Voto trans: plantar cara al estigma

Al estar excluidas de todo registro poblacional oficial, las personas transgénero en El Salvador se vuelven el doble de vulnerables el día de las elecciones: un integrante de las mesas de votación puede negarles el derecho a ejercer el voto bajo el argumento de que su expresión de género no corresponde con el nombre que la identifica en el documento de identidad que portan.

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Aquel domingo de 2015, Amalia Leiva se enfundó un impecable vestido. Lucía, además, maquillada, con el cabello lacio suelto y zapatos de tacón. Se dijo lista para votar en las elecciones municipales y legislativas de El Salvador de ese año, por lo que llegó hasta una escuela capitalina. Allí, le pidió ayuda a un vigilante del partido de derecha ARENA para ubicar la urna.

El vigilante tomó su documento de identidad y la buscó en el listado de nombres y fotografías de cada elector y fue entonces cuando lo notó: Amalia es una mujer transgénero.

Ella recuerda que el vigilante, al notar la diferencia entre el aspecto físico y la información consignada en el documento de identidad, comenzó a cuchichear sin disimulo con otros miembros de la Junta Receptora de Votos (JRV).

Ahí comenzó la incomodidad.

"Empezaron a agarrar mi documento y a pasárselo por toda la Junta, inmediatamente yo me volqué la mesa y les dije ‘me parece que lo que estás haciendo es una falta de respeto porque te entregué mi documento a ti para que me buscaras, no para que se los dieras a todos los de la Junta’", recuerda Amalia.

“Es cuestión de educación de la población... El problema es que (les dicen) 'no, pero es que él viene como mujer', entonces ahí muchas veces depende de las personas que están sentadas en las JRV”.

Sylvia Hidalgo, Procuradora adjunta de Derechos Civiles e Individuales

Instituciones estatales como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), el Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) reconocen que la población trans enfrenta diferentes problemas para ejercer el voto en El Salvador. Y aunque también hablan de avances, se trata de pasos cortos en el camino a asegurar ese derecho para ese grupo poblacional.

Amalia cuenta que el maltrato que recibió aquella mañana de marzo de 2015, lo registraron incluso los observadores internacionales que estaban en el centro de votación y que la Procuraduría intercedió y separó al vigilante para que un funcionario del Tribunal la buscase en el padrón.

El caso de Amalia, a pesar de ser uno de los muchos que han documentado diferentes organizaciones sociales, no aparece en los registros que la PDDH elabora a partir del trabajo de observación que hacen el día de una elección. No hay cifras de vulneraciones cometidas contra la población trans.

"Durante los observatorios electorales realizados por la PDDH en la última década, no ha sido un objetivo específico detallar los casos de problemas con el ejercicio del voto de los grupos en condición de vulnerabilidad, entre ellos de las personas trans; más bien, se pretendió establecer con claridad la existencia de afectaciones a los derechos políticos de esta población, particularmente el derecho al voto, elaborando conclusiones y recomendaciones a la autoridad electoral incluidos en los informes electorales, en aras de ir superando los problemas observados", detalla la PDDH.

Invisibles

La población salvadoreña está dividida entre masculinos y femeninos. Así identifican a las personas al momento de llegar a las urnas a ejercer el voto. Eso ocurre cada tres años para la elección de diputados y alcaldes, y cada cinco años para elegir presidente de la República.

El 28 de febrero de 2021 toca elegir otra vez a diputados y alcaldes, para lo que están registradas 5,389,017 personas en el padrón electoral, el cual colocan en los centros de votación y está elaborado a partir de los datos del Registro Electoral. Ese documento contiene 2,512,001 registros identificados como masculinos y 2,877,016 femeninos. Según ese padrón, no existe ninguna persona trans en El Salvador.

Lo único que a un salvadoreño le debería preocupar para poder votar es cumplir con los requisitos; pero para la población transgénero es diferente, porque tener su documento en regla no es garantía de que va a votar sin inconvenientes.

La clasificación solo por sexo complica la participación de la población trans porque la identidad y orientación de género que han escogido no concuerda con la información del Documento Único de Identidad (DUI), que es la única credencial válida para poder votar.

La Constitución de la República de El Salvador establece en sus primeros artículos que "todas las personas son iguales ante la ley", pero la población transgénero salvadoreña no se siente cobijada bajo ese precepto constitucional.

La exclusión viene desde el Estado: el Registro Nacional de las Personas Naturales, la entidad encargada de registrar la identidad de los salvadoreños, no reconoce la existencia de la población transgénero.

"El RNPN no lleva registros sobre dicha clasificación", fue la respuesta del Registro a la petición de información que hizo este periódico con la intención de conocer el detalle de la cantidad de población transgénero en El Salvador.

