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Una Corte negligente e inerte, según sociedad civil

Diferentes organizaciones anticorrupción critican que los actuales magistrados han mantenido “la negligencia histórica” que tolera la corrupción.
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Rodrigo Barahona salió del elevador en el quinto nivel del edificio central de la Corte de Cuentas de la República (CCR), abrió por primera vez la puerta de la oficina presidencial y se sentó en una silla ejecutiva ante la mirada de los periodistas. Se dirigió a las cámaras de televisión y prometió: “Vamos a vigilar el uso de los recursos del Estado”. Detrás iba Karen Cruz, la segunda magistrada, quien también prometió: “Vamos a trabajar en contra de la corrupción y vamos a cambiar la imagen de la institución”.

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Eso sucedió el 24 de noviembre del año pasado, cuando, junto a Osmín Cunza, acababan de ser elegidos por la Asamblea Legislativa como los magistrados. Seis meses después, y a punto de terminar su gestión, organizaciones de la sociedad civil señalan que los funcionarios no han cumplido nada de lo prometido.

El representante de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) Javier Castro cree que los actuales magistrados han mantenido la “deficiencia y negligencia histórica”. Castro, consultado por LA PRENSA GRÁFICA, explica que a pesar de que el periodo para el que fueron elegidos los actuales magistrados es corto, debería haber sido suficiente para procurar eficiencia. “Históricamente la Corte de Cuentas ha funcionado bajo criterios políticos partidarios. Ha estado ausente cuando de cuidar el patrimonio se trata. Con estos magistrados, la Corte continúa pasiva y deficiente ante la corrupción. No se ven cambios claros y tampoco un giro de timón”, considera el abogado.

Óscar Campos, de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), coincide con Castro al decir que los actuales magistrados mantienen la negligencia histórica ante las denuncias ciudadanas. “Hemos acompañado denuncias, y aunque las reciben, nunca pasa nada. Nos ha tomado por sorpresa que las oficinas regionales tienen acuerdos con alcaldías del interior del país, para que las auditorías sean limpiadas y no pasen a juicio. Esto no tenemos cómo comprobarlo, pero sí está ocurriendo”, denuncia Campos, quien considera que los magistrados tampoco han reducido la mora de casos y que muchos procesos caducan, sin que los jueces impongan una condena.

Campos señala que los magistrados tampoco han impulsado que la información oficiosa esté completa y actualizada en el portal web de transparencia.

Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana, califica de “discreta” la gestión de los actuales magistrados.

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“No vemos claridad en el trabajo de los magistrados, no vemos que avancen los casos. Nosotros, por ejemplo, solicitamos que se haga una auditoría por el dinero del Presupuesto General de la Nación que se entrega a organizaciones vinculadas a partidos políticos. Hasta la fecha seguimos esperando avances”, dice Escobar.

Sofía Flores, de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), fue más condescendiente en su crítica: “Hace falta un mayor liderazgo y que se vea que están trabajando, como ya lo están haciendo la Fiscalía y la Sección de Probidad. A pesar de eso, yo sí considero que han dado muestras de modernización”, opina Flores.

Puertas cerradas a prensa

Los tres magistrados finalizan su período el 31 de julio. Desde que fueron elegidos para reemplazar a Humberto Valiente, Marco Grande y Raúl López (quienes fueron destituidos por la Corte Suprema de Justicia), han cerrado sus puertas a la prensa, exceptuando la vez en que llegaron a tomar posesión del cargo.

LA PRENSA GRÁFICA, por ejemplo, ha solicitado insistentemente entrevistas con los magistrados, pero hasta la fecha no han concedido ninguna. Por tal razón, no se ha podido preguntar por casos específicos. Sin entrevistas, lo único que ha quedado es abordar a los magistrados en eventos públicos, donde han calcado la respuesta para todas las preguntas: “No podemos adelantar criterio en un juicio de cuentas en proceso” o “la Corte está haciendo su trabajo”.

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