“Los mayores violadores del Estado de Derecho son los mismos funcionarios”

Los salvadoreños retomaron ayer sus actividades normales tras las festividades de Navidad y fin de año con la noticia de un incremento parcial en el costo del transporte público de pasajeros, ante la decisión del Ejecutivo de reducir la compensación que mensualmente entrega por cada autobús y microbús.
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La decisión aumentó al mismo tiempo la tensión entre las relaciones de un sector de los empresarios que reclaman un aumento en la compensación, o en su defecto, la autorización oficial de un incremento en el costo del pasaje, y al mismo tiempo la actualización de la entrega del subsidio,

Los empresarios han decidido presentar este jueves un recurso ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que colocaría al ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, en “el centro de la tormenta” debido al atraso en el pago de la compensación que asiste por ley.

Genaro Ramírez, presidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses (AEAS), dijo ayer en la Entrevista en Línea de LA PRENSA GRÁFICA que existe un decreto que “obliga al Ejecutivo” a pagar la compensación y en algunos casos hay empresarios que desde julio no reciben esos fondos.

“Lamentablemente los mayores violadores del Estado de Derecho son los mismos funcionarios”, afirmó el dirigente gremial tras sostener que la Constitución de la República precisa que “ante los ojos de la ley todos somos iguales”.

De acuerdo con el empresario, acudir a la Corte supone “la necesidad de que se haga justicia”. “El sector no tiene que ser juzgado sobre la base de si caemos bien o mal (como lo sostuvo el secretario técnico de la Presidencia, Alexander Segovia)”, puntualizó.

Ramírez reconoció que la decisión de aumento en el costo del pasaje no fue generalizada, en la medida que se adoptó solo por empresarios agrupados en AEAS y dos gremiales más, pero dijo que la reducción en la compensación para buses y microbuses y la negativa a permitirles la actualización del cobro en el pasaje significa un impacto fuerte en la sostenibilidad financiera del empresario.

“Tu servidor debe más de $40,000 en tarjetas de crédito para seguir operando… y si seguimos en esto deberemos guardar las unidades”, señaló Ramírez a modo de ejemplo.

El empresario, que se ha convertido en uno de los principales críticos de la actual administración del transporte público, consideró que eventualmente se les está obligando a cobrar una tarifa por debajo del costo real a pesar de que un estudio de 2005 demostró que el pasaje debería costar entre $0.40 y $0.60.

Azufre y contaminación

Ramírez también defendió al sector que representa de algunos señalamientos que considera injustificados alrededor de los niveles de contaminación provocados por las unidades del transporte público.

Con una copia en mano del estudio técnico del Consorcio Tráfico y Transporte, que sirve de base a la implementación del SITRAMSS que pretende impulsar el Ejecutivo, sostuvo que el problema radica en un tema medular: “El combustible es de mala calidad debido al nivel de azufre”.

“El nivel de azufre en los combustibles a escala local es uno de los principales retos, debido a que actualmente el nivel aprobado es de 5,000 ppm (partes por millón) de azufre para el diésel y 1,000 ppm para la gasolina”, citó el empresario.

Agregó que el informe sugiere que entonces “en el caso del diésel llevarlo al nivel intermedio de 500 ppm implica una mejora del 90% en la calidad del mismo”, pero el tema no se ha abordado en las pasadas y tampoco la presente administración.

“Alba Petróleos no es la excepción, deberían predicar con el ejemplo y traer combustible de calidad”, sentenció el empresario al hacer referencia a la indiferencia gubernamental de entrar a regular sobre el tema.

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