Vicepresidente Ortiz es socio en empresa con capo señalado por EUA

En junio de 2000, cuando ya era alcalde de Santa Tecla por primera vez, Óscar Samuel Ortiz, dirigente efemelenista y actual vicepresidente de la República, fundó una sociedad inmobiliaria con José Adán Salazar Umaña, de alias “Chepe Diablo” y considerado por Estados Unidos capo internacional del narcotráfico, junto con el empresario Rogelio Cervantes, quien corrió con el FMLN por la Alcaldía de Antiguo Cuscatlán y perdió.
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El 4 de mayo de 2014 había un asomo de lluvia en Metapán. Un cielo encapotado y algunas gotas que nunca llegaron a estorbar el partido de fútbol que se jugaba en la cancha del estadio local, el Jorge “Calero” Suárez, entre la Asociación Deportiva Isidro Metapán y el Santa Tecla. En la grada, Óscar Ortiz, vicepresidente electo de El Salvador y directivo del club tecleño, y Juan Umaña Samayoa, alcalde metapaneco y presidente del club local, observaban el juego.
 
No estaba aquel día en el estadio el otro hombre fuerte de Metapán, del equipo y de la ciudad: José Adán Salazar Umaña, conocido como “Chepe Diablo”, y a quien Estados Unidos listó como capo internacional del narcotráfico a finales de aquel mayo de 2014. Tanto Salazar Umaña como Umaña Samayoa han sido ligados por investigaciones policiales al Cartel de Texis, una de las principales organizaciones de narcotráfico y lavado de dinero de El Salvador, según un reporte de Naciones Unidas de 2012.
 
Los nombres de Salazar Umaña y Ortiz, no obstante, han estado juntos desde el año 2000, cuando ambos hombres constituyeron, junto a un tercer socio, una compañía dedicada a la compraventa de tierras: la sociedad Desarrollos Montecristo quedó constituida al mediodía del 20 de junio de 2000. Uno de sus socios fundadores, Óscar Samuel Ortiz Ascencio, había jurado un par de semanas antes, el 1.º de junio, como alcalde municipal de Santa Tecla por el partido FMLN.
 
Aquellos días marcaban, para Ortiz, el inicio de una carrera política que lo llevó a reelegirse cuatro veces como jefe municipal tecleño y, a la postre, a convertirse en una de las figuras más importantes en el partido de izquierda y, en 2014, en vicepresidente constitucional de la República de El Salvador.
 
Hoy en día, Ortiz es acaso el político más importante en la administración del presidente Sánchez Cerén: es el rostro visible de la estrategia de seguridad pública y, en muchas ocasiones se desempeña él como jefe de Estado, como en la visita que esta semana realiza a El Salvador el presidente colombiano, Juan Manuel Santos –ha sido el vicepresidente el que ha acompañado al mandatario suramericano en la mayoría de actos oficiales.
 
La Prensa Gráfica y Factum buscaron desde la semana pasada la  reacción de Ortiz y sus explicaciones sobre el asocio con Salazar Umaña, pero un asistente respondió que el vicepresidente estaba ocupado esta semana atendiendo la visita oficial del presidente Santos.  El equipo de Ortiz, no obstante, informó esta mañana que el vicepresidente asignará un espacio esta tarde para hablar del tema. En estos momentos, el vicepresidente Ortiz ofrece una entrevista en la que brinda su versión de los hechos.
 

El asocio

 
Desarrollos Montecristo S.A. de C.V. fue inscrita ante los oficios del notario Salvador de Jesús Tobar Ruiz en la ciudad de Santa Ana, aquel 20 de junio de 2000, con un capital social de 105 mil colones (unos $12,000) aportado en tres partes iguales de 35 mil colones (unos $4,000) por los tres socios fundadores: Ortiz, Salazar Umaña y el empresario Rogelio Cervantes, quien en 2003 compitió sin éxito por la alcaldía de Antiguo Cuscatlán, municipio aledaño a Santa Tecla.
 
Tobar Ruiz fue el notario de una escritura pública incautada  en septiembre de 2013, en la vivienda de Juan Vicente Tobar Interiano, cuando la Policía Nacional Civil (PNC) efectuó allanamientos a supuestos miembros de la estructura de narcotráfico conocida como Cartel de Texis. Entre la documentación secuestrada estaba esa escritura de un muto hipotecario que avaló Tobar Ruiz.
 
