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Vacíos en ley de partidos impiden cumplir sentencias, dice FUSADES

Partidos se han resistido a transparentar por completo sus cuentas. Organización señala casos que dan luces de dudoso financiamiento.
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Hay carencias.  El DEP señala que el TSE no tiene las facultades necesarias para cumplir con su papel fiscalizador de fondos. Las dificultades, señalan, son producto por los vacíos y por la “tibieza” de las leyes.

Hay carencias. El DEP señala que el TSE no tiene las facultades necesarias para cumplir con su papel fiscalizador de fondos. Las dificultades, señalan, son producto por los vacíos y por la “tibieza” de las leyes.

Vacíos en ley de partidos impiden cumplir sentencias, dice FUSADES

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“La legislación mantiene vacíos importantes que impiden a las autoridades el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Constitucional”, se lee en la publicación “Los avances y retos en la fiscalización del dinero en la política” del Departamento de Estudios Políticos (DEP) de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES).

La fundación señala que a pesar de los intentos que se han hecho, originados en peticiones de la sociedad civil para que partidos transparenten sus finanzas, hay vacíos en la Ley de Partidos Políticos y carencias en algunas instituciones que deberían ser las encargadas de fiscalizar los fondos.

En agosto de 2014, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió la sentencia 43-2013, en la que se determinó que existe una “creciente preocupación por la corrupción y los riesgos de que esta involucre a los partidos políticos y al aparato estatal” y que esto obligaba a poner atención a las relaciones entre funcionarios públicos y los que representan intereses económicos.

El señalamiento que hizo en ese caso la Sala sobre que el acceso a la información facilitaba que las democracias fueran transparentes coincidió con advertencias que había hecho ya FUSADES sobre lo importante que resulta el acceso a la información pública y el beneficio que trae a la sociedad.

El camino para que los partidos presenten cuentas claras no ha sido fácil, pero el DEP en su publicación destaca el papel de la sociedad civil “como agente de cambio”. Al respecto, también la fundación ha tenido un papel relevante debido a que junto con la organización Aliados por la Democracia (AD) en 2016 presentaron a la Asamblea Legislativa un pliego de reformas para la Ley de Partidos Políticos que iban “encaminadas a fortalecer el procedimiento de solicitud de información y la fiscalización y regulación del financiamiento de precandidaturas y candidaturas”.

El DEP señala que entre 2004 y 2014 hay al menos seis casos que presentan un financiamiento político irregular. Fondos provenientes de otros gobiernos, de instituciones extranjeras y designaciones de financistas para puestos de confianza en el Estado son algunos de los que mencionan.

“El proceso tortuoso que ha seguido la sociedad civil, representada en este caso por AC, solo demuestra la falta de claridad en la regulación sobre el proceso legal para solicitar y acceder a la información de los partidos políticos y, principalmente, sobre la información de su financiamiento”, asegura el DEP, y agrega que el papel del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de la Corte de Cuentas de la República resulta “estratégico en materia de fiscalización del financiamiento político”, pero que todavía carecen de facultades. Dicha carencia también es por la “tibieza” de la legislación salvadoreña, que provoca que los partidos políticos no teman las posibles sanciones que pueden recibir si no dan la información completa.

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