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“Es una ruptura a la credibilidad e institucionalidad”

El martes pasado, un tribunal de apelaciones de París (Francia) descartó un recurso promovido por la empresa Inversiones Energéticas S. A. (INE) para que se anulara un laudo a favor de la compañía Enel Green Power, que pretende continuar con la inversión en la explotación geotérmica.
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La decisión del tribunal parisino supone un duro revés para INE, LaGeo y en consecuencia para la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL).

Hasta ahora la CEL habría gastado cerca de $10 millones en el proceso de arbitraje, pero no se descarta que, tras la apelación denegada por segunda oportunidad, el gasto global sea de $15 millones.

Edwin Zamora, diputado del partido de oposición ARENA, advirtió ayer en la Entrevista en Línea de LA PRENSA GRÁFICA que la insistencia del Ejecutivo a través de la CEL a no reconocer los compromisos adquiridos tendrá fuertes repercusiones para el país en la búsqueda de la inversión extranjera.

Zamora sostuvo que la sociedad entre ambas empresas es un buen ejemplo de asocio público-privado que ahora está en riesgo, debido a que INE se niega al cumplimiento de un acuerdo que hizo con la empresa Enel Green Power y en el cual no se colocó límites a la inversión del actor privado.

La CEL volvió a invertir en abogados para pelear el caso y en París un segundo tribunal “ratificó lo que dijo el primero”, señaló el legislador, al considerar que no era necesario seguir en un proceso que evidentemente tiene a la base el incumplimiento de una de las partes.

“Es una ruptura a la credibilidad e institucionalidad nefasta para el país”, dijo Zamora, tras considerar que la negativa gubernamental al cumplimiento de un compromiso lleva explícito un mensaje a los inversionistas: “En este país no se puede invertir porque no se cumplen las leyes”.

Antes que legislador, Zamora ha sido empresario, por tanto sugirió que el caso es igual a que se desconozca un acuerdo con un cliente o un proveedor, lo cual deriva en la “pérdida de credibilidad... y el país es un empresario en la parte de la inversión”.

Cuál es la mejor salida y qué hacer ante este conflicto son preguntas que el parlamentario manifestó que tienen una respuesta y es permitir que Enel pague los $130 millones en inversión para que esos fondos se destinen a las escuelas o los hospitales del país. Recurrir al argumento de la pérdida de soberanía es para Zamora “un argumento populista”.

$10 millones para transporte

Por otra parte, en un intento por salir de la deuda con los empresarios de buses en la entrega atrasada de cuatro meses de compensación, el Gobierno solicitó a la Asamblea Legislativa la semana anterior que le autorice utilizar parte de los $800 millones aprobados para emitir títulos valores.

El partido ARENA ha negado sus votos a esa posibilidad, porque advierte que cada vez más se está contrayendo deuda para financiar el gasto corriente.

Zamora recordó ayer que cuando el Ejecutivo presentó el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2012, admitió que tenía los fondos para cubrir el subsidio anual que debía entregar a los transportistas el año anterior y en ese momento se asumió que “estaban listos para cumplir con ese compromiso”.

No haber estimado esos fondos para este año, advirtió el diputado, es reconocer además que el presupuesto de 2013 no se presentó debidamente financiado y que “lo hicieron cuadrar a la fuerza... Ahora quieren tapar el hoyo que ellos mismos ocasionaron”.

El diputado sugirió que el Ejecutivo tiene una salida al emitir LETES por los $10 millones que solicitan los empresarios de buses, quienes en una medición de fuerzas realizaron ya una suspensión del servicio, la cual afectó principalmente en San Salvador.

Para Zamora, en la demanda del Gobierno de reorientación de fondos hay una especie de trampa que busca afectar al partido ARENA.

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