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Viceministro será procesado en libertad

Francisco Castaneda, viceministro de Educación, es procesado junto con otras tres personas por el delito de retención de cuotas laborales.
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El viceministro de Educación y exalcalde de San Sebastián Salitrillo, Francisco Castaneda, será procesado en libertad y sin ninguna medida de restricción por el delito de retención de cuotas laborales de empleados de la alcaldía que dirigió hasta que fue nombrado como funcionario del gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén, en 2014.

La Fiscalía lo acusa a él y a Ana Mercedes Aguilar de Ochoa y Blanca Estela Cortez de Lima, exalcaldesas de mismo municipio y sucesoras del viceministro, así como a Joaquín Ernesto Álvarez Mendoza, extesorero municipal, de apropiarse cerca de $400,000 de las cuotas laborales de los empleados de las AFP y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

El Juzgado de Paz de San Sebastián Salitrillo, donde ayer se realizó la audiencia inicial en contra de los acusados, resolvió que el caso pase a la fase de instrucción, pero no ordenó la prisión preventiva contra los imputados, que serán procesados en libertad, pese a que la Fiscalía había solicitado su detención provisional.

El viceministro no acudió a la audiencia y fue representado por un abogado particular, que no quiso brindar declaraciones a la prensa al finalizar la audiencia.

Una de las fiscales del caso indicó que no descartan interponer un recurso de apelación ante la Cámara de los Penal de Occidente contra la resolución del juzgado, que además estableció que en el caso del viceministro Castaneda debe existir un requisito de procesabilidad por su cargo en el Gobierno y el fuero que podría poseer.

Sin embargo, la fuente sostiene que en este caso no aplica porque los delitos que le imputan a Castaneda sucedieron antes de que fuera nombrado como viceministro y en su calidad de alcalde de San Sebastián Salitrillo.

“Los hechos ocurrieron antes de que él tomara ese cargo, el fuero constitucional es para los delitos cuando él esté ejerciendo el cargo público, delitos que puedan ser cometidos durante ese período y no delitos cometidos probablemente antes de ese período”, expresó la fiscal.

Agregó que los hechos por los que son procesados los exfuncionarios municipales sucedieron entre julio de 2014 y mayo de 2018. Solo en concepto de cuotas del ISSS no canceladas el monto asciende a $278,000, pese a que mensualmente se les hacían los descuentos a los empleados.

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