Poco menos de un mes después de su creación, Desarrollos Montecristo quedó asentada en el Registro de Comercio y se domicilió, precisamente, en Antiguo Cuscatlán. En el acta de constitución, los socios fundadores establecieron seis finalidades u objetos sociales, que es el nombre que en la jerga jurídica salvadoreña se da al rubro o rubros a los que se dedicaría la nueva empresa. La más importante de sus actividades sería, quedó consignado, la compra y venta de bienes muebles e inmuebles con fines de explotación turística.
 
Salazar Umaña había incursionado en el rubro hotelero dos años antes de fundar Montecristo. En 1998, de acuerdo con una investigación financiera que abrió en 2013 la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el empresario fundó Hotesa S. A. de C. V., un consorcio que es dueño de seis hoteles en El Salvador y del que él aportó el 60 % del capital inicial.
 
El rubro de explotación comercial de Montecristo es el mismo que el de Hotesa. El literal a en el apartado de finalidades del acta de creación de Desarrollos Montecristo dice así: “La compraventa de inmuebles para desarrollo urbanístico o en cualquier rama del turismo, establecer agencias de viajes dentro y fuera del país, operación de hoteles, centros de convenciones y todo lo relacionado a la comercialización de la rama turística”.
 
Pero a diferencia de Hotesa, que según las investigaciones de OFAC llegó a tener un crecimiento de capital del 500 % entre 2004 y 2010, Montecristo apenas realizó, entre 2000 y 2012, un puñado de compraventas de terrenos en San Vicente que no pasaban de $40,000 por transacción. Eso sí, los compradores y vendedores, en el caso de Montecristo, eran siempre los mismos: los socios fundadores Óscar Ortiz y Rogelio Cervantes.
 

Una empresa con pocos clientes

 
Entre el 31 de julio de 2000, a pocas semanas de haber sido creada, y el 7 de diciembre de 2012, Desarrollos Montecristo y dos de sus socios, Ortiz y Cervantes, realizaron ocho transacciones comerciales relacionadas con tres terrenos, todos ubicados en el municipio de Tecoluca, en San Vicente, alrededor de la Hacienda Montecristo, donde Ortiz había comprado al menos 12 parcelas entre 1998 y 2000 de acuerdo con el Centro Nacional de Registros.
 
No hay, en el CNR ni en el Registro de Comercio, constancia de otras transacciones hechas por Desarrollos Montecristo o por sus socios a través de la sociedad anónima entre su fecha de fundación, en 2000, y la actualidad; excepto tres ventas.
 
En el CNR, además, confirmaron que nunca se formalizó la matrícula de la sociedad como empresa; aunque sí registró su Número de Identificación Tributario (NIT).
 
La transacción más reciente de Desarrollos Montecristo, como se dijo arriba, fue en 2010, pero la sociedad sigue activa y nunca ha habido cambios registrados en su junta directiva, que desde 2000 quedó constituida así según consta en el Asiento 46 del libro 1544, folios 380 al 395 del Registro de la Propiedad: José Adán Salazar Umaña, director vicepresidente y apoderado legal; Óscar Samuel Ortiz Ascencio, director secretario; José Adán Salazar Martínez, director suplente; Elda Gladis Tobar (esposa de Ortiz Ascencio), directora suplente; Noé Eugenio Cervantes Salazar, director suplente; y Rogelio Antonio Cervantes Aguirre, representante legal.
 
El 31 de julio de 2000 Desarrollos Montecristo registró la primera propiedad de su catálogo, que crecería poco en 10 años; se trata del lote número M58 porción 1 de Montecristo en Tecoluca, San Vicente. El 23 de julio de 2007, la sociedad vendió el terreno a su director secretario, Óscar Ortiz, por $40,000. Poco menos de un año después, el 26 de mayo de 2008, Ortiz vendió la propiedad por el mismo precio a Cervantes, su socio, por la misma cantidad. Y el 7 de diciembre de 2012, el aún alcalde de Santa Tecla volvió a comprar el terreno por $10,000.
 
