“Queremos que vendan al mismo preciode referencia de C. A.”

La aplicación del reglamento de la Ley de Medicamentos mantiene enfrentados eventualmente a la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM) con la Asociación de Distribuidores de Productos Farmacéuticos (DIPROFA) y la Federación Farmacéutica (FEDEFARMA). La controversia gira de manera particular alrededor del ajuste de precios de algunas medicinas.
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Ayer, durante su participación en la Entrevista en Línea de LA PRENSA GRÁFICA, Eduardo Espinoza, viceministro de Salud, reiteró su preocupación sobre las supuestas declaraciones o acciones de sectores de la industria farmacéutica que anticipan un posible desabastecimiento de ciertas medicinas en el mercado debido a los precios que se han fijado desde la DNM.

“Nos parece un poco fuera de contexto que las empresas agrupadas en FEDEFARMA quieran amenazar con retirarse del país, sencillamente porque queremos que vendan al mismo precio de referencia del área centroamericana”, expuso el funcionario de Salud.

Espinoza consideró oportuno dejar claro que por mucho tiempo las empresas farmacéuticas han realizado en el país métodos “inadecuados de comercialización, que lo que menos tienen es de libre mercado”.

Para llegar a esa conclusión explicó que algunas farmacéuticas “han permeado en la mente de muchos colegas del gremio médico para orientar la prescripción en las farmacias y se han valido de muchos mecanismos reñidos con la ética y la legalidad”, como es la dádiva mediante la entrega de electrodomésticos y hasta de primas para la compra de vehículos.

De acuerdo con Espinoza, en el contexto de esta discusión resulta necesario precisar que quienes hacen las amenazas “están involucrados en toda esa comercialización inadecuada, que lo que menos tiene es de libre mercado”. “Es el caso de DIPROFA que tiene muchos contratos con los distribuidores, que tiene prácticas monopólicas”, comentó el viceministro de Salud.

Espinoza insistió en señalar los efectos positivos de la ley en beneficio de los consumidores o pacientes y para eso citó dos ejemplos: el Atenolol de 50 miligramos (de 30 tabletas) antes costaba $14 y ahora el nuevo precio es de $9.32, y el Enalapril de 5 miligramos (de 30 tabletas) tenía un precio de $16 y ahora es de $6.86.

Recurso de inconstitucionalidad

En octubre del año pasado, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió una demanda contra ocho artículos de la Ley de Medicamentos, que supuestamente violentan la Constitución de la República.

La demanda hace hincapié al hecho de que se coloque a la DNM sobre el Consejo Superior de Salud Pública, que el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) forme parte de esa estructura y se cree así una figura de juez y parte en la aplicación de la ley y que se fijen precios por ley, entre otras cosas.

Espinoza recordó que las compras en el ISSS y el Ministerio de Salud se rigen por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y en todo caso ninguna de las dos instituciones “compra los medicamentos para comercializar, sino para distribuirlos gratuitamente a los usuarios”.

En el caso de la fijación de los precios, dijo Espinoza, se debe entender que la salud está considerada como un derecho de los habitantes de El Salvador y, en consecuencia, está consagrada en la misma Constitución de la República.

“Confío que el dictamen de la CSJ se apegue a derecho y también a una práctica de defensa de los derechos humanos fundamentales, como es el caso del derecho humano a la salud, que es el que más se acerca al más fundamental, que es el derecho a la vida”, dijo el viceministro tras expresar su expectativa de la sentencia. Oficialmente no se ha conocido que la sala vaya a emitir resolución para los próximos días.

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