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“Si yo fuera el presidente de la República, no lo hago público”

El 14 de febrero pasado, el presidente Mauricio Funes vetó un paquete de modificaciones aprobadas en la Asamblea Legislativa por los partidos FMLN, GANA y CN, que limitaban el papel del Instituto de Acceso a la Información, y puso de esa forma punto final a un capítulo que activó nuevamente fuertes reacciones sociales.
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El subsecretario de Transparencia y Anticorrupción, Marcos Rodríguez, admitió ayer que si el mandatario no hubiera tomado la decisión de vetar las modificaciones “probablemente hubiera renunciado” a ese cargo, en la medida que de alguna manera eso suponía la muerte de la legislación.

En una transmisión integrada de la Entrevista en Línea de LA PRENSA GRÁFICA con el programa de radio “Pencho y Aída”, Rodríguez sostuvo que finalmente el mandatario “tomó la decisión apropiada” al evitar que se consumara la aspiración del bloque de partidos en el parlamento.

Rodríguez, el único funcionario de la administración Funes que tiene una intensa participación e interacción con la población a través de las redes sociales, guardó, sin embargo, un silencio total durante la controversia por las reformas aprobadas y opinó hasta después sobre la decisión del Ejecutivo.

El funcionario justificó su decisión tras argumentar que si hubiera salido a dar posición en ese contexto, hubiera emplazado al presidente y lo hubiera puesto “en una doble dificultad”, puesto que aún estaba en curso el proceso de formación de ley y en el cual el mandatario tenía diferentes opciones.

De acuerdo con el subsecretario de Transparencia, lo que más preocupaba de las tres modificaciones era la relativa al “punto tres que le sacaba la capacidad vinculante al instituto de acceso”, es decir, eliminaba de tajo la facultad de obligar a los oficiales de acceso de las instituciones a entregar cierta información requerida.

Respecto de la extensión que se hacía de las reservas, Rodríguez dijo que era necesario recordar que en comparación a las leyes modelos que se derivan de la Organización de Estados Americanos (OEA), la “salvadoreña es de América la que tiene menos causales de reserva”.

A propósito de la transparencia y el silencio del presidente Funes sobre un préstamo que recibió por $3 millones de un empresario local durante su campaña y el dilema legal, ético o moral que eso supone, Rodríguez hizo un planteamiento: “Si yo fuera el presidente de la República, no lo hago (público el detalle del crédito) hasta que no se transparente el financiamiento de todos los partidos que participaron en la campaña (electoral de 2009)”.

“Hay que tener la honestidad de decir las cosas fuertes para que la gente entienda”, manifestó el funcionario al advertir que cada sociedad genera sus propias reglas; y reflexionó entonces que El Salvador es el país que tiene la menor regulación de los procesos electorales en el continente.

De ahí que ejemplificara la recién aprobada Ley de Partidos Políticos que “es muy débil” y “lamentablemente lo que este país ha podido producir en este momento”.

Comisionado del instituto de acceso

El subsecretario de Transparencia admitió que el presidente Funes ha dilatado más de un año la elección de los cinco comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública, pero confirmó que esa decisión la culminará el gobernante “a más tardar el lunes o martes” de la próxima semana.

En cualquier caso, no dejó de señalar que en México y Chile, el nombramiento de esos funcionarios no pasa por la participación ciudadana y queda a discreción del mandatario. “La ley salvadoreña es la única, de las ciento y pico de leyes, que le da espacio a la sociedad civil para proponer titulares”, precisó Rodríguez al recordar de inmediato que el instituto tiene tres asignaciones: definir las reglas generales de acceso, hacer publicidad y dirimir conflictos.

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