Las víctimas de la guerra civil (1980-1992) de El Salvador y las ONG que les acompañan cerraron filas en torno a una ley de reconciliación nacional que fue aprobada el miércoles y a la que ellos consideran una "amnistía disfrazada" para proteger a los responsables e involucrados en crímenes de guerra.

Para David Ortiz, colaborar jurídico en Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y miembro Mesa Contra la Impunidad, la aprobación de dicha ley es la "consumación de una intensión reiterada que ha tenido la Asamblea Legislativa de aprobar una nueva ley de amnistía".

Por su parte, Rosa Rivera, víctima y miembro del Comité de Memoria y Sobrevivientes de Arcatao, dijo a Efe que la normativa aprobada es "una burla" a las víctimas y llamó a "defender la justicia y la verdad".

"No nos quedaremos parados, y hablo, estoy segura, por todas las víctimas. Vamos a seguir luchando para que las víctimas tengamos justicia y reparación", expresó Rivera.

Entra tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo un llamado al Estado de El Salvador para que cualquier iniciativa de Ley de Reconciliación Nacional sea acorde con los estándares interamericanos sobre los derechos a la justicia, la verdad, la reparación integral, así como las garantías de no repetición de las graves violaciones a los derechos humanos.

Además se mostró preocupada porque el contenido de la ley aprobada en el Congreso pueda limitar las investigaciones y sanciones por las graves violaciones cometidas durante el conflicto armado interno.