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A 10 años de la masacre de Tamaulipas

El Estado salvadoreño debería exigir por la vía diplomática, que las investigaciones avancen para lograr justicia, según ONG.

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Compatriotas. Entre las 72 víctimas de la masacre habían 14 salvadoreños; entre ellos, menores de edad.

Compatriotas. Entre las 72 víctimas de la masacre habían 14 salvadoreños; entre ellos, menores de edad.

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Claudia Interiano,  coordinadora Regional del Área Transnacional (Guatemala, Honduras y El Salvador) de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, manifestó que a 10 años de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, México, en el que fallecieron 14 salvadoreños, no existe verdad ni justicia.

"Aunque han habido avances en las diligencias realizadas en México, esas investigaciones no han sido profundas. A la fecha, existen familiares (de las víctimas) en Honduras, Guatemala y El Salvador, y en Brasil, que aún esperan por conocer los hechos reales sucedidos en esa masacre: quiénes fueron los autores e incluso cuáles han sido las complicidades de las autoridades, y las respuestas del gobierno mexicano", externó Interiano.

La masacre, que consternó al mundo en 2010, dejó en evidencia el tráfico de personas y la inminente inmigración que tiene como causales la violencia y la falta de oportunidades para cientos de salvadoreños que buscan el sueño americano, quienes en su paso por México deben enfrentar casos como el ocurrido.

Después de una década, considera que tanto el gobierno de México tiene deudas en este tema como los demás países de procedencia de las víctimas (incluidas menores de edad), porque no han asumido un papel preponderante.

"Si bien es cierto que la responsabilidad es del gobierno mexicano, por el territorio donde ocurrió la masacre, también los países de origen tienen una responsabilidad, y es la de exigir por sus ciudadanos, exigir para que esas investigaciones se cumplan, es la de hacer acuerdos migratorios, en ese sentido, para la investigación y para la reparación. Vemos que este gobierno (el de Nayib Bukele) es el que menos interés tiene", agregó.

En un rancho de San Fernando, Tamaulipas, fueron encontrados los cadáveres de 58 hombres y 14 mujeres. Estas personas fueron ejecutadas por miembros del cartel del narcotráfico Los Zetas, tras negarse a trabajar para ellos.

De los 14 salvadoreños, la mayoría eran originarios del oriente del país.

Entre las víctimas salvadoreñas estaban los adolescentes Yeymi Victoria Castro y Wilmer Antonio Velásquez, ambos de 15 años. A estos casos, el Estado salvadoreño no dio seguimiento. De acuerdo con Interiano, sus familias nunca fueron respaldadas tras lo ocurrido, aunque recuerda que sí realizaron gestiones para la repatriación desde México.

Sí destacó la atención y acompañamiento brindado por parte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH)y otros actores sociales.

Insistió que como Fundación para la Justicia están pidiendo la conformación de una comisión especial de expertos

para la investigación de la masacre, y que se restituyan las medidas de atención a las familias que viven en Honduras, Guatemala y El Salvador.

En el territorio, instó a las autoridades de El Salvador a incorporar entre sus gestiones diplomáticas con México la pronta justicia tras la masacre de los 14 compatriotas.

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