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Zonas dominadas por pandillas deben ser recobradas por el Estado, ordena la Sala

La Sala de lo Constitucional emitió hoy una resolución producto de un proceso de amparo presentado por seis personas de una familia de 33 miembros, quienes tuvieron que desplazarse por la amenaza de las pandillas y por el acoso policial que incluye el asesinato de la madre de uno de los demandantes.

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Sala ordena al Estado recobrar control de zonas dominadas por pandillas y reconocer el desplazamiento forzado. Foto LPG/Archivo

Sala ordena al Estado recobrar control de zonas dominadas por pandillas y reconocer el desplazamiento forzado. Foto LPG/Archivo

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La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió este viernes una sentencia en la que ordena al Estado recobrar el control territorial de las zonas dominadas por las pandillas.

"Declárese que en El Salvador existe un fenómeno de desplazamiento forzado de personas que tiene origen en el contexto de violencia e inseguridad que afecta gravemente a colectivos vulnerables de distintas zonas geográficas del país controladas por las pandillas", dice el primer punto de lo resuelto.

Según la Sala, las afectaciones a derechos fundamentales como la vida, la integridad física, la libertad y la propiedad, entre otros, causadas por la criminalidad organizada, principalmente por los referidos grupos delictivos (pandillas) constituye un estado de cosas inconstitucionales".

La resolución es producto de un proceso de amparo promovido por seis demandantes de un grupo familiar de 33 personas, en contra de varios funcionarios de Seguridad Pública. El motivo de la demanda es la vulneración de sus derechos fundamentales a la seguridad material, la protección familiar, la propiedad, y la libertad de circulación, entre otros.

Los demandados son los jefes policiales de la División Central de Investigaciones, de la División Antiextorsiones y de la Subdelegación de Berlín, así como el jefe de la Unidad de Vida e Integridad Física de la Oficina Fiscal de Mejicanos, el titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), de la Asamblea Legislativa, de la Comisión Coordinadora y de la titular de la Unidad Técnica Ejecutiva (UTE) del Sector de Justicia.

La Sala sobreseyó a la jefa de la Unidad de Vida de la Oficina Fiscal de Mejicanos. Por otra parte, apoyó a las víctimas en el proceso de amparo contra el resto de funcionarios.
La Sala ordenó al director de la Policía Nacional Civil (PNC) y al titular de la Fiscalía General de la República (FGR) "que realicen de manera inmediata investigaciones exhaustivas, diligentes y concluyentes, con el fin de esclarecer los delitos de los cuales fueron víctimas los peticionarios.

Los demandantes alegan que el grupo familiar de 33 personas dividido en ocho núcleos familiares residían en el municipio de Ciudad Delgado de San Salvador, pero al ser "acosados por la Mara 18, debido a que 2 miembros de la familia son militares", huyeron  hacia el municipio de Berlín en Usulután.

Sin embargo, en este otro lugar se vieron obligados a desplazarse nuevamente "por haber sido víctimas de acoso policial y del homicidio de la madre" de uno de los demandantes. Aseguran que el crimen fue cometido por un policía durante un cateo realizado por agentes que irrumpieron en la vivienda.

Por otra parte, la Sala emitió un listado de órdenes que deben ser cumplidas en un plazo de seis meses por parte de la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Justicia, la Comisión Coordinadora y la titular de la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia. Estas son las siguientes:

  • "Reconocer a las víctimas de la violencia y del desplazamiento forzado dicha calidad, como sujetos de derechos", para lo cual debe emitirse una legislación especial para la protección de víctimas y testigos.
  • Implementar políticas públicas y protocolos de actuación para prevenir el desplazamiento forzado, para lo que deberán "recobrar el control territorial de las zonas dominadas por las pandillas y evitar futuros desplazamientos y otras afectaciones a derechos fundamentales.
  • Brindar medidas de protección a los que ya son desplazados y garantizarles el retorno a sus residencias.
  • Celebrar convenios de cooperación nacional e internacional para proteger a víctimas y testigos.

Además, la Sala ordenó al presidente de la República coordinar con el titular de la Policía y de los ministerios de Seguridad Pública, Educación, Salud, Hacienda, Inclusión Social y otras instituciones las acciones de prevención y control de la violencia.

Esto también incluye "recobrar progresivamente y de forma permanente los territorios bajo control de las pandillas" y atender a las víctimas de desplazamiento forzado por la violencia como prioridad en el presupuesto general del Estado.

También, la Sala autoriza a los demandantes para que exijan a los funcionarios demandados la reparación de los daños materiales y morales.

 

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