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Urgen al Estado asumir caso Récord

En la antigua fábrica se mantienen escorias de plomo y otros tóxicos que eran utilizados para ensamblar baterías, hace más de 10 años.

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1Contaminación. Los niveles de contaminación podrían ser incalculables.

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El abogado de Tutela Legal, Alejandro González Díaz, manifestó que el Estado, a través de las instancias competentes, está obligado a asumir la responsabilidad del impacto ocasionado por el incendio en la fábrica abandonada de Baterías Récord, ocurrido el domingo pasado por la noche, en San Juan Opico, La Libertad.

González fungió como abogado defensor de las víctimas por la contaminación de la exfábrica durante los procesos legales contra los dueños de dicha empresa, y estuvo a cargo del proceso de amparo interpuesto ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

El querellante recordó que se determinó que la fábrica sí contaminaba, que quedaban cenizas y escoria de plomo, restos de selenio y ácido sulfúrico, entre otros, y que se decretó emergencia ambiental en el lugar desde 2010 para retirar el material tóxico. Sin embargo, los gobiernos anteriores no cumplieron con la resolución.

Agregó que los dueños de la fábrica huyeron del país hacia Estados Unidos y que la extradición tampoco fue solicitada por la Fiscalía General de la República, según tiene conocimiento, por lo que este incidente reabre el caso.

"El principal responsable es el Estado, que no ha tomado con seriedad un caso tan grave. En los procesos judiciales se consideró que son $4 mil millones solo para solventar el daño ecológico, aparte de los problemas de salud por la contaminación (con plomo). La responsabilidad recae en las anteriores autoridades y en las actuales. La sentencia ordena al Estado retirar el plomo y sanear la zona", dijo.

En un comunicado firmado por Tutela Legal, el Comité Ambiental del Sitio del Niño y comunidades de la zona afectada, se indicó que "hay impunidad ambiental y de salud", a lo que González agregó el desacato ante la Sala de lo Constitucional, en resolución final emitida en marzo de 2015.

Asimismo, piden al Gobierno actual la conformación de una comisión de expertos internacionales para que evalúe el impacto tras el incendio, ya que desde antes, según peritos internacionales, el plomo y demás tóxicos de la planta ya alcanzaban el territorio nacional, no solo el cantón Sitio del Niño, donde está la exfábrica.

"La Comisión Internacional buscaría una respuesta científica y (concluir) cómo y cuándo se retirará el material tóxico de la zona", indicó y advirtió que el tema demanda acciones inmediatas.

Por su parte la bióloga Cidia Cortez, ambientalista de la organización social Ecofeministas de El Salvador, considera que las emanaciones de gases tóxicos por la quema creará mayor afectación en la zona, a corto y largo plazo, tanto en salud, cultivos, mantos acuíferos, calidad del aire y suelo, de la que ya se enfrentaba en el lugar. "Problemas en la piel, ojos, vías respiratorias, eso a corto plazo", recalcó.

En tanto, la alcaldesa de San Juan Opico, Abigail Girón, dijo que solicitará a la comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa y al Ministerio de Medio Ambiente que retomen el caso, pues en febrero pasado venció la declaratoria de emergencia en la exfábrica.

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