Una condena de cárcel también la sufren ellas

Los familiares de personas privadas de libertad transitan un duelo marcado por la incertidumbre. Las que más cargan este peso son las madres o las que han tomado ese papel.

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"Como quisiera verlo", dice Reina Mercado con voz quebrada. Hace 9 años que no ve a su hijo mayor, de quien prefiere no revelar el nombre. A su segundo hijo, de quien tampoco quiere decir el nombre, no lo ve desde hace cuatro.

Los dos están detenidos en diferentes penales del país, uno por homicidio y el otro "por otras cosas". Pero, Reina dice que el amor de una madre no se mueve aunque los hijos se hayan equivocado.

Reina vive en la zona de Mariona, Ciudad Delgado. Allí reside desde hace muchos años, tantos que ni recuerda cuantos. De allí, desde el año pasado, se traslada a Zacatecoluca, donde está su hijo mayor, y a Quezaltepeque, donde se encuentra su hijo menor, para dejarles un paquete de insumos de cuido y aseo personal. Cuenta que antes, iba a dejar el paquete cada mes, ahora, le piden que lleve lo necesario para tres meses. Y ella, con sus ingresos de la tiendita de colonia que tiene, se las apaña para hacerlo.

Uno de sus peores recuerdos, de finales del 2019, fue cuando ella fue a entregar el paquete a su hijo menor. Al llegar al centro penitenciario, se enteró de que, sin aviso ni explicación, él había sido trasladado.

"Nosotros dejamos las cosas, pero no sabemos si de verdad se las entregan", explica. "La otra vez, lo acabábamos de ir a dejar, cuando ellos les botaron todo. Hasta en las noticias salió que les botaron todo lo que les habíamos dejado".

Reina, su compañero de vida y su hijo hijo más joven, viven al día y, con esfuerzo, habían ahorrado para llevarle una colchoneta a su hijo privado de libertad, el mayor. Con tristeza, cuenta que eso también se lo quitaron y tiraron.

Ella se da cuenta de estas cosas por preguntar a otras madres que viven en su situación, por cosas que publican en los grupos de redes sociales, por información que algunos oficiales de centros penales les dejan saber. El contacto directo con su hijo es nulo.

La última vez que los vio, "estaban pechitos, pechitos", describe. También dice que padecen de los pulmones y de gastritis. Como hace años no se comunica con ellos, no sabe su estado de salud. Reina ni siquiera sabe los detalles de sus condenas. Sabe que sus hijos no han tenido comunicación directa con sus abogados en mucho tiempo, porque debido a las restricciones de la pandemia, todo contacto desde el exterior se anuló. Tampoco conoce los detalles de sus condenas y procesos porque, seguir y entender todo lo que el abogado dice le es difícil y ella y su familia no tienen los recursos para buscar asesoría privada.

Reina, así como muchas otras madres de personas privadas de libertad, sólo quieren volver a ver a sus hijos. Para ella, verlos por el día de las madres sería el mejor regalo.

De acuerdo con Johanna Ramírez, del Servicio Social Pasionista de El Salvador, la comunicación y contacto con las personas cercanas a los privados de libertad es vital para los procesos de readaptación y reinserción social y explica que: "Son las mujeres quienes están haciendo frente a esta situación, viviendo violaciones a derechos humanos por el acceso a la información. Sobre todo porque tienen años de no tener contacto con sus familiares".

Ramírez también detalla que la declaratoria de estado de emergencia máxima dentro de los centros penales ha dado paso a más denuncias por los abusos que restringe la ya limitada comunicación. "Se ha impedido totalmente el acceso a los defensores, y las familias asumen estos gastos", agrega. Y manifiesta que: "Son muchas las mujeres que están a la espera de obtener información".

Asimismo, detalla que un principio fundamental de la rehabilitación y reinserción social es el contacto directo que puedan tener con sus familiares.

Muchas madres de privados de libertad alegan que "La pandemia, es la excusa perfecta para mantenernos incomunicados, mientras venden la idea que la incomunicación en las cárceles es baja de crímenes", y sostienen que sólo les hacen sufrir y aleja la posibilidad de una inserción satisfactoria.

Muchos reos en fase de confianza, dicen sus familiares, están trabajando. Sus madres se enteran que fueron a limpiar playas, a dejar paquetes de alimentos del Gobierno, a recoger basura, por conocidos. Gente que ve una foto publicitaria en redes sociales, o un voluntario que les llevó comida.

Ese fue el caso de Emma Velasco, su hermana fue condenada a 8 años por vinculación a un delito. Embarazada, fue llevada a la Granja Penitenciaria de Izalco, allí dió a luz a su segundo hijo. A los 3 años de edad se lo entregaron a Emma. Desde entonces, este niño, de ahora seis años, no ve a su madre. Emma, tiene ya 16 meses sin saber de su hermana. La comunicación fue interrumpida por la normativa de pandemia.

Emma y su mamá cuidan a los dos hijos de su hermana en la Comunidad Nuevo Israel de San Salvador. Gracias a publicaciones de centros penales se han dado cuenta de que ella está en fase de confianza y se encuentra realizando trabajos en este programa, tan afamado por el Gobierno durante la pandemia de covid-19. Implica que la persona privada de libertad, según la Ley Penitenciaria, adquiere "flexibilización de la disciplina y la concesión de mayores facultades al condenado", entre estas concesiones se destacan: "El interno podrá disfrutar de permisos de salida" y "se aumentará el número de visitas familiares y de amigos". Facultades que la hermana de Emma no ha recibido. Su familia ni siquiera se pudo enterar de que ella era elegible para el programa.

Emma solo sabe que este año, como el anterior, su hermana no celebrará el día de madre con sus hijos. Que ella los cuidará hasta se puedan volver a reunir.

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