“Se quiere mantener en secreto un gasto que ha sido importante”

El 17 de enero pasado la Oficina de Asesoría Legal y Anticorrupción (ALAC), del capítulo El Salvador de Transparencia Internacional, requirió de la Asamblea Legislativa la información precisa acerca de los gastos que realizó sobre tres rubros: la compra de obras de arte, regalos navideños y bebidas alcohólicas. La erogación global podría alcanzar los $200,000 y, según ALAC, es un “gasto innecesario debido a las condiciones económicas del país y la población”.
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El miércoles 30 de enero, la oficial de información pública de la Asamblea Legislativa, Cecilia Menjívar, respondió a la petición de ALAC explicando que la información de las compras de obras de arte “contiene datos personales sensibles, como son nombres personales y que, por ende, esa información está clasificada como confidencial”. Menjívar se amparó en el artículo 6 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Además, expuso que “aplican las mismas disposiciones legales” de confidencialidad en el caso de la solicitud de la copia del acuerdo de la junta directiva de la Asamblea para la compra de obsequios de fin de año.

Ayer, durante su participación en la Entrevista en Línea de LA PRENSA GRÁFICA, Roberto Burgos, coordinador de ALAC y firmante de la solicitud ante el parlamento, opinó que los argumentos para negar la información están orientados a restringir el acceso a la información y además que esta es “contradictoria” en la medida que argumentan que es confidencial y luego que los listados son inexistentes porque “ninguna dependencia estatal puede comprar a ciegas”.

“Se quiere mantener en secreto un gasto que ha sido importante y (que) ha causado indignación en la sociedad”, razonó Burgos luego de hacer una recriminación: “En la actual gestión de la Asamblea Legislativa ha habido un retroceso” en materia de acceso a la información, que podría ser aún mayor que durante la presidencia de Ciro Cruz Zepeda.

Burgos recordó que ante la negativa de la Asamblea Legislativa, se recurrió a la intervención del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) para que este a su vez solicitara, por su cuenta, la información que fue negada por el parlamento a la ALAC.

Según el procedimiento, la Asamblea tiene hasta hoy para responder al TEG y confirmar quién autorizó los gastos, la resolución o el acuerdo de la junta directiva y los detalles adicionales que no fueron facilitados a la Oficina de Asesoría.

Sin nombrar comisionados

La Ley de Acceso a la Información Pública entró en vigencia en mayo del año pasado, pero ocho meses después sigue operando sin el nombramiento presidencial de los comisionados del Instituto de Acceso a la Información.

Ante las críticas constantes del grupo gestor o de apoyo integrado por más de una decena de organizaciones de la sociedad civil por ese retraso, el presidente Mauricio Funes ha rechazado que eso implique la ausencia de la aplicación de la normativa o que la misma no funcione en beneficio de la transparencia. De acuerdo con el mandatario, es precisamente durante su gestión cuando más se ha hecho por transparentar el destino de los recursos públicos.

El coordinador de ALAC expresó su desacuerdo con Funes y dio como ejemplo el hecho de que se hayan visto en la necesidad de acudir al TEG ante la respuesta de la Asamblea Legislativa, cuando el procedimiento normal hubiese sido a través del Instituto de Acceso a la Información, que ahora está acéfalo debido a la ausencia de los comisionados.

“Mientras no haya un instituto, este Estado y este Gobierno estarán en deuda… Necesitamos el Instituto de Acceso a la Información porque eso va a poner a prueba la mitad de esta ley”, advirtió Burgos.

Si el camino seguido a través del TEG no funciona, en ALAC estarían dispuestos a presentar un recurso ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

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  • erogasion global
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