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Héctor Silva Ávalos*Colaborador

Inocente Orlando Montano, chumpa gruesa azul para protegerse del viento y los dos grados que golpeaban el puerto de Boston, ayudado por un bastón negro, salió de la corte Joseph Moakley 10 minutos antes del mediodía por una puerta lateral. Discreto, lejos de la media docena de periodistas que lo esperaba, se escabulló en una todoterreno Nissan crema por el bulevar aledaño. No lo acompañaban buenas noticias: tras una hora y media de audiencia en su contra por fraude migratorio y perjurio, el juez Douglas Woodlock decidió que revisará el pasado del militar y supuestas violaciones a los derechos humanos atribuidas a este, para determinar cuánto tiempo le dará de cárcel.

En esencia, el defensor de Montano tendrá que refutar el testimonio de la experta de la acusación, la profesora de la Universidad de Stanford Terry Lynn Karl, quien ha estudiado el caso jesuitas desde que ocho militares de bajo rango fueron juzgados en El Salvador en 1991 y cuyo testimonio es piedra angular en el caso abierto en la Audiencia Nacional de España por la masacre.

En su escrito, presentado ante la corte de Boston, Karl concluye sobre Montano: 1. Que era uno de los oficiales de más alto rango y con más poder en la Fuerza Armada, parte del “círculo íntimo” militar en una época en que el Ejército estaba involucrado en violaciones flagrantes a los derechos humanos; 2. Que participó, junto con el resto del alto mando, en una conspiración para asesinar a los jesuitas y luego para encubrir la participación del Ejército en la masacre; 3. Que se fue de El Salvador en 2001 para evitar persecución por el caso jesuitas; 4. Que la masacre en la UCA no fue una excepción, sino más bien una constante en el historial de violaciones a los derechos humanos atribuidos a las unidades militares comandadas por él; y 5. Que cuando Montano llegó a Estados Unidos, en este país había iniciado una tendencia de deportar a militares latinoamericanos involucrados en crímenes como este.

La defensa tendrá, además, que contestar a siete cartas presentadas por la acusación, firmadas por víctimas de unidades militares comandadas por Montano, incluido un estadounidense, por dos universidades y por la compañía de Jesús en Estados Unidos.

La audiencia, celebrada ayer, en la que, en principio, Woodlock dictaría sentencia sobre el caso migratorio, sirvió para revisar dos peticiones, una por parte. La acusación, en un escrito presentado el 8 de enero, pedía que la corte aceptara prueba sobre el pasado de Montano y que el juez considerara hasta 51 meses de cárcel para el militar. La defensa, el 14 de enero, a última hora de la tarde, presentó su respuesta en un escrito en que pedía al juez obviar cualquier prueba que no estuviese relacionada con los cargos por los que ya Montano se había declarado culpable: mentir sobre su fecha de entrada a Estados Unidos y negar que perteneció al Ejército salvadoreño para optar al Estatus de Protección Temporal (TPS).

Woodlock, pelo y profuso bigote blanco, dijo que sí le interesaba escuchar sobre el pasado militar de Montano para fijar sentencia, y ofreció al abogado defensor, Óscar Cruz Jr. : “Es algo que me interesa escuchar, ¿cómo quiere responder?”

“Pues lo que necesitaré es tiempo para presentar mi testigo de descargo a lo que ha dicho la experta de la fiscalía... al menos tres semanas”, dijo Cruz Jr. casi al final de la audiencia. A su izquierda, Inocente Orlando Montano, inmutable, escuchaba a través de unos audífonos que alimentaba de español un traductor contratado.

Antes de dar por cerrada la audiencia y convocar de nuevo a las partes para el próximo 1.º de marzo para revisar evidencia, el juez preguntó al fiscal si tenía conocimiento sobre la intención del Gobierno de Estados Unidos de procesar la petición de extradición de Montano a España mientras este cumple su sentencia final en una cárcel de Estados Unidos. El fiscal respondió que no sabía. “Es algo que tomaré en cuenta al dictar sentencia”, dijo Woodlock. Según fuentes cercanas a la acusación, lo que esto significa es que el juez prefiere que Montano cumpla toda su pena por el delito migratorio en Estados Unidos, sin perjuicio de que el proceso de extradición inicie después. Por ahora, la corte de Boston está abierta a escuchar prueba sobre la masacre que cambió el rumbo de la guerra civil en El Salvador.

* El autor es investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos de la American University en Washington, D. C. y miembro del consejo asesor del Center for Democracy In The Americas.

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