Al RNPN le compete por ley "mantener en forma permanente y actualizada toda la información del estado civil o familiar de las personas". Se nutre de información que le trasladan los registros civiles y del estado familiar de las 262 alcaldías en que se divide El Salvador. Toda la información que recopila la envía al Tribunal electoral para la inscripción o exclusión de personas en el Registro Electoral.

Además de reconocer la igualdad de las personas ante la ley, la Constitución salvadoreña también consigna que votar es un derecho y un deber de "todo ciudadano". A pesar de ello, las personas transgénero en El Salvador están incluidas en el registro general de habitantes con la identidad y expresión de género que les asignaron al nacer, no con la que escogieron para ser reconocidas.

Esa exclusión recae en los integrantes de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), que son los que en la práctica deciden quién vota y quién no.

El artículo 196 del Código Electoral lista los motivos por los que una JRV puede denegarle la emisión del voto a un ciudadano: que los datos del DUI y del padrón no coincidan, que el DUI sea falso, que el DUI esté alterado, que el ciudadano tenga la marca en los dedos que significa que ya votó y que el nombre no aparezca en el padrón electoral.

"El problema es que (les dicen) 'no, pero es que él viene como mujer', entonces ahí muchas veces depende de las personas que están sentadas en las JRV", reconoce la procuradora adjunta de Derechos Civiles e Individuales, Sylvia Hidalgo.

El esfuerzo

Aunque las instituciones estatales no tienen registros de vulneraciones a la población trans durante las elecciones, organizaciones como COMCAVIS Trans y ASPIDH Arcoíris sí consignan denuncias, sin embargo, reconocen que se les complica tener presencia en todos los municipios del país.

Amalia es técnica en el Departamento de Educación en COMCAVIS Trans. Ella dice que incluso en sus recuerdos más lejanos hay escenas de discriminación hacia la población transgénero. Está segura de que en la sociedad aún está arraigado el rechazo a las personas que decidieron cambiar su identidad y orientación de género.

Amalia, y Camila Portillo, de ASPIDH Arcoíris, cuentan que en 2015 un grupo de personas de las poblaciones LGBTI decidió buscar a magistrados del TSE para exponerles los problemas que principalmente las personas trans enfrentaban en un centro de votación.

En la primera reunión que tuvieron con el Tribunal, Amalia relata que contaron a los magistrados todas las situaciones que tienen que vivir cuando intentan "aplicar un derecho que me es tan legítimo como ciudadana". Les expresaron que "desde la entrada del centro de votación, las han ridiculizado cuando les entregan las papeletas, les han gritado su nombre, según el DUI, y cuando van a depositar el voto no las respetan y las llaman por su nombre de identidad, a algunas no las han dejado votar porque dicen que el DUI no concuerda con la persona que está ahí parada".

Salieron de ese encuentro con la promesa de que el Tribunal pondría a discusión el tema con los partidos políticos.

Para el jefe del departamento de Derechos Políticos de la PDDH, René Pérez, la legislación electoral salvadoreña tiene un vacío que deja en desventaja a la población trans. Se refiere a la primera causal para denegar el voto: las discrepancias entre el DUI y el padrón. A eso le suma que quienes están en las JRV puedan tener prejuicios sobre la forma de vida de las personas transgénero.

Después de esa plática con el Tribunal que recuerdan Camila y Amalia, han pasado tres procesos electorales, contando la del próximo 28 de febrero, en las que el TSE utilizó un instructivo para capacitar a las JRV donde incluyó un apartado que aborda las "situaciones especiales de la votación". En escasos dos párrafos plantea lo relacionado a la población LGBTI, hace referencia específica al hecho de que a una persona trans "no se le denegará el voto cuando la fotografía del DUI no coincida con su apariencia física (expresión de género)".

Imaginar el rechazo que pueden recibir al momento de llegar a un centro de votación o recordar una situación que hayan vivido es motivo suficiente para que una persona trans se frene de ser partícipe en una elección. "Las personas trans no quieren muchas veces acercarse a un centro de votación por temor a ser rechazadas o sufrir algún tipo de discriminación y es por eso que no se están acercando a votar. Es un hecho, claro que es un hecho", afirma Amalia.

Espejo del futuro próximo

Este sábado 23 de enero del 2021, hay cerca de una treintena de personas en el Complejo Educativo Concha Viuda de Escalón, en San Salvador. Están acá para recibir la capacitación electoral porque serán miembros de una Junta Receptoras de Votos el próximo 28 de febrero, día de la elección municipal y legislativa.

En una de las áreas más amplias de la institución hay ocho filas de pupitres, cada uno separado a metro y medio del otro como parte de las medidas para evitar la propagación de la pandemia de la covid-19. La charla inicia a las ocho de la mañana con indicaciones generales y con ejemplos de cómo atender a personas que sufren alguna discapacidad.

Al término de esa exposición, llega el turno para que representantes de las poblaciones LGBTI hablen a los asistentes. Las encargadas de esta parte de la capacitación son dos mujeres trans: Kahory Sánchez y Mónica Cañas, quienes explican en 10 minutos que ser lesbiana, gay, bisexual, transexual, transgénero o intersexual no es motivo para negarle a alguien el derecho a votar.

"Es que las facciones no cambian, no importa si ando maquillada o no, si tengo cabello largo o no, mi nariz es la misma, mi boca también", repite Kahory varias veces para dejar claro su derecho.

Luego las preguntas: "¿Ustedes cambian su firma?; para comprobar que realmente es, ¿pido que me haga la firma en un papel tal como la hizo en el DUI?, ¿qué nombre le digo, el del DUI u otro?". Al cabo de unos minutos, los capacitados dicen tener claridad sobre cómo atender a una persona trans el día de la elección.

“Creo que las personas que conformen las Juntas Receptoras de Votos deben garantizar y permitir el voto, los partidos políticos deben  tener la voluntad de que se permita el voto a todas las personas”.

Alejandra MenjívarCandidata al PARLACEN

Sin embargo, uno de los asistentes interrumpe la despedida. Se trata de un cuarentón que está en la capacitación a propuesta de un partido político para integrar una JRV, viste camisa manga larga verde, un pantalón casual beige y llevaba lentes.

"Yo pienso que esto (atender a una persona trans) es algo que nos puede pasar el día de la elección. Entonces, a ver, enséñeme su DUI", le dice a Kahory. Por unos cinco segundos todo es silencio, luego se escucharon los tacones de Kahory mientras camina hacia su mochila. Saca su billetera y toma su DUI.

Siete pasos después, le entrega el documento de identidad al de la interrogante, se para de frente a él, se quita la mascarilla y lo mira fijamente. Él toma el documento, lo levanta cerca al nivel del rostro de Kahory; lo mira, la mira a ella y dice: "sí, es el mismo". Le entrega el DUI y ella termina de despedirse y de agradecer por la atención.

Esta es la tercera ocasión que Kahory ejerce funciones de capacitadora para integrantes de JRV. Lo hizo también para la elección municipal y legislativa de 2018 y para la presidencial de 2019. En cambio, para Mónica es la primera ocasión.

Portar el gafete y uniforme del TSE no las protege, lo dicen Kahory y Mónica por la experiencia que acababan de vivir y por otras de sus compañeras que siendo observadoras acreditadas igual las vulneraron.

"Claramente lo pudimos ver cuando el señor le dijo ‘enséñeme su DUI’, o sea fue algo así como que (para qué)", dice Mónica, minutos después de haber terminado de dar la capacitación. "Y eso que solo fue una persona, en elecciones anteriores igual me pedían al DUI, igual yo se los enseñaba porque pues sí va, pasaba por todas las manos mi DUI, a veces yo terminaba la capacitación y me quedaba así parada esperando que me lo entregaran porque va de ver, y como no usábamos mascarilla, va de ver y va de ver y va de preguntarme", rememora Kahory.

Pequeños avances

El Salvador debuta en el inicio de la tercera década del siglo XXI celebrando elecciones. En medio de un ambiente político tenso, las organizaciones e instituciones públicas consultadas para la elaboración de este texto coinciden al decir que no puede considerarse que el país ha tenido grandes avances en cuanto al respeto hacia las poblaciones LGBTI.

La inclusión de 14 personas representantes de las poblaciones LGBTI es un logro del Tribunal, así lo manifiesta la presidenta de esa institución, Dora Esmeralda Martínez. En lo que la funcionaria no repara es en que estas 14 personas junto a otros 630 facilitadores deben capacitar a alrededor de 84,510 integrantes de las JRV.

"Han habido algunos avances, pero han sido bastante mínimos… Siempre vamos a verificar el ejercicio de hombres y mujeres trans para ver cuál va a ser el comportamiento que se va a dar que esperamos que vaya mejorando cada vez, que se vaya quitando ese estigma y discriminación; pero sí nos falta mucho en ", reconoce Jessica Torres, enlace de la Procuraduría Adjunta de Derechos Civiles e Individuales con la población LGBTI.

La funcionaria destaca como un logro que por primera vez esté participando una candidata a diputada que abiertamente acepta ser una mujer trans. Se refiere a Alejandra Menjívar. Ella compite por lograr un espacio en el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), es parte de la planilla que presentó el partido de izquierda FMLN.

Alejandra comenta que ha sido todo un desafío formar parte de la planilla, no porque el partido le pusiera obstáculos, sino porque pensó que no tendría el apoyo de las bases para pasar de las elecciones internas a las elecciones generales.

"Yo ya gané, yo ya me convertí en la primera persona transgénero de la región en participar a un cargo de elección popular al Parlamento Centroamericano, yo ya soy ganadora, lo que venga de acá en adelante es añadidura, ya dejamos un precedente en la historia de este país", dice la candidata.


Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de ¡Exprésate! en América Latina.

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