité Argentino de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales.

Parte del problema, de acuerdo con personas ligadas al sector, es el desconocimiento general sobre la protección de los bienes culturales, lo que facilita la operatividad de redes muy amplias que se aprovechan para engañar y lucrarse económicamente de los tesoros históricos.

Según un artículo de la revista especializada Koot, en esa dinámica del tráfico ilícito de bienes culturales participan huaqueros (coyotes de piezas), comerciantes, coleccionistas, mafias organizadas, casas de subastas y "compradores de buena fe", lo que lleva a un proceso que se denomina blanqueo de bienes, que no es más que la justificación de legitimar la existencia de colecciones privadas, sobre todo de piezas arqueológicas que no están registradas por el Estado.

La supuesta necesidad de esos coleccionistas de suplir al Estado argumentando que este no logra dar una correcta protección de los bienes culturales es un tema que en El Salvador se encuentra avalado por la misma Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural, específicamente de los artículos 9 al 14, que abordan la propiedad, posesión y tenencia de los bienes culturales.

"Hay dos esferas en el tráfico, siento que la ley castiga al agricultor que encuentra una pieza y protege al coleccionista que las consigue del tráfico", considera el arqueólogo Escamilla.

De hecho, amparada en la normativa, MICULTURA respalda la existencia de colecciones privadas limitándose a mantener un registro de ellas. En dicho registro, por medio de un formulario, se ingresan los datos de las piezas y se describen sus características principales como un mecanismo de protección. El problema surge cuando se trata de hallazgos arqueológicos de los que nadie conoce su ubicación o existencia, y donde todo se reduce a la "buena fe" de quien los encuentra para dar aviso a las autoridades.

Es ahí donde el coleccionismo se convierte en uno de los principales obstáculos, ya que, según los expertos, es el último escalón en el tráfico de bienes culturales alrededor del mundo. "Es un círculo vicioso de oferta y demanda. Yo voy a saquear porque alguien me la va a comprar. Saquean porque hay una demanda, y no solo nacional, sino internacional", mencionó Escamilla en una entrevista con El Faro realizada en 2015.

Para conocer la cantidad de colecciones arqueológicas privadas que existen en el país, se solicitó a la Unidad de Acceso a la Información Pública de MICULTURA las inscripciones de colecciones arqueológicas y paleontológicas privadas registradas entre 2000 y 2020. Días más tarde, el ministerio denegó dicha información al determinarla como "confidencial". Esto a pesar de que lo solicitado era "una versión pública" que, según el artículo 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) debía ser entregada omitiendo los datos clasificados que esta contuviera.

Organizaciones como la International Council of Museums (ICOM) poseen bases de datos abiertos muy amplias sobre bienes culturales en peligro que, en el caso de dicha entidad, agrupan en las denominadas Listas Rojas. En la actualidad, El Salvador registra en ellas 14 piezas, que en su mayoría son de tipo precolombino y colonial.

Otro caso similar es el de la herramienta "Memoria Robada", impulsada por el proyecto periodístico Plaza Pública, de Guatemala. Esta contiene 50,000 fichas de robo, subastas, registro y repatriaciones de bienes culturales en toda América Latina y el mundo, basándose en los informes de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

La citada herramienta incluye 13 reportes de robo de piezas salvadoreñas, entre las que se encuentra la Cabeza de Jaguar, una escultura en piedra de más de 2,000 años que desapareció en 2015 de una finca en el occidente del país.

En constante adaptación

A pesar de los esfuerzos internacionales por combatir el tráfico ilícito de bienes culturales, cada día siguen sumándose casos de ese tipo de transacciones, sobre todo por la capacidad del fenómeno de adaptarse a las nuevas tecnologías.

"Hay un gran mercado de piezas arqueológicas y hay coleccionistas que pagan miles de dólares por ellas. Es muy común en la actualidad ver que se venden en Internet y desafortunadamente es muy difícil darle seguimiento a eso", reconoce el arqueólogo Carlos Manzano.

Plataformas como Facebook y páginas como Encuentra24 se han convertido en el almacén ideal para ese comercio, ya que por su facilidad de uso y al no contar estas con una regulación real sobre este tipo de operaciones, los traficantes han encontrado en ellas un lugar seguro para ofertar dichos bienes.

Con una simple búsqueda en Marketplace se identificó una publicación de un vendedor que comercializaba piezas que a simple vista parecían artesanías, pero que, en realidad, eran piezas arqueológicas del período Preclásico Tardío y Clásico Tardío. Bastaron un par de mensajes y una llamada para que dicha persona diera detalles sobre la supuesta procedencia de esos bienes. "Todas estas piezas las encontramos más que todo en las zonas de Zapotitán y San Juan Opico cuando mi hermano y yo anduvimos trabajando en albañilería, en la década de los 90, en las construcciones de unas residenciales en esas zonas...", contó el vendedor en una conversación por WhatsApp.

Durante una llamada, amplió además que tenía otra serie de objetos, desde vasijas hasta una colección de cabezas. "Te puedo mandar fotos, son varias, son 40 cabezas, tú me dices si las quieres todas. Yo estaría calculando unos $200 por todo", propuso el hombre.

La publicación continúa colgada en la red social.

Según la fiscal Alvarado, a lo largo de 2021 solo han recibido dos denuncias por ventas en Internet, sin embargo las dimensiones de las ventas de piezas en la red es mucho mayor.

De acuerdo con el arqueólogo Amaroli, la cerámica Copador es uno de los materiales más comercializados por Internet, pese a pertenecer al registro de bienes culturales en peligro clasificados por la Lista Roja de la ICOM.

"El 90% del patrimonio arqueológico está en zona desconocida, ¿y cómo se descubre?, pues la mayoría de veces por accidente o casualidad", menciona Amaroli.

A su juicio, lo que hace falta son proyectos de reconocimiento regional para la identificación de sitios con el objetivo de que los descubrimientos no se den por casualidad. De lo contrario, sostiene, la mayor parte de bienes se irá deteriorando o será sustraído sin que nadie se percate.

Protección. De acuerdo con representantes de la cooperativa, actualmente hay unas 164 personas de la comunidad volcadas a resguardar la zona.
Sitios. En la propiedad se advierten montículos de piedra. Junto a la extinta CONCULTURA, los habitantes identificaron unos 37 sitios.
Terrenos. La Asociación Cooperativa San Isidro, de Tamanique, se ha unido para resguardar una zona arqueológica ubicada en terrenos de su propiedad.

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Tags:

  • patrimonio cultural

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