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A prisión 28 acusados de corrupción en Guatemala

Los imputados son exfuncionarios y empresarios guatemaltecos ligados a la red de corrupción que lideraban el expresidente Otto Pérez y su vicepresidenta Roxana Baldetti.
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Audiencia.  Un juez guatemalteco decidió enviar a prisión a 28 personas ligadas a la red de corrupción que operaba desde el Gobierno; 21 más recibieron arresto domiciliar.

Audiencia. Un juez guatemalteco decidió enviar a prisión a 28 personas ligadas a la red de corrupción que operaba desde el Gobierno; 21 más recibieron arresto domiciliar.

A prisión 28 acusados de corrupción en Guatemala

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El juez Miguel Ángel Gálvez resolvió ayer enviar a prisión preventiva a 28 exfuncionarios, contratistas, banqueros y empresarios procesados por el caso de un millonario saqueo al Estado sucedido entre 2012 y 2015, durante el gobierno de Otto Pérez Molina, también bajo arresto.

La Fiscalía guatemalteca ha acusado al expresidente Pérez Molina, de 65 años, y a su exvicepresidenta Roxana Baldetti, de 54, de integrar una estructura criminal junto con los procesados para cometer hechos de corrupción. El juez no dictó prisión por estos nuevos cargos contra los exmandatarios, que han rechazado todas las acusaciones, debido a que ambos ya guardan prisión por otros cargos relacionados.

Entre los exfuncionarios que irán a prisión preventiva están Manuel López y Ulises Anzueto, exministros de Defensa Nacional; Mauricio López Bonilla, exministro de Gobernación guatemalteco; y Dwight Pezzarossi, exministro de Cultura y Deportes.

Según la Fiscalía, los exfuncionarios hicieron regalos onerosos a los exmandatarios con dinero del erario nacional.

También el banquero Adolfo Fernando Peña, expresidente del Banco de Desarrollo Rural, quedó en prisión preventiva.

La Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo de Naciones Unidas para desarticular aparatos clandestinos incrustados en el Estado guatemalteco, acusan al expresidente Pérez Molina de ser jefe de la organización criminal.

La semana pasada el juez decidió procesar a 53 guatemaltecos por delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y activo, lavado de dinero y financiación electoral ilícita. En el fallo emitido ayer, Gálvez dictó medidas sustitutivas (arresto domiciliar) para otros 21 implicados en la trama de corrupción denominada Cooptación del Estado, que fue ejecutada entre contratistas del Estado y financistas del Partido Patriota (PP) que llevó al poder a Pérez Molina en 2012.

La audiencia de primera declaración de este caso comenzó el pasado 13 de junio y el juez celebró al menos 32 diligencias, primero para escuchar las acusaciones del Ministerio Público (MP) y luego los argumentos de la defensa.

Gálvez todavía tiene que resolver cuánto tiempo da a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) para que concluya la investigación de este caso, aunque por lo regular da tres meses.

Según el periódico guatemalteco Prensa Libre, Gálvez inició la audiencia anunciando que existen escuchas telefónicas que demuestran cómo abogados hablan sobre un arreglo para que sus defendidos obtengan libertad condicional.

De acuerdo con la Fiscalía, Pérez Molina presuntamente habría recibido 290 millones de quetzales, unos $37.9 millones, en comisiones de parte de empresas constructoras de obras públicas a cambio de la adjudicación de contratos.

También lo ha acusado de supuestamente recibir un helicóptero, un vehículo Jaguar y un avión, entre otras cosas, como regalo de varios exministros de su gobierno comprados con dinero que habría salido del erario público.

El juez explicó que, según los documentos presentados, las negociaciones de los “regalos” hechos a Pérez Molina se hacían antes de cada cumpleaños del expresidente.

“En su declaración, los pilotos de los helicópteros contaron que en las aeronaves se metían botellas de champán y chocolates” para el agasajado, dijo Gálvez días atrás al ordenar a la Fiscalía investigar los cargos.

Las autoridades también han acusado a Pérez Molina y Baldetti de supuesta defraudación al Estado en el caso denominado La Línea, por el que habrían recibido sobornos de empresarios para ayudarlos a evadir impuestos. También están implicados en el caso denominado TCQ, por haber firmado un contrato para la construcción y ampliación de una terminal portuaria, por el cual habrían negociado una comisión de $30 millones.

Pérez Molina renunció el 2 de septiembre de 2015 a su cargo.

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