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63 muertos y 15 desaparecidos en protestas Nicaragua, según Comisión de Derechos Humanos

La Comisión Permanente de Derechos Humanos informó que 63 personas murieron y hay al menos 15 desaparecidos por las protestas que estallaron tras una reforma al Seguro Social en Nicaragua.

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Una joven llora durante una marcha para exigir la liberación de jóvenes detenidos en las protesta de la semana pasada en Managua (Nicaragua). EFE/Jorge Torres

Una joven llora durante una marcha para exigir la liberación de jóvenes detenidos en las protesta de la semana pasada en Managua (Nicaragua). EFE/Jorge Torres

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Al menos 63 personas murieron y 15 se encuentran desaparecidas, en su mayoría jóvenes, en el marco de las protestas de las últimas semanas en Nicaragua, informó hoy la no gubernamental Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

Marcos Carmona, asesor legal de la CPDH, dio a conocer en rueda de prensa la última cifra de fallecidos confirmados por esa organización, en tanto investigan si en los hospitales del país aún hay personas fallecidas no identificadas.

Manifestantes sostienen la fotografía de uno de los fallecidos en las protestas en Nicaragua. AP/Alfredo Zuniga

La cifra sextuplica el número de muertes informadas por el Gobierno de Nicaragua, que no actualiza los datos desde la semana pasada, cuando se refirió a un total de diez muertos.

Carmona agregó que además de los 63 muertos, "hay nueve personas hospitalizadas y en cuidados intensivos". Estas resultaron heridas durante "la masacre cometida por esta Policía criminal", afirmó.

Indicó que su ONG cree que todavía hay "muchos detenidos en el Sistema Penitenciario" y que algunos están siendo trasladados a penales del interior del país. La Policía informó hace dos días que había liberado a todos los jóvenes arrestados.

Fotografías de las personas muertas durante las protestas de la última semana son expuestas en la rotonda del Cristo durante una marcha en Managua (Nicaragua). EFE/Jorge Torres

El directivo de la CPDH se presentó acompañado por jóvenes que estuvieron detenidos por la Policía, algunos visiblemente golpeados y lastimados, y por madres que mostraron fotos de sus hijos fallecidos en los disturbios.

La ministra de Salud, Sonia Castro, aseguró que en los hospitales públicos ya no hay cadáveres de fallecidos durante o después de las protestas.

En tanto, el cardenal Leopoldo Brenes, presidente de la Conferencia Episcopal, dijo que él y otros cuatro obispos serán los mediadores y testigos en un diálogo ofrecido por el presidente Daniel Ortega, cuyos participantes y fecha de inicio no han sido divulgados.

AP/Alfredo Zuniga

Brenes dijo que la comisión mediadora de la Iglesia estará conformada por él y por los obispos Silvio Báez (auxiliar de Managua), Rolando Alvarez (Matagalpa), Bosco Vivas (León) y Jorge Solórzano (Granada).

De los cinco religiosos, Brenes y Vivas tienen posiciones muy cercanas al Gobierno, mientras que los restantes han sido críticos de la gestión de Ortega, especialmente el obispo Báez.

Brenes reveló que los obispos condicionaron su participación al cese de la violencia y el respeto a la vida y a la propiedad. Aunque admitió que esas condiciones no están dadas "al 100 por ciento, hay que iniciar para que no existan más heridos, más muertos, más violencia".

Destacó que los obispos recibirán "propuestas de la población" para ser planteadas en el diálogo, al que ya aceptaron asistir los líderes de las protestas estudiantiles agrupados en el Movimiento 19 de Abril (M19A) si el Gobierno les garantiza su seguridad, según anunciaron la víspera.

Mientras, líderes de la Unión Nacional de Estudiantes (UNEN, oficialista), acusaron hoy al opositor Movimiento Renovador Sandinista (MRS) de estar "manejando las protestas y tener secuestradas las universidades".

"El pueblo de Nicaragua debe exigir que se abran los portones (de las universidades) porque queremos volver a clases", dijo en rueda de prensa Luis Andino, presidente de la UNEN.

Las protestas estallaron tras una reforma al Seguro Social, revocada posteriormente por Ortega, y se extendieron a 14 ciudades del país a raiz de la violenta respuesta de la Policía y grupos de choque del Gobierno contra los estudiantes.

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