En 2000, Ortiz, secretario de Desarrollos Montecristo, avaló a Rogelio Cervantes como representante legal para que, en nombre de la sociedad, le vendiera el lote M58 porción1, según consta en el Registro de la Propiedad.
 
Entre el 3 y el 14 de agosto de 2000, Ortiz adquirió otros dos lotes a través de Desarrollos Montecristo, el M29 porción 1 y el M30 porción 1, por un total de $15,000. Ambos lotes están, también, en la hacienda Montecristo de Tecoluca, en San Vicente.
 
En total, el actual vicepresidente de la República adquirió 52,461.18 metros cuadrados de terreno, unas 5 hectáreas, a través de la sociedad Desarrollos Montecristo, en la que ha sido socio de “Chepe Diablo” y de Rogelio Cervantes.

 



Un socio investigado por Washington

 
En noviembre de 1999, poco antes del cambio de milenio, y medio año antes de la fundación de Desarrollos Montecristo en El Salvador, el Congreso de Representantes de Estados Unidos en Washington aprobó la Ley de Designación de Capos Internacionales del Tráfico de drogas, cuyo propósito, según se lee en el texto aprobado, es “negar a los traficantes, a los negocios con los que se relacionan y a sus operativos acceder al sistema financiero estadounidense… Autorizar al presidente a tomar acción cuando determine que un extranjero tiene un papel importante en el tráfico internacional de narcóticos”.
 
Hasta 2014, la Casa Blanca, bajo las administraciones Bush y Obama, había puesto en la lista de capos internacionales del narco a 100 individuos y grupos, incluidos los carteles mexicanos de Sinaloa, el Golfo y la Familia Michoacana, listados en 2009.
 
El 30 de mayo de 2014, después de que media docena de agencias estadounidenses –incluidas el FBI, la DEA y la CIA– presentaron las conclusiones de investigaciones realizadas en 2013, Obama añadió tres nombres a la lista, entre ellos el de José Adán Salazar Umaña, el socio fundador de Desarrollos Montecristo.
 
Entre los expedientes a los que tuvo acceso OFAC hay reportes hacendarios y contables de las empresas de Salazar Umaña. Esos papeles dan cuenta, por ejemplo, de que los activos totales de los hoteles de Hotesa en 2008 estaban valuados en $3.7 millones de acuerdo con el balance general contable de ese año; para 2010, año en que las ventas totales de los seis hoteles del grupo crecieron 32.6 % respecto al año anterior, el valor de los bienes de Hotesa era de $18.5 millones.
 
El 2008 fue, también, el año en que la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Hacienda de El Salvador arrancaron las investigaciones por narcotráfico y lavado de dinero en torno a algunos de los empresarios de Metapán y Santa Ana a quienes luego la PNC identificaría como líderes del cartel de Texis, entre ellos Salazar Umaña.
 
En 2013, la Fiscalía salvadoreña y Hacienda habían encontrado suficientes indicios de que Salazar Umaña y dos empresas relacionadas con él, Hotesa y Gumarsal (dedicada al rubro agroindustrial y de importación y exportación de granos básicos) habían cometido delitos relacionados con el lavado de dinero y enriquecimiento ilícito entre 2010 y 2011.
 
Entre 2014 y 2015, sin embargo, el entonces fiscal general Luis Martínez ordenó a sus subalternos que desistieran de pedir a un juez los documentos en que Hacienda establecía los indicios criminales contra “Chepe Diablo”. La Unidad de Investigación Penal de la Dirección General de Impuestos Internos de Hacienda determinó que Salazar Umaña, sus empresas y socios habían “falseado registros contables, inventado operaciones y… establecieron incremento patrimonial no justificado en cuentas bancarias que llevaban y que no habían declarado”, según los expedientes de investigación hacendarios a los que Factum y La Prensa Gráfica tuvieron acceso.
 
En ninguno de los expedientes relacionados con Salazar Umaña en las investigaciones criminales realizadas en Estados Unidos y El Salvador se menciona a Desarrollos Montecristo.
 
Sin embargo, para 2012, cuando el actual vicepresidente de la República realizaba la última transacción registrada a nombre de Montecristo, Salazar Umaña, uno de sus socios, era ya investigado por la Policía que en ese momento controlaban funcionarios de su partido, el FMLN.

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