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WOLA pide hacer públicas las investigaciones de la CICIES en El Salvador

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) afirma que "Bukele se aproxima a un poder sin control". 

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Organizaciones como WOLA y DPLF piden hacer públicas las investigaciones de la CICIES.

Organizaciones como WOLA y DPLF piden hacer públicas las investigaciones de la CICIES.

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La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), junto al Latin American Working Group (LAWG) y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) han hecho público este lunes 14 de junio un pronunciamiento en el que solicitan a la Organización de los Estados Americanos (OEA) hacer públicas las investigaciones de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en El Salvador (CICIES).

La Fiscalía General de la República (FGR) y el gobierno salvadoreño decidieron, el pasado 4 de junio, terminar el convenio de cooperación con la OEA y con la CICIES después que el secretario general Luis Almagro anunciara que estudiaban la contratación de Ernesto Muyshondt, ex alcalde de San Salvador y con varios investigaciones judiciales en proceso, como asesor de la Organización de los Estados Americanos.

El fiscal Rodolfo Delgado dijo que su institución no tendría convenios con una organización que era asesorada por alguien con antecedentes delictivos y horas después esa decisión fue respaldada por el presidente Nayib Bukele.

Para WOLA, LAWG y DPLF esta "jugada" acrecienta las posibilidades de Bukele de tener un "poder sin control".

"Con un sistema judicial socavado y sin controles y equilibrios, la destitución de la CICIES representa el más reciente en una serie de alarmantes ataques contra el Estado de derecho y la independencia judicial del país", dicen en el pronunciamiento hecho público hoy.

La CICIES había investigado, según su comisionado Ronalth Ochaeta, una docena de casos relacionados a actos de corrupción de funcionarios en el gobierno actual. Incluso puso tres avisos en la Fiscalía por anomalías en el Ministerio de Salud durante la reciente emergencia nacional por covid-19. Esas investigaciones, iniciadas en noviembre de 2020, no han dado resultados hasta hoy.

"La necesidad de una respuesta internacional contundente es urgente. La comunidad internacional y los organismos financieros deberían condicionar cualquier cooperación, asistencia o préstamos a que el gobierno de El Salvador demuestre su compromiso con los esfuerzos anticorrupción y un compromiso renovado con la independencia judicial y el Estado de derecho. Además, la Asamblea Nacional no debería proteger a funcionarios públicos de las investigaciones de la comisión", dice la WOLA.

Sostienen además que la OEA y la CICIES deben hacer públicas las investigaciones para que los ciudadanos puedan hacer uso de la información y "defender los derechos violados por los corruptos".

 

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