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“Se realiza un acto para cumplir una exigencia, una formalidad”

Con 47 votos, la Asamblea Legislativa aprobó el pasado miércoles el dictamen para la elección de los magistrados a la Corte de Cuentas Gregorio Sánchez Trejo, Silvia Aguilar y Javier Bernal, quienes fueron juramentados por el presidente del palacio legislativo, el efemelenista Sigfrido Reyes.
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La votación de Sánchez Trejo contó con el apoyo de todas las fuerzas políticas, pero no ocurrió lo mismo con Aguilar y Bernal, debido a su pasada militancia partidaria en GANA y el FMLN, respectivamente.

Y es que durante la votación ambos funcionarios no contaron con el respaldo de los partidos ARENA y Cambio Democrático (CD), que advertían de una respuesta del Órgano Judicial. De hecho, ayer por la tarde la sala anuló la elección de los tres funcionarios.

Ramón Villalta, director ejecutivo de Iniciativa Social para la Democracia (ISD) –que también integra Aliados para la Democracia–, advirtió que la elección de Aguilar y Bernal significa un intento por “mantener la protección de determinados intereses de grupos económicos y políticos del país” y además pretenden “tener el control de la institucionalidad del Estado”.

El cuestionamiento esencial, explicó Villalta, no es sobre las personas, sino más bien alrededor de las implicaciones de estos en el ejercicio del cargo para el que fueron electos. “Se promueve la opacidad, la corrupción y la impunidad”, porque el funcionario podría “llegar a proteger a personas que en el pasado o el presente, y en el ámbito de la administración de los bienes y recursos del Estado, comete un acto indebido”.

Durante su participación en la Entrevista en Línea de LA PRENSA GRÁFICA, Villalta advirtió que, de acuerdo con el análisis jurídico, se trata de un fraude de ley que trasciende, incluso, al “fraude constitucional”, en tanto que es la Constitución de la República la que está siendo incumplida.

“Se realiza un acto para cumplir con una exigencia, un acto que solo cumple con la formalidad, pero que no necesariamente implica que se elimina el vínculo que ha mantenido la persona con el partido político”, señaló al puntualizar que presentarán un recurso ante la Sala de lo Constitucional por la nueva elección de Aguilar y Bernal.

Villalta dijo que, salvando las distancias, el caso de Aguilar es similar a lo que hizo Sandra Torres, la esposa del expresidente de Guatemala Álvaro Colom, cuando se divorció solo para poder inscribirse como candidata presidencial, pero fue rechazada por la Corte Suprema de ese país.

Aprobación de presupuesto electoral

En la misma sesión plenaria, la última antes de las vacaciones de Semana Santa, los legisladores aprobaron por unanimidad destinar $40 millones para la realización de la elección presidencial del 2 de febrero de 2014.

La decisión superó de esa forma las angustias, porque el atraso del presupuesto terminaría afectando la ejecución del voto en el exterior y el voto residencial.

Villalta calificó de positiva la decisión parlamentaria, pero apuntó su preocupación por el proceso de emisión del Documento Único de Identidad (DUI) en el exterior.

Según el dirigente de la organización de educación cívica, en algunos consulados en Estados Unidos se está programando la entrega del documento, desde este momento hasta el 23 de julio, mientras no se ha cumplido con la apertura de otras oficinas de emisión, y “la posibilidad de aumentar la participación depende de las facilidades que se les ofrezcan a los compatriotas”.

De 20 duicentros ofrecidos en Estados Unidos, solo están operando 12; y de cuatro ofrecidos para Canadá, no tienen ninguno, lamentó Villalta.

La expectativa oficial de participación de los votantes en el exterior se estima en 160,000; sin embargo, Villalta la redujo a 50,000, siendo optimista.

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