Una masacre difícil de resolver

Tres peticiones han sido concedidas por el juzgado para reprogramar la audiencia en la que se determinará si los cinco involucrados en el caso de la masacre de Opico serán enviados a juicio. La primera fue en noviembre del año pasado. Después de siete meses de investigación, la fiscalía solicitó más tiempo. Los fiscales no se sentían listos.
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La declaración del testigo Islámico, un pandillero que participó en el crimen pero que tiene beneficios a cambio de su declaración, no era suficiente para poder evidenciar que estos cincos supuestos pandilleros efectivamente participaron en el asesinato de ocho empleados de una distribuidora de energía eléctrica y tres jornaleros que ocurrió el 3 de marzo de 2016, en el cantón Agua Escondida, del municipio de San Juan Opico, en La Libertad.El Juzgado Especializado de Instrucción B de San Salvador, sin embargo, otorgó tres meses más para recolectar pruebas. En noviembre, ese tribunal fijó como nueva fecha de audiencia preliminar el 7 de marzo de 2017 a las 8:30 de la mañana. Pero este martes, la Unidad de Comunicaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez de San Salvador notificó que la audiencia fue reprogramada nuevamente, pero esta vez a petición de la defensa.

Un día antes, este abogado llegó a las instalaciones del juzgado para presentar un escrito en el que señaló que no podía asistir a la diligencia porque ese mismo día tenía un juicio en otro tribunal, por lo que la audiencia fue reprogramada por segunda vez para ayer a las 8:30 de la mañana. Sin embargo, a esa hora el centro judicial no había asignado una sala de audiencias.

Desde ese momento iniciaron las sospechas de que por tercera vez la audiencia sería suspendida. En la espera a que asignaran sala, el jefe de Comunicaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez, Jaime Ulises Marinero, informó que la diligencia fue suspendida porque la fiscalía le informó al juzgado, ayer mismo, que no podían asistir porque tenían otra audiencia en Santa Ana. La fiscalía optó por irse a Santa Ana y no presentar las nuevas pruebas que tiene en contra de los supuestos pandilleros ligados al múltiple homicidio. Por el momento solo se conoce la declaración de Islámico, quien le contó a la fiscalía que las víctimas fueron asesinadas por una confusión. El ataque, supuestamente, estaba dirigido hacia pandilleros rivales. El testimonio del único testigo criteriado en el caso se ha puesto en duda, pues aseguró que Miguel Ángel Deras participó en la masacre. Sin embargo, un mes después, reconoció que se había confundido. Esto permitió que Deras quedara en libertad.El día de la masacre los pandilleros se vistieron como policías para ejecutar a los hombres. En el camino encontraron a ocho trabajadores que estaban colocando postes del tendido eléctrico. Ellos, según Islámico, sabían que no se trataba de pandilleros; a pesar de eso, decidieron matarlos.

Un pandillero obligó primero a que los hermanos Érick y Marvin Durán se acostaran en el suelo boca abajo para luego atarlos de pies y manos. La misma orden fue para el resto de trabajadores. Luego de eso, un grupo de pandilleros golpeó a las víctimas y luego las atacó con diferentes armas blancas. Uno de los responsables incluso grabó la participación de todos en un video por medio de un teléfono celular, que fue incautado por la Policía días después.Esta masacre sirvió como excusa para el Ministerio de Justicia y Seguridad para poder implementar medidas especiales en las cárceles. Las autoridades le llamaron a eso “medidas extraordinarias”.

Veintiocho días después de ocurrido el múltiple crimen, que conmocionó a la población, siete centros penitenciarios del país fueron declarados en emergencia. Se restringieron las visitas. Además, colocaron aparatos para evitar la entrada y salida de llamadas. Se trata de una estrategia que fue aprobada por la Asamblea con vigencia para un año pero que ya fue ratificada para otro año más.La audiencia ha sido reprogramada para el viernes 31 de este mes. La fiscalía espera, esa vez, tener las pruebas para resolver la masacre.
 

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