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“Había una medida cautelar que decía ‘alto’, cuando decidieron elegir”

La controversia entre la Sala de lo Contencioso Administrativo y la Sala de lo Constitucional ha continuado y es probable que se profundice. En los próximos días, la Sala de lo Contencioso podría dictaminar a partir de un informe que le devolvió la Asamblea Legislativa. En el informe, ese Órgano del Estado admitió que la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de la generación de 2009 se realizó a pesar de una medida cautelar que le ordenaba abstenerse en la elección.
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“Había una medida cautelar que decía ‘alto’, cuando decidieron elegir”

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Un escenario posible derivado de ese informe es que la Sala de lo Contencioso emita una sentencia que deje sin efecto la elección de los magistrados, pero de nuevo surge la discusión sobre las facultades que tiene esa sala para dar un dictamen en esa dirección.

Mauricio Clará, quien fue magistrado de la CSJ en tres oportunidades y es actualmente consultor de la presidencia de la Asamblea Legislativa, sostuvo ayer que en efecto en aquel momento “había una medida cautelar que decía ‘alto’ y ese ‘alto’ estaba vigente cuando decidieron elegir”.

Durante su participación en la Entrevista en Línea de LA PRENSA GRÁFICA que se transmite en Canal 37, Clará evitó utilizar la palabra destitución, en caso de una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo que plantee una posible ilegalidad en la elección de magistrados 2009.

“No hay destitución, lo que hay es un decaimiento, desmoronamiento, una invalidación, no solo del acto culminante, sino del proceso de elección”, advirtió el abogado al explicar que se debe resolver sobre una legalidad o ilegalidad.

El abogado reconoció que hay puntos de vista distintos sobre el alcance de funciones que posee la Sala de lo Contencioso en la parte administrativa y política. “La función que le corresponde materialmente a la Sala de lo Contencioso es juzgar las controversias que surgen de la administración pública, y la administración pública, según la misma ley de lo contencioso, involucra al Legislativo y al Judicial, siempre que sus actos sean administrativos”.

Y, según Clará, la misma ley ofrece la pauta de que excepcionalmente, como en el caso del Órgano Legislativo, que puede hacer actos administrativos y “no solo de contratos como dicen algunos”.

“La Sala de lo Contencioso ha recibido una demanda y parte de sus funciones es declarar si admite o no la demanda”, sostuvo el profesional del Derecho al considerar además que en el caso particular del nombramiento se plantea “la nulidad absoluta de pleno derecho y esa nulidad de pleno derecho no tiene plazo... (y) equivale a la inexistencia jurídica”.

Llamado a corte plena

Clará, quien acudió a la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) en agosto de 2012 en calidad de apoderado de la Asamblea Legislativa en el caso de las sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional, hizo una recomendación a la CSJ: “La Corte Plena debería reunirse y hacer valer la vigilancia de que se administre pronta y cumplida justicia, evitando interferencias”.

Reiteró entonces que la Sala de lo Contencioso, incluso, “se ha quedado corta” porque el artículo 182 de la Constitución de la República dice que son atribuciones de la CSJ “vigilar que se administre pronta y cumplida justicia, la cual adoptará las medidas que estime necesario”.

Según el jurista, la Sala de lo Constitucional “está entorpeciendo el trabajo de la Sala de lo Contencioso Administrativo”.

“El pecado está reconocido”, dijo Clará en referencia al informe que la Asamblea Legislativa envió a la Sala de lo Contencioso y argumentó que la sala “no puede evadir la competencia porque es materia de orden público”.

Clará insistió en señalar que la Sala de lo Constitucional cometió una “extravagancia” cuando declaró la inaplicabilidad de la admisión del recurso por parte de la Sala de lo Contencioso.

Señaló que lo mismo ocurrió tras la sentencia emitida el año pasado por la Corte Centroamericana de Justicia